Autor: Javier González de Durana

/ Javier González de Durana /

A Paco Cepeda.

El análisis del patrimonio histórico-artístico de Getxo se encuentra en una encrucijada: el falso debate entre protección y urbanismo sirve para enmascarar decisiones de carácter económico. Al plantearse la conservación del legado arquitectónico como un obstáculo para el desarrollo se incurre en una falacia que ignora que la identidad y el valor diferencial de un municipio como Getxo residen, precisamente, en su arquitectura. La aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, con su ambiciosa proyección de 4.000 nuevas viviendas en los próximos años, evidencia una jerarquía de prioridades en la que el suelo se entiende como un recurso a explotar, no como territorio de memoria colectiva. Esta tensión se manifiesta en la alarmante desatención a las advertencias de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, cuyo informe técnico actúa como un acta de acusación contra la laxitud municipal (véase dicho informe aquí: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/copu_pleno_2024/eu_def/adjuntos/Bilkura%206/2HI-049-24-P03-GETXO.pdf)

La omisión de bienes con protección autonómica en el catálogo local, como el Puerto de Arriluce, la Estación de Salvamento y el Hotel Igeretxe, entre otros, revela una preocupante falta de coherencia institucional. No es un simple olvido administrativo, es una estrategia que diluye la responsabilidad de vigilancia, dejando edificios emblemáticos, como el molino de Aixerrota, Casino Algorteño o la casa Dilizena, en una situación de vulnerabilidad. Esta «desafección» se hace especialmente dolorosa en el ámbito rural, donde caseríos centenarios como Tosu, Perune, Iturriane o Martiturri son tratados como piezas prescindibles en el tablero inmobiliario. Al retirarles la protección, el Ayuntamiento borra piedras y vigas, pero sobre todo elimina el rastro del pasado agrario de Getxo, uniformizando el paisaje urbano en favor de una estética de «lujo», genérica y deslocalizada.

El argumento municipal traslada la responsabilidad de la protección al Gobierno Vasco, al tiempo que se defiende la «necesidad» del crecimiento residencial, pero ese traslado es una elusión de competencias que ignora el principio de subsidiariedad. El urbanismo moderno no debe ser un juego de suma cero en el que para construir vivienda nueva sea necesario demoler hitos como Irurak Bat o Villa Amparo. La destrucción de estas villas para dar paso a bloques de viviendas de mercado libre responde a una maximización del beneficio privado en las zonas más cotizadas del municipio, en absoluto a una necesidad social acuciante de vivienda pública. Esta práctica subvierte la función social de la propiedad y del urbanismo, convirtiendo la ordenación del territorio en una herramienta de gentrificación y pérdida de singularidad.

La sostenibilidad de la que hace gala la planificación actual carece de base si no contempla la sostenibilidad cultural. Un Getxo sin sus caseríos, sin sus casas solariegas y con un patrimonio mermado por intervenciones agresivas perderá el atractivo que precisamente lo hace deseable. La verdadera planificación sostenible es aquella que integra el tejido histórico en el nuevo desarrollo, rehabilitando en lugar de demoliendo y entendiendo que el patrimonio es un activo económico y social irreemplazable, no una carga estética. El actual PGOU, lejos de ser un modelo de equilibrio, parece una capitulación ante la presión inmobiliaria que, de no corregirse, transmitirá a las futuras generaciones una ciudad clónica despojada de su alma histórica.

El vigente PGOU de Getxo es un documento técnico carente de neutralidad, un instrumento jurídico que, al establecer esa proyección de más de 4.000 viviendas, ejerce una presión de edificabilidad insostenible sobre el suelo urbano consolidado, incentivando la sustitución de villas y caseríos por bloques de alta densidad. Y el catálogo de bienes protegidos por el PGOU actúa como el brazo ejecutor de esta visión. Ignorar deliberadamente las advertencias del Gobierno Vasco y la Diputación no es un error administrativo, es la decisión estratégica que permite la demolición de inmuebles emblemáticos para maximizar el aprovechamiento económico de las parcelas.

Esta conexión se hace evidente al observar cómo el PGOU facilita operaciones inmobiliarias lucrativas en manos de grandes entidades mientras condena al régimen de «fuera de ordenación» a familias de entornos rurales como Andra Mari y Salsidualde. Mientras el plan garantiza seguridad jurídica y beneficios extraordinarios para la reconversión de oficinas en viviendas de lujo, utiliza la normativa para desahuciar simbólica y físicamente a los poseedores del patrimonio tradicional, bajo el pretexto de una modernización que no admite la convivencia con el pasado agrario. Al no integrar las estructuras históricas en el nuevo desarrollo y permitir la pérdida de referentes como el caserío Tosu o el patio de la escuela Zabala, el PGOU redefine la naturaleza social de Getxo, desplazando su memoria colectiva para sustituirla por un modelo de ciudad, cuya legalidad técnica camufla una evidente quiebra del compromiso con la herencia cultural vasca.

Aunque proyecta una imagen de orden y progreso, el PGOU de Getxo plantea serias dudas y debe leerse con profunda cautela. Existe el riesgo real de que su idea de «protección» patrimonial no sea más que una museificación de la fachada mientras el tejido social desaparece, alejando al vecino de Algorta de sus espacios de toda la vida y convirtiendo hitos históricos en meros productos de consumo hostelero.

En cuanto al Puerto de Arriluce, la desconfianza es aún mayor debido al impacto paisajístico. A pesar de las promesas de limitar la altura del futuro hotel para no eclipsar la Estación de Salvamento, la transformación de un espacio público náutico en un complejo comercial masivo podría generar un «efecto barrera» que privatice visualmente la costa. Esta expansión, sumada a la inversión de 21 millones de euros, parece priorizar la rentabilidad de la concesionaria sobre la integración armónica con el paseo de Ereaga, dejando en el aire si el puerto seguirá siendo un lugar de paseo vecinal o un enclave exclusivo para cruceristas y grandes fortunas.

Por último, en Andra Mari, con los caseríos Tosu, Goienetxe, Dendariena, Martiturri y otros varios, es donde el balance urbanístico se vuelve más sombrío. La reserva aquí es ética: el Ayuntamiento parece haber aceptado una política de hechos consumados donde el entorno rural queda estrangulado por infraestructuras, perdiendo su sentido como pulmón agrícola. Así ha venido a suceder con el caserío Maidagan, protegido, el cual ha quedado constreñido por la urbanización a su alrededor. Al mismo tiempo, la «salvación» de caseríos como Martiturri mediante su división en pisos de lujo es un arma de doble filo; se preserva el cascarón de piedra, pero se destruye la tipología de vivienda unifamiliar histórica. Al final, el riesgo es que Getxo termine siendo un escenario estéticamente impecable, pero socialmente vacío y en el que la identidad local sea sustituida por un estándar urbanístico de aparente e impersonal lujo.

/ Javier González de Durana /

La nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Bilbao no es, como podría parecer a primera vista, un mero instrumento técnico para ordenar el espacio público. Es, en realidad, una declaración implícita de modelo de ciudad y en ese modelo lo que se vislumbra es una preocupante renuncia a gobernar su complejidad, renunciando a una gestión equilibrada de los usos urbanos.

El texto parte de una premisa que resulta cómoda, pero profundamente equivocada: tratar como homogénea una ciudad que es, por definición, diversa, compleja. Aplicar los mismos criterios a barrios con realidades tan distintas como Otxarkoaga o el Casco Viejo no simplifica la gestión, la empobrece. Allí donde haría falta un enfoque fino, sensible a la presión hostelera, a la intensidad peatonal o al historial de conflictos vecinales, la ordenanza opta por una especie de automatismo normativo. Y los automatismos, en el espacio urbano, nunca son neutrales: tienden a favorecer al actor más expansivo. En este caso, a la hostelería.

Pero el problema va más allá de la falta de matices. La ordenanza introduce, de hecho, un cambio silencioso en la concepción del espacio público. Ya no se entiende como un bien común que debe preservarse en su funcionalidad colectiva, sino como una suma de ocupaciones privadas legalmente fragmentadas. Cada terraza puede cumplir con los requisitos establecidos, pero el resultado una vez sumadas todas las partes es otro: calles convertidas en pasillos estrechos, itinerarios interrumpidos y tramos enteros colonizados por mobiliario. No hay infracción en cada caso individual, pero sí una pérdida evidente en el conjunto. Es una nueva privatización del espacio público, ejecutada no al margen de la norma, sino a través de ella.

Las consecuencias de este enfoque se vuelven especialmente graves cuando afectan a la accesibilidad. La decisión de regularizar barras exteriores y repisas en fachada no es una cuestión menor ni anecdótica. Para muchas personas con discapacidad visual, la fachada constituye una guía esencial de orientación; su ocupación introduce obstáculos imprevisibles que comprometen la autonomía y la seguridad. No se trata, por tanto, de una incomodidad, sino de una posible vulneración del principio de accesibilidad universal. A ello se suma un efecto igualmente preocupante: el fomento del consumo de pie, que no sólo ocupa espacio, sino que amplifica el ruido de forma difusa y constante, deteriorando la calidad de vida en el entorno.

Tampoco convence la lógica con la que se abordan las dimensiones del espacio peatonal. Establecer distancias fijas puede funcionar sobre el plano, pero ignora cómo se comporta realmente la ciudad. En calles de alta afluencia, lo determinante no es la anchura teórica, sino la capacidad de absorber flujos diversos sin generar conflicto. Cuando ese equilibrio se rompe, el derecho a transitar deja de ser efectivo y se convierte en una experiencia de fricción permanente. Y, como suele ocurrir, no todos lo sufren por igual: las personas mayores, quienes se desplazan con niños o quienes tienen movilidad reducida son los primeros en verse desplazados de hecho.

Hay, además, un elemento de fondo que debería encender todas las alarmas. Al legalizar prácticas que hasta ahora carecían de cobertura normativa, el Ayuntamiento establece un precedente peligroso: ocupar primero, regular después. Este tipo de decisiones no solo debilita la autoridad de la norma, sino que introduce un incentivo perverso que premia al infractor estratégico, no a quien ha cumplido las reglas. La ordenanza, en este sentido, no corrige dinámicas problemáticas, sino que las consolida.

Todo ello se agrava ante una pregunta incómoda pero inevitable: ¿quién va a hacer cumplir esta norma? Sin un sistema de inspección eficaz, cualquier regulación queda reducida a una declaración de intenciones. La distancia entre el texto y la realidad puede volverse abismal, y la ordenanza terminaría funcionando más como un mecanismo de legitimación que como una herramienta de ordenación.

En última instancia, el debate sobre las terrazas es el debate sobre el tipo de ciudad que Bilbao quiere ser. La hostelería forma parte esencial de su identidad y de su economía, pero su expansión sin límites claros puede derivar en un monocultivo urbano que empobrece la diversidad comercial, tensiona la convivencia y reduce el espacio disponible para la vida cotidiana. Gobernar una ciudad implica equilibrar intereses, no alinearse sistemáticamente con el más fuerte.

En calles como Ledesma, Diputación, Colón de Larreátegui, Astarloa, Heros, en el Ensanche, y en gran parte de las del Casco Viejo, la percepción vecinal tiende a coincidir en un diagnóstico claro: la saturación de terrazas ha superado el umbral de convivencia razonable y la nueva ordenanza no sólo no corrige esa situación, sino que la consolida. Muchos residentes describen un deterioro progresivo del espacio público, donde el tránsito se vuelve incómodo y el descanso difícil, especialmente en horas punta y fines de semana, y sienten que sus quejas han sido sistemáticamente ignoradas frente al peso económico de la hostelería.

La sensación predominante no es tanto de rechazo a la actividad hostelera en sí, sino al desequilibrio: perciben que el Ayuntamiento ha priorizado la explotación intensiva del espacio urbano frente al derecho a vivirlo, generando frustración y una creciente desafección hacia una regulación que consideran ajena a su experiencia cotidiana. La avalancha de alegaciones de las asociaciones vecinales no es un mero trámite administrativo, sino un acto de legítima defensa.

Bilbao por fin respira paz, básicamente porque ya no queda sitio para que respiren las personas. Gracias a esta joya de la ordenanza urbanística, el derecho a caminar ha sido felizmente sustituido por el deber de rendir pleitesía a sombrillas milimétricas y sillas con pedigrí. Es el triunfo absoluto de la forma sobre el sentido común: hemos sacrificado la calle en el altar de la normativa para que, aunque no puedas ni mover los brazos, lo hagas con la tranquilidad de estar a la distancia reglamentaria de un toldo. ¡Bravo!

/ Javier González de Durana /

La historia económica demuestra que ningún ciclo es eterno. Como dijo el filósofo: todo lo sólido se desvanece en el aire. Lo que ocurrió con la minería del hierro, la industria siderúrgica o la construcción naval se repetirá —con nuevas formas— en el turismo. Aquellos fenómenos tuvieron su aspecto más positivo en la riqueza económica producida mientras dieron trabajo a miles de personas. Su desaparición proporcionó primero desventajas (la más grave, el paro laboral), pero después también algunos beneficios inesperados. Asi, la minería destrozó montes y valles que hoy, convertidos en parques y paseos, son lugares de gran singularidad además de memoria paisajística tangible. La siderurgia cubrió los suelos de escoria y los subsuelos de contaminación, pero al desaparecer de áreas centrales o próximas a la ciudad está permitiendo un crecimiento urbano que antes permanecía estrangulado. El cierre de los astilleros clausuró la idiosincrásica y secular etapa naval, pero ha hecho posible la recuperación de las riberas del Nervión para disfrute de la ciudadanía.

En su actual fase de auge, la industria turística se percibe con una fortaleza inagotable que, además, se subvenciona; ayer mismo, 26 de abril domingo, se publicó la noticia de que el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco «dotará con hasta 18.000 euros la creación de nuevos negocios turísticos y concederá hasta 15.000 en ayudas a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas». En su declive, este sector económico dejará al descubierto transformaciones profundas que no habrán desaparecido al mismo ritmo que los flujos de visitantes. Bilbao quedará como una ciudad estructuralmente alterada.

El cambio más persistente se encontrará en la propiedad inmobiliaria. La transferencia de edificios completos hacia fondos de inversión y grandes tenedores habrá desarticulado el vínculo entre vivienda y comunidad local, dejando un centro urbano con «propietarios fantasma». Aunque el final del turismo liberará parte del parque residencial, muchas de esas viviendas habrán sido físicamente adaptadas para la explotación intensiva, con subdivisiones y configuraciones poco aptas para el uso familiar; su complicada reconversión funcional en hogares dignos sólo será posible con fortísimas inversiones económicas. Esto implicará que la esperada bajada de precios será desigual y limitada, dando lugar a un mercado dual entre viviendas recuperables y otras degradadas. Además, la hipotética permanencia en Bilbao de esos grandes propietarios sugiere que el acceso a la vivienda seguiría mediado por lógicas financieras globales, no por necesidades sociales locales.

Desde el punto de vista urbanístico, Bilbao afrontará las consecuencias de haber sido rediseñada como una ciudad-escenario con una infraestructura sobredimensionada para su población real. La ciudad comprobará que, desaparecidos los flujos de visitantes, los costes de mantenimiento se habrán convertido en una carga fiscal insoportable para una población local más reducida que ya no contará con los ingresos del turismo para sufragarlos. Espacios amplios, materiales costosos y una planificación orientada al tránsito y la contemplación generan un modelo urbano con altos costes de mantenimiento. Se abrirá un dilema entre el deterioro progresivo del espacio público o el incremento de la presión fiscal. Revertir esa lógica requerirá tiempo, inversión y un cambio cultural profundo.

El tejido comercial constituirá otra de las fracturas más difíciles de recomponer. La sustitución del comercio de proximidad por negocios orientados al consumo efímero habrá destruido redes económicas completas. Cuando desaparecen ferreterías, ultramarinos o talleres, no sólo se pierde oferta, sino también conocimiento, proveedores y relaciones de confianza. La ciudad post-turística heredará locales vacíos diseñados para el consumo banal, situados en calles donde la red de servicios básicos habrá sido desmantelada. Esta «desertificación de lo cotidiano» obligará a los residentes a desplazamientos más largos para cubrir necesidades básicas, consolidando un modelo de ciudad segregada donde el centro quedará como un cascarón arquitectónico de lujo pero funcionalmente inútil para la vida diaria. La recuperación no será automática.

En el plano residencial, la desaparición del turismo abrirá una oportunidad condicionada. Parte de las viviendas volverá al mercado de alquiler de larga duración, lo que podría facilitar el retorno de población joven a zonas centrales como Abando o el Casco Viejo. Las infraestructuras hoteleras de lujo, por su parte, ofrecerán una estructura ideal para su reconversión en viviendas dotacionales o residencias de mayores, optimizando edificios de alta calidad constructiva para resolver necesidades sociales urgentes que el mercado turístico mantenía bloqueadas. Sin embargo, este proceso dependerá en gran medida de la intervención pública. Sin regulación, existirá el riesgo de que el mercado simplemente sustituya al turista por otros perfiles de similar poder adquisitivo, manteniendo la exclusión residencial. La re-ocupación del centro, por tanto, no estará garantizada, sino que será un escenario posible sólo bajo el ejercicio de determinadas políticas.

Los grandes iconos urbanos no desaparecerán, pero deberán redefinir su papel. Infraestructuras como Guggenheim Bilbao Museoa o el Palacio Euskalduna podrían evolucionar hacia usos más vinculados al conocimiento, la investigación o la innovación; también podrían ponerse en manos privadas, como ya ha sucedido con la parte de la Alhóndiga cedida a La Caixa. Esta transición, sin embargo, requerirá planificación estratégica y una integración real con el tejido económico local. De no producirse, estos espacios correrán el riesgo de convertirse en infraestructuras sobredimensionadas y parcialmente infrautilizadas.

El declive del turismo también reconfigurará la relación entre el centro y la periferia. Zonas como Zorrozaurre podrían redefinirse desde modelos orientados a la atracción global hacia comunidades más autosuficientes y habitables. En la periferia y los barrios altos, el fin de la inversión en promoción exterior permitirá conducir fondos hacia su rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad. Al mismo tiempo, el Nervión podría recuperar funciones ecológicas y logísticas, reduciendo su papel como elemento escénico. Este proceso abrirá una oportunidad para re-equilibrar la ciudad, aunque también existirá el riesgo de consolidar desigualdades si la inversión no se redistribuye de forma efectiva.

En conjunto, el Bilbao post-turístico será una ciudad en transición (¿cuándo no lo ha sido?), atravesada por tensiones entre el legado de su transformación reciente y la necesidad de redefinir su modelo. Afrontará riesgos claros —infraestructura sobredimensionada, mercado inmobiliario distorsionado, vacíos comerciales y presión fiscal—, pero también oportunidades reales para mejorar la habitabilidad, recuperar funciones urbanas básicas y reorientar su economía. El resultado final dependerá de la capacidad institucional y social para gestionar las consecuencias del declive turístico y construir un nuevo equilibrio urbano.

Ese día llegará; vendrá provocado por una profunda crisis energética, una larga y letal pandemia, un colapso en las redes de transporte o un radical cambio en los usos y costumbres a causa de algo que ahora nos resulta inimaginable. En la medida que estemos prevenidos y lo tengamos previsto, el impacto podrá ser amortiguado. Vamos, supongo…

/ Javier González de Durana /

Durante gran parte del siglo XX, la vivienda se consolidó como un pilar fundamental para la estabilidad del individuo y la familia, no sólo como construcción física, sino como la base material sobre la que se construía la ciudadanía. En ese periodo, el Estado desempeñaba un papel activo y corrector, interviniendo en el mercado mediante la regulación del crédito y la promoción directa de vivienda pública para garantizar que el acceso al hogar no dependiera exclusivamente de la fortuna personal. 

Sin embargo, a partir de la década de los años ochenta, el avance de la liberalización económica y financiera alteró profundamente esta idea. La vivienda comenzó a perder su blindaje como bien social básico para integrarse plenamente en las lógicas de un mercado globalizado, un proceso que ha ido transformando la arquitectura de nuestras ciudades y la propia naturaleza de la propiedad.

Este cambio ha tenido consecuencias fundamentales, ya que el inmueble ha dejado de percibirse únicamente como un refugio donde vivir para convertirse en un activo financiero de alta rentabilidad. En un entorno de inseguridad económica y bajos rendimientos en sectores tradicionales, los grandes fondos de inversión han identificado en el ladrillo un «valor refugio» seguro y lucrativo. 

Esta entrada masiva de capital corporativo, privado, ha alterado las reglas del juego: el ciudadano que busca un hogar ya no compite con otros vecinos en igualdad de condiciones, sino con actores globales que poseen una capacidad económica inalcanzable. La lógica de estos inversores no responde a la necesidad habitacional, sino a la maximización de beneficios, lo que a menudo implica la compra de grandes carteras inmobiliarias para presionar los precios al alza, priorizando el rendimiento del capital sobre la estabilidad de los inquilinos.

La concentración de la propiedad en manos de unos pocos, alimentada por años de tipos de interés históricamente bajos que incentivaron la inversión y la especulación frente al ahorro y la producción, ha generado un mercado cada vez más excluyente. El problema de la falta de vivienda accesible no se explica solo porque se haya construido poca, sino por la gestión ineficiente de lo que ya existe. Muchas propiedades se retiran del mercado residencial para destinarse al alquiler turístico de corto plazo, se mantienen vacías como activos de reserva o se rehabilitan como productos de lujo. Esta dinámica crea una paradoja dolorosa: existen casas sin gente mientras hay gente sin casas, simplemente porque el parque inmobiliario disponible ya no está diseñado para ser habitado por la población local, sino para ser intercambiado como una mercancía financiera más.

Lo que está en juego en nuestras ciudades es un conflicto ético y político entre dos visiones irreconciliables: la vivienda como un derecho humano que garantiza la dignidad o la vivienda como un instrumento financiero para la acumulación de capital. Mientras prevalezca esta segunda visión, la brecha entre el valor económico de los inmuebles y su función social seguirá creciendo, comprometiendo el bienestar de la ciudadanía y la salud democrática de la sociedad.

En el caso específico de Bilbao, esta transición global se manifiesta con matices propios que combinan su pasado industrial con una compleja regeneración urbana. Tras la crisis de la industria pesada, la ciudad emprendió una transformación que la situó en el mapa internacional, pero este mismo éxito la ha convertido en un polo de atracción para el capital inversor. No solo llegaron turismo y museos, también se revalorizó el suelo de forma drástica, provocando que barrios históricamente populares se enfrenten hoy a procesos de gentrificación donde el precio del metro cuadrado ha escalado por encima de la capacidad adquisitiva de los residentes locales.

La geografía de Bilbao, limitada por su relieve de montes y el curso de la ría, impone una escasez natural de suelo que agrava la tensión entre la oferta y la demanda. Al no poder expandirse de forma sencilla, la presión se concentra en el parque edificado existente, donde se observa una competencia creciente entre el uso residencial de larga duración y la proliferación de pisos turísticos, especialmente en zonas estratégicas como Abando o el Casco Viejo. 

A pesar de que las instituciones vascas han sido pioneras en implementar leyes que reconocen el derecho subjetivo a la vivienda y han mantenido un esfuerzo notable en la promoción de alquiler protegido, la realidad del mercado bilbaíno sigue mostrando una brecha preocupante. Bilbao se enfrenta al reto de mantener su identidad y vitalidad social sin que sus barrios se conviertan en escaparates de lujo o residencias temporales para visitantes, buscando un equilibrio urgente entre el desarrollo económico que proyecta al exterior y la necesidad de ser, ante todo, un lugar habitable para quienes la sostienen día a día.

En los últimos cinco años, la presencia de capital financiero en Bilbao se ha materializado sobre todo en la adquisición de activos completos —edificios o promociones enteras— en tres grandes segmentos: hoteles, residencial en alquiler y oficinas “prime”. Uno de los casos más claros de compra y transformación de un edificio completo es el del antiguo inmueble bancario de la Gran Vía, hoy convertido en el hotel Radisson Collection, adquirido por capital institucional gestionado por M&G Real Estate. Este tipo de operación refleja una estrategia habitual en la ciudad: adquirir activos bien ubicados, reposicionarlos y explotarlos en renta en segmentos de alto valor añadido como el lujo hotelero.

Donde más claramente se observa la entrada de fondos es en el desarrollo residencial, especialmente en el ámbito de Zorrozaurre, que se ha convertido en el principal polo de inversión institucional. Allí, inversores como M&G Real Estate o Q-Living han adquirido promociones completas —es decir, edificios enteros— bajo el modelo build-to-rent, comprando los activos antes o durante su construcción para destinarlos íntegramente al alquiler. Estas operaciones, que incluyen paquetes de cientos de viviendas, son hoy el núcleo del mercado en Bilbao, sustituyendo en gran medida la compra tradicional de edificios existentes por la financiación directa de producto nuevo diseñado para inversores.

En el segmento de oficinas, aunque hay menos operaciones públicas, sí se han producido transacciones relevantes de edificios completos, especialmente en la zona de Gran Vía. Un ejemplo significativo es la Torre Bizkaia, antiguo edificio del BBVA, que pasó por manos del fondo Angelo Gordon antes de ser adquirido por inversores institucionales locales, ilustrando un patrón típico de rotación entre capital oportunista y capital patrimonialista. Hay operaciones que combinan inmobiliario e infraestructura, como la concesión de la estación intermodal de Bilbao, en manos de Azora, que explota el activo como generador de rentas a largo plazo. Este tipo de inversiones híbridas son cada vez más comunes en carteras institucionales.

En cuanto al mapa de inversores, Bilbao presenta un ecosistema todavía relativamente concentrado. M&G Real Estate es el actor más visible en la ciudad, con presencia tanto en lo hotelero como en lo residencial. Azora destaca en activos ligados a explotaciones a largo plazo, mientras que plataformas como Q-Living se han especializado en vivienda para alquilar. Por su parte, firmas como Blackstone o Cerberus Capital Management tienen una fuerte presencia en el mercado español, aunque en Bilbao su actividad reciente es indirecta a través de carteras amplias. Además de la compra de edificios históricos en el centro, es cada vez más habitual la adquisición de activos completos o de promociones enteras, con especial énfasis en el desarrollo de vivienda en alquiler y en la transformación de inmuebles singulares.

/ Javier González de Durana /

Este es uno de esos edificios de Bilbao, construidos durante los años 60 y 70, que suele pasar desapercibido, pero es una notable pieza de arquitectura que quiero poner en valor para que sea incluido entre los inmuebles a los que se dedican miradas de comprensión histórica y palabras de afecto patrimonial. No descubro nada que no sea ya conocido en cierto grado, puesto que este edificio se encuentra registrado con categoría Nivel A en el Do.co.mo.mo Ibérico.

El edificio en la plaza del Bombero Echániz, entre las calles Egaña y Marcelino Oreja, fue diseñado por Jesús Rafael Basterrechea y Luis Lorenzo Blanc, en junio de 1963. El proyecto firmado por ambos arquitectos proclamaba que era un «edificio para casa de obras sindicales en Bilbao», promovido por la «Delegación Nacional de Sindicatos de la F.E.T. y de las J.O.N.S.» a través de su «Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura». Presupuestado en algo más de 25,6 millones de pesetas, las obras se concluyeron en octubre de 1970. Basterrechea diseñó la Escuela de Ingenieros en Basurto y la Facultad de Económicas en Sarriko, además de numerosos inmuebles residenciales en el Ensanche, entre otras obras. Lorenzo Blanc, por su parte, en su calidad de delegado de la Obra Sindical del Hogar en Bizkaia tuvo un papel relevante en la planificación urbana y la vivienda pública en este territorio durante la posguerra. Participó en el diseño del barrio de San Ignacio y en varios grupos de viviendas en Sestao.

Los servicios que este edificio alojaría anteriormente habían estado en otro inmueble «insuficiente e inadecuado», compartiendo espacio con la Delegación Provincial de Sindicatos de Vizcaya, motivo por el que, tras analizar diversas opciones, se decidió «construir de nueva planta un edificio destinado exclusivamente a Obras Sindicales». En la actualidad es un Centro de Salud de Osakidetza, con servicios de medicina familiar y comunitaria, pediatría y enfermería.

El solar elegido mide 900 m2 y, según las ordenanzas municipales entonces vigentes, se permitía una planta semisótano, una planta baja, seis plantas más en altura y un ático. La fachada de 14 metros, orientada a la plaza y con unas puertas ligeramente remetidas, daba acceso a un vestíbulo de 250 m2, al cual se abrían dos escaleras de igual importancia y totalmente independientes para acceder a los servicios e instalaciones interiores que eran de dos tipos: los médicos, ocupando desde la planta sótano hasta la tercera, y los administrativos, distribuidos entre la cuarta y la séptima planta. La situación interior del edificio en la actualidad es diferente, debido a los muchos cambios funcionales a lo largo de más de cinco décadas, aunque su aspecto externo se mantiene inalterado, en muy buen estado de conservación.

El programa de necesidades incluía, por la parte médica, los siguientes servicios y metros cuadrados: Medicina general (180 m2), Pediatría-Puericultura (120 m2), Tocoginecología-Urología (80 m2), Oftalmología (60 m2), Cirugía-Traumatología (120 m2), Aparato Respiratorio-Circulatorio-Digestivo (180 m2), Odontología-Otorrinolaringología (80 m2), Radiología (160 m2), Laboratorio de Análisis (160 m2), Practicantes-Envases (120 m2), Enfermeras (30 m2), Endocrinología-Neuropsiquiatría (80 m2). Un Centro de Recuperación y Rehabilitación albergaba servicios de Cirugía (235 m2), Enfermos ingresados (365 m2) e Hidroterapia (300 m2).

Por la parte administrativa existían servicios de Educación y Descanso, Previsión Social, Seguro de Enfermedad, Hogar y Arquitectura, Colonización y Lucha contra el Paro, además de otros más «políticos», como el denominado «18 de Julio», los despachos del Delegado Sindical, el Vicedelegado, sus secretarios… También contaba con un Salón de Actos para cien personas, dos Salas de Juntas, una para treinta personas y otra para diez, un bar-cafetería (130 m2) y una vivienda (60 m2).

La Casa Sindical de Madrid, obra de Francisco Cabrero en colaboración con Rafael Aburto (1949-55), y el edificio de la Obra Sindical del Hogar en Bilbao constituyen dos exponentes destacados de la arquitectura institucional vinculada a las estructuras del Sindicato Vertical franquista. El de Bilbao, concebido dos décadas después del madrileño, es claramente deudor de éste. Ambas construcciones se alejan del historicismo ornamental propio de la primera posguerra para abrazar una lectura geométrica y volumétrica contundente, basada en prismas de composición simétrica y jerarquizada. 

Esta transición hacia un racionalismo contenido se manifiesta en fachadas organizadas bajo retículas regulares y el uso de materiales vistos, donde la sobriedad y la economía de ornamentación proyectan una imagen pública de solidez y autoridad estatal, integrándose con éxito en sus respectivos contextos urbanos, de alta visibilidad.

A pesar de estas similitudes conceptuales, estos dos edificios presentan significativos matices diferenciales derivados de su escala y cronología. La obra madrileña apuesta por una monumentalidad representativa de alcance estatal, elevándose frente al Museo del Prado como un bloque casi cúbico de gran volumen que combina el ladrillo con el granito en una síntesis de tradición y modernidad. Por el contrario, el inmueble de Bilbao, diseñado en la década de los 60, responde a una etapa posterior del franquismo. Su escala es más contenida y funcional, adaptándose a la trama de la manzana y a las necesidades de servicios locales, con un lenguaje arquitectónico más propio de la posguerra tardía y el uso de elementos prefabricados.

En definitiva, ambas piezas ilustran la evolución de la arquitectura oficial hacia soluciones más funcionales y estables que logran imponer su presencia en el espacio público. El resultado en ambos casos es una arquitectura que, mediante la honestidad material y el rigor geométrico, comunica la permanencia institucional de los organismos que originalmente albergaron, consolidándose como hitos de la modernidad dentro del marco autoritario de su tiempo.

La planta, muy bonita, consiste en un prisma que se inserta en un rombo irregular por su ángulo más agudo, el orientado a la plaza. El ángulo contrario, interior, queda ocupado por un patio junto a las medianeras de los edificios adyacentes. Simetría perfecta. El núcleo de comunicaciones verticales (dos escaleras, cuatro ascensores y un montacargas para camillas) ocupa el centro del rombo. A su alrededor se distribuyen los servicios, despachos y oficinas, salas de espera, de consulta y de actuación médica.

/ Javier González de Durana /

La propuesta recientemente anunciada por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, de convertir el Palacio de Cortiguera en un centro cultural vinculado al artista Okuda San Miguel resulta, en términos generales, difícilmente justificable desde una perspectiva de interés público, rigor patrimonial y coherencia institucional. Lejos de responder a una planificación estratégica sólida, la iniciativa transmite la impresión de ser una solución improvisada para un problema largamente enquistado -el abandono del edificio durante décadas-, sin que exista un proyecto cultural definido, transparente ni sometido a criterios de concurrencia pública.

Desde el punto de vista patrimonial, la operación presenta una contradicción de base que no ha sido adecuadamente explicada. El Palacio de Cortiguera cuenta con el máximo nivel de protección en el planeamiento urbanístico de Santander, lo que limita las intervenciones a labores estrictas de restauración, conservación y reconstrucción fiel de elementos originales. 

En este contexto, resulta difícil compatibilizar estas exigencias con un proyecto artístico cuya identidad se basa precisamente en la transformación visual intensa de los espacios arquitectónicos mediante intervenciones cromáticas y geométricas. La adaptación del inmueble a este tipo de lenguaje creativo no sólo plantea dudas técnicas, sino que amenaza con desvirtuar el valor histórico del edificio o, en su defecto, vaciar de contenido el propio proyecto cultural si éste se ve obligado a limitarse de manera sustancial.

A esta tensión se suma una cuestión igualmente relevante: la ausencia de transparencia en el proceso de decisión. El Estado ha descartado una oferta económica concreta y formalizada por parte de un comprador particular interesado en adquirir el edificio para restaurarlo y convertirlo en su residencia sin que se hayan explicado de manera convincente los motivos, optando en su lugar por una negociación directa con un artista determinado. Este proceder plantea interrogantes sobre el respeto a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad que deben regir la gestión del patrimonio público. 

La elección de un único creador como eje vertebrador del proyecto introduce, además, un elemento de personalización que resulta problemático en un equipamiento que, por definición, debería responder a criterios de pluralidad, accesibilidad y servicio a la comunidad.

El modelo cultural planteado adolece, asimismo, de una notable indefinición. No se ha presentado un plan museológico, ni un esquema de gestión, ni una evaluación económica que permita valorar su viabilidad a medio y largo plazo. Un centro cultural vinculado de manera tan estrecha a una sola figura artística corre el riesgo de depender excesivamente de su trayectoria, de su proyección mediática y de su capacidad de renovación, factores todos ellos variables e inciertos. Este tipo de equipamientos, cuando no se insertan en una red cultural más amplia ni responden a una misión institucional clara, tienden a perder relevancia con el tiempo o a convertirse en espacios de uso limitado.

La decisión resulta aún más cuestionable si se tiene en cuenta que existían alternativas previamente planteadas por el Ayuntamiento de Santander que respondían de forma más directa al interés general, como la creación de un museo de la historia de la ciudad o la instalación de la Fundación Santander Creativa. Estas propuestas ofrecían un enfoque más inclusivo, educativo y coherente con la función social del patrimonio histórico, además de integrarse mejor en una estrategia cultural de carácter público. La desestimación de estas opciones en favor de un proyecto singularizado no sólo rompe la lógica de colaboración institucional, sino que supone una oportunidad perdida para dotar a la ciudad de un equipamiento cultural de mayor alcance y utilidad colectiva.

En definitiva, la conversión del Palacio de Cortiguera en un centro cultural dedicado a Okuda San Miguel plantea serias dudas sobre su viabilidad técnica y jurídica, al tiempo que también evidencia carencias en términos de transparencia, planificación y orientación al interés público. Más que una solución estructural al problema del edificio, la propuesta corre el riesgo de consolidar un modelo cultural débil, excesivamente dependiente de una figura concreta y poco alineado con las necesidades reales de la ciudad y de su patrimonio histórico.

El historial reciente del inmueble refuerza la percepción de falta de credibilidad en la gestión administrativa. Durante años se han sucedido anuncios, proyectos y previsiones de rehabilitación que nunca llegaron a materializarse, generando una situación de abandono progresivo en pleno centro urbano.

Así, la más importante de esas iniciativas, el concurso de remodelación arquitectónica del Palacio de Cortiguera, impulsado en 2018 por el Ministerio de Fomento (actualmente el edificio está adscrito al Ministerio del Interior), constituye un ejemplo paradigmático de iniciativa pública fallida. Concebido para transformar este edificio histórico en un espacio sociocultural, el proceso atrajo numerosas propuestas y culminó con la victoria del proyecto “Oculto”, liderado por el prestigioso arquitecto gallego César Portela, seleccionado entre 23 candidaturas . Sin embargo, pese a la adjudicación y al planteamiento de una intervención respetuosa con el inmueble, el proyecto nunca llegó a materializarse, quedando paralizado por falta de ejecución administrativa y cambios en las condiciones institucionales. Este desenlace confirma una dinámica frecuente en los concursos de arquitectura, donde el diseño ganador no garantiza su construcción efectiva, y explica que, años después, el palacio continúe abandonado y sujeto ahora a este nuevo intento -también incierto- de rehabilitación cultural, interpretable más como un intento de ofrecer una salida rápida y poco meditada que como el resultado de una reflexión rigurosa y sostenida en el tiempo.

/ Javier González de Durana /

En Bilbao, cada vez cuesta más tener la sensación de que el suelo pertenece a quien lo habita. La impresión que se abre paso -con datos, con obras, con licencias- es otra: la ciudad parece inclinarse hacia quien puede comprarla. El Ayuntamiento ha ido sustituyendo la planificación urbana con vocación pública por una gestión de licencias moldeable cuando el promotor llega con músculo financiero y promesas de inversión. Donde deberían prevalecer criterios técnicos sólidos, una visión estratégica de ciudad y el equilibrio social entre barrios, asoma una tramitación acelerada si el proyecto tiene apellidos corporativos. No es una anécdota aislada: es una pauta que se repite.

Se suspenden licencias de pisos turísticos para apaciguar el malestar vecinal -gesto cosmético más que cambio estructural- mientras, por otra vía, se agilizan permisos para hoteles de lujo en edificios históricos y en zonas que ya soportan una presión evidente. Se proclama contención mientras se autoriza expansión con otra etiqueta. El resultado es previsible: más camas turísticas, más competencia por el mismo suelo escaso y más tensión sobre el alquiler residencial.

gazta denda – Cheese, Wine & Rock’n Roll. Vamos, lo de toda la vida aquí.

El discurso oficial invoca la “calidad frente a la cantidad”. Pero la calidad, cuando se mide sólo en estrellas y mármoles, tiene efectos colaterales. Cada nuevo hotel “de alto standing” ocupa suelo central, revaloriza de inmediato su entorno y consolida un modelo de ciudad escaparate. Allí donde el comercio de proximidad baja la persiana por falta de relevo o por rentas inasumibles, emergen lobbies pulidos y terrazas premium. Se estrecha el margen para el pequeño propietario mientras se despeja el camino al gran operador. Las prioridades se han invertido y la decepción es cotidiana.

Proyectos que rebasan alturas permitidas o que reinterpretan con «creatividad» los planes de rehabilitación obtienen luz verde con sorprendente facilidad. A una comunidad vecinal se le exige un vía crucis administrativo para cambiar una ventana; a determinados promotores se les conceden modificaciones “singulares” en nombre del interés estratégico. La excepción se vuelve costumbre cuando hay inversión de por medio. La norma deja de ser un marco común y se transforma en un obstáculo negociable.

Se habla de “flexibilidad urbanística”, pero lo que se practica se parece demasiado a la discrecionalidad selectiva. Si el proyecto promete marca, titulares y capital externo, la ciudad se dobla. Si lo que promete es vivienda asequible, equipamientos de barrio o servicios públicos, la respuesta suele ser otra: informes, revisiones, más informes. La sensación de agravio comparativo erosiona la confianza en la política municipal.

No estamos ante un desarrollo equilibrado, sino ante una sustitución silenciosa. Se desplaza al residente para hacer hueco a un turismo de alto poder adquisitivo que deja, en muchos casos, empleo estacional y salarios que no alcanzan para vivir en el mismo barrio donde se trabaja. El camarero no puede pagar el alquiler del piso o de la habitación en que duerme. La dependienta no puede residir cerca de la tienda donde atiende a visitantes. El joven que aspira a emanciparse compite por cada metro cuadrado con fondos y cadenas internacionales.

Se repite que el turismo “dinamiza”. La pregunta inevitable es: ¿a quién? El comercio tradicional cede terreno ante franquicias globales; los bares nuevos pasan a llamarse «despacho de bebidas» o «taberna» con diseño de aspecto antiguo, de haber sobrevivido desde principios del siglo XX; la panadería de toda la vida se convierte en concept store; el taller de barrio muta en coworking efímero. Suben los precios, desciende la diversidad social. Y cuando la vida cotidiana se convierte en decorado, la ciudad pierde aquello que la hacía auténtica y atractiva.

Durante años se invocó el modelo de transformación urbana asociado al icono cultural y a la postal reconocible -la foto aérea, el evento internacional, el gran equipamiento- como coartada permanente. Ese relato de progreso automático ya no convence. Una ciudad no es una infografía ni una memoria económica. Es escuela pública, centro de salud, alquiler asumible, comercio de proximidad y espacio público pensado para quien vive todo el año, no sólo para quien la visita un fin de semana.

Cuando el planeamiento se subordina al inversor, la política abdica de su función principal: equilibrar intereses y proteger el bien común. El Ayuntamiento no puede actuar como la recepción amable de una inmobiliaria: saludar, facilitar, acompañar y despedir con sonrisa corporativa. Mientras tanto, el vecino espera. Espera vivienda protegida que no llega al ritmo prometido. Espera que el precio del metro cuadrado deje de escalar. Espera que su barrio no se convierta en un producto más del catálogo urbano.

Porque cuando una ciudad se vende demasiado, termina por no pertenecer a nadie. Y la decepción no nace del rechazo al progreso, sino del deseo -cada vez más frustrado- de que Bilbao vuelva a construirse, ante todo, para vivirla.

/ Javier González de Durana /

La construcción de un salón de baile de aproximadamente 8.300 m² en la Casa Blanca provocó a finales del año pasado -con el inicio de la demolición de la histórica Ala Este- una significativa controversia dentro del segundo mandato de Donald Trump, tan repleto de decisiones mucho más horribles y espantosas que ésta. Aunque el proyecto había sido presentado oficialmente como un “regalo patriótico” financiado íntegramente con capital privado, su ejecución puso en cuestión principios fundamentales del sistema democrático estadounidense: la separación entre intereses públicos y privados, la transparencia en el uso del espacio institucional y la legalidad de la financiación de obras de propiedad federal. Las obras no tienen fijada una fecha de conclusión, aunque se supone que será mientras Trump continúe siendo presidente, pero su paralización por orden judicial añade mucha incertidumbre a cualquier plazo que se prevea.

Desde una perspectiva crítica, el proyecto no puede entenderse como una mera intervención arquitectónica o funcional. Se trata de una operación de pay-to-play a escala monumental, en la que la donación económica opera como mecanismo de acceso privilegiado al poder ejecutivo. En este caso existe una correlación directa entre los principales donantes del salón y sus intereses ante el gobierno federal. Dos tercios de las corporaciones identificadas -gigantes de la defensa, la tecnología y la energía- han recibido contratos públicos por un volumen superior a los 279.000 millones de dólares en los últimos cinco años, lo que sugiere una relación estructural entre contribución financiera y beneficio político, además del interés en que tal relación se prolongue en el futuro.

Más allá de la dimensión contractual, al menos 14 de las 24 corporaciones donantes se encuentran inmersas en procedimientos legales o regulatorios relevantes -desde investigaciones por prácticas monopolísticas hasta litigios laborales o acusaciones de fraude- que, bajo la actual administración, han sido retrasados, atenuados o reorientados. En este contexto, las aportaciones económicas adquieren un carácter preventivo: no buscan únicamente recompensar favores ya concedidos, sino moldear un entorno regulatorio favorable mediante la creación de una deuda simbólica.

Especialmente problemática resulta la participación de grandes empresas tecnológicas en un momento decisivo para la definición de políticas públicas sobre inteligencia artificial, privacidad de datos y legislación antimonopolio. Las donaciones de corporaciones como Google, Meta o Apple coinciden temporalmente con debates regulatorios que afectan directamente a sus modelos de negocio. El caso de YouTube -filial de Google-, que habría destinado una suma especialmente elevada -22 millones de dólares- al proyecto tras un conflicto legal con Trump derivado del cierre de su cuenta en 2021, refuerza la percepción de que el salón de baile funciona como una plataforma informal de negociación política.

El sector de los combustibles fósiles emerge, asimismo, como uno de los pilares financieros del proyecto. La implicación de magnates petroleros se produce en paralelo a una agenda gubernamental orientada a la desregulación ambiental, la ampliación de infraestructuras extractivas y la reversión de políticas climáticas previas. La escena, ampliamente comentada por la prensa, en la que Trump interrumpe una cumbre con ejecutivos petroleros para mostrarles el avance de las obras desde una ventana de la Casa Blanca, condensa de manera casi teatral la fusión entre espacio arquitectónico, poder político y capital privado (véase a partir de segundo 50 hasta el minuto 1 y 35 segundos). El edificio en construcción se convierte así en un artefacto simbólico que materializa la promesa de una inversión masiva en infraestructuras energéticas, vinculando visualmente donación y retorno económico (la intervención del presidente de REPSOL dio bastante vergüenza en este contexto, la verdad).

Desde el punto de vista institucional, el proceso presenta al menos tres vulnerabilidades democráticas de gran calado. En primer lugar, expertos en derecho constitucional y presupuestario sostienen que la aceptación de fondos privados para ejecutar obras de propiedad federal -especialmente cuando estas sustituyen o complementan partidas públicas- vulnera la legislación presupuestaria y el principio de control del gasto por parte del Congreso. En segundo lugar, la demolición acelerada de la Ala Este, construida en 1942 y dotada de valor histórico y patrimonial, se habría realizado sin las evaluaciones ambientales y de preservación exigidas por la normativa federal. Aquí, la urgencia política se ha impuesto sobre los procedimientos diseñados precisamente para proteger el interés público a largo plazo.

Finalmente, la opacidad financiera constituye quizá el aspecto más corrosivo del proyecto. De los más de 350 millones de dólares recaudados, solo una fracción ha sido atribuida a donantes identificables. El uso de fundaciones privadas y estructuras interpuestas permite ocultar la identidad de numerosos contribuyentes, erosionando la transparencia y dificultando cualquier forma de rendición de cuentas. En una democracia representativa, la imposibilidad de rastrear quién financia una intervención de esta magnitud en el corazón simbólico del poder ejecutivo no es un detalle técnico, sino una falla sistémica.

Para los críticos más severos, el salón de baile no debe interpretarse como una mejora funcional ni como una ampliación protocolaria, sino como una proyección arquitectónica del poder personal. Al financiar una obra de alto impacto simbólico mediante capital corporativo, Trump habría transformado la Casa Blanca de sede institucional del Estado en un espacio de gratitud y reciprocidad privada. La defensa del proyecto como “materia de seguridad nacional” -estrategia utilizada para bloquear recursos judiciales y limitar la supervisión- refuerza esta lectura, al instrumentalizar un concepto excepcional para blindar una decisión profundamente controvertida.

El salón de baile no es sólo un edificio: es un síntoma visible de la progresiva confusión entre gobierno, negocio y representación simbólica del Estado. Encumbrado por el poder, Trump ha desarrollado una alergia a la realidad: cuanto más alto el cargo, más baja la capacidad de autocrítica. Rodeado de espejos y aplausos complacientes, confunde la gestión con la escenografía y el interés público con su reflejo favorito. Todo proyecto se vuelve “histórico”, toda ocurrencia “estratégica” y toda crítica, una «conspiración». Así, gobierna como quien re-decora su ego: mucho mármol retórico, poca fontanería democrática. Y cuando el decorado cruja, siempre le quedará la foto inaugural, sonriendo ante una obra que, como su vanidad, da y dará repugnancia. Si no lo evitamos, algún día Trump nombrará cónsul a su caballo y no habrá pretendido hacer una broma; irá en serio.

/ Javier González de Durana /

A Manu Ibáñez de Aldecoa

La foodización es un término de reciente aparición en los estudios urbanos. Describe la refuncionalización de los espacios de la ciudad debido a una explosión en la oferta y consumo de alimentos, impulsada principalmente por la demanda turística. Este fenómeno implica que el paisaje comercial de los centros históricos se especializa de forma desmedida en la restauración y la venta de productos alimentarios «típicos», desplazando al comercio tradicional y a los servicios destinados a los residentes locales.

La foodización del Casco Viejo de Bilbao no es un fenómeno neutro ni espontáneo, sino el resultado de una deriva urbana que ha sustituido progresivamente la vida cotidiana por el consumo gastronómico para clientes efímeros como principal razón de ser del barrio. Lo que durante décadas fue un tejido mixto -residencial, comercial, social y cultural- se ha ido transformando en un escenario especializado casi exclusivamente en comer, beber y “experimentar” Bilbao en formato rápido y digerible para el visitante.

El problema no es la hostelería en sí, que siempre ha formado parte de la identidad del Casco Viejo, sino su hipertrofia. La proliferación de bares, gastrobares, locales tematizados y franquicias encubiertas ha desplazado al comercio de proximidad y a los servicios básicos para los residentes. Carnicerías, ferreterías, mercerías o librerías han sido sustituidas por propuestas gastronómicas intercambiables, orientadas a un cliente de paso y no a quien permanentemente vive allí.

Una motocicleta colgada del techo del restaurante promete una experiencia culinaria singular, un viaje más que un alimento. Vigas desnudas de madera, muros a medio hacer de ladrillo macizo, trompetas, cajas de vino parecen flotar en el aire junto a una motocicleta. El espíritu de la U.S. Route 66, al parecer, también es nuestro.

Esta dinámica ha tenido efectos claros sobre la vivienda. La foodización actúa como acelerador de la turistificación: más bares implican más ruido, más rotación de visitantes y mayor presión sobre el alquiler residencial. Vivir en el Casco Viejo se vuelve incómodo, caro y, en muchos casos, inviable. El vecindario se reduce y envejece o es directamente sustituido por pisos turísticos y alquileres temporales, lo que rompe las redes sociales que daban sentido al barrio. El Casco Viejo deja de ser un lugar para vivir y pasa a ser un lugar para consumir.

Además, la saturación hostelera ha transformado el espacio público. Calles y plazas funcionan cada vez más como extensiones privadas de los negocios, colonizadas por terrazas, barriles y reclamos visuales. El peatón ya no es un vecino que transita o se detiene, sino un cliente potencial. Esta mercantilización del espacio común erosiona la convivencia, intensifica los conflictos por el ruido y vacía de contenido cívico la calle, que deja de ser un espacio de relación para convertirse en un decorado productivo.

Desde el punto de vista cultural, la foodización genera una folklorización del Casco Viejo. La gastronomía se presenta como identidad, pero en una versión simplificada y estandarizada, pensada para el consumo turístico. Se vende “lo local” como marca, mientras se expulsan las condiciones materiales que hacían posible esa cultura viva. La paradoja es evidente: cuanto más se explota el Casco Viejo como experiencia auténtica, más se diluye la autenticidad que se pretende comercializar.

Todo esto responde a una lógica urbana más amplia, impulsada por políticas que priorizan la rentabilidad a corto plazo y la competitividad turística de Bilbao, frente a la calidad de vida de quienes habitan el centro histórico. La foodización no es sólo una suma de bares, sino una forma de planificación por omisión: no se decide qué ciudad se quiere, pero se permite que el mercado la decida por inercia.

Tradicionalmente, los estudios sobre turistificación han puesto el foco en la vivienda: el aumento de precios, la sustitución del alquiler residencial por el turístico y la expulsión progresiva de población local. Sin embargo, incorporar la alimentación -y, en concreto, la restauración y los usos gastronómicos- como variable central amplía significativamente el marco analítico. La foodificación no solo actúa como consecuencia de la turistificación, sino también como su motor: bares, restaurantes y locales “experienciales” se convierten en vectores de atracción turística, en instrumentos de revalorización inmobiliaria y en catalizadores de nuevas economías urbanas orientadas al consumo. De este modo, la transformación del tejido comercial alimentario tiene efectos directos sobre la vida cotidiana de los residentes, alterando el acceso a bienes básicos, los ritmos urbanos y las prácticas sociales asociadas al comer.

Considerar conjuntamente vivienda y alimentación permite abordar el fenómeno desde una perspectiva más integral, en la que la ciudad se entiende como un ecosistema funcional complejo. La proliferación de usos gastronómicos genera espacios urbanos altamente rentables en términos económicos, pero frágiles desde el punto de vista social, al depender de flujos turísticos volátiles y al reducir su capacidad de sostener una comunidad residente estable.

Desde esta óptica, las políticas urbanas no pueden limitarse a maximizar plusvalías o a reforzar la competitividad interurbana en el mercado turístico global. El equilibrio entre dinamismo económico y bienestar social debe situarse en el centro de la acción pública, especialmente en contextos donde el atractivo cultural y simbólico del lugar es precisamente el principal reclamo turístico. Resulta clave recuperar la idea de la ciudad como espacio de convivencia, donde el comer no sea sólo una experiencia turística, sino también una práctica social cotidiana accesible.

La cultura urbana no es un decorado ni un recurso estático: es el resultado de las relaciones sociales, las prácticas cotidianas y las memorias compartidas de quienes habitan un territorio. Cuando los residentes pierden protagonismo -ya sea por desplazamiento físico, por pérdida de capacidad económica o por la transformación radical de su entorno-, la autenticidad que sustenta el atractivo turístico se ve seriamente amenazada. Paradójicamente, la turistificación intensiva tiende a destruir aquello que dice poner en valor, sustituyendo la vida urbana real por una representación estandarizada y consumible de la misma.

Las auténticas tiendas de comestibles del Casco Viejo sobreviven medio escondidas, discretas y sin brillibrillis. Son las de verdad, las de siempre, las de los vecinos. Como único atrevimiento, un par de mesitas en el exterior con apio, pimientos, tomates, naranjas y limones.

Las mejores esquinas están copadas por amplios restaurantes de tapas que, además, ocupan parte de la vía pública con no pocas mesas y sillas.

/ Javier González de Durana /

A Javi del Vigo

En 2034, si el optimismo no resulta una forma de demencia, alguien golpeará el hormigón con una maza. Para entonces, habrá hombres jubilados que pasaron la vida entera escuchando el crujido de las juntas de dilatación, niños que crecieron a la sombra de un viaducto que no es una carretera, sino el monumento de Bilbao a la distancia que separa un mitin de una excavadora. En Rekalde no se ha soterrado la autovía A-8; se ha soterrado la esperanza, con una eficacia que la ingeniería civil envidiaría.

La Variante Sur Metropolitana, esa Supersur que se vendió como redención, es en realidad un ejercicio de prestidigitación ética y ambiental. El plan fue sencillo: mover el problema de código postal: liberar el centro del barrio para fragmentar el monte Arraiz, levantando puentes y perforando montañas en una huida hacia adelante que ignora una ley básica del urbanismo: más asfalto siempre atrae más coches. Es la perpetuación de un modelo que desprecia el transporte público para rendir culto al vehículo privado, envolviéndolo en papel de regalo logístico. La administración vinculó la dignidad de una zona residencial a la solvencia de una infraestructura que nació con una tara sistémica por ser de peaje. Circular por la Supersur cuesta dinero y los conductores, que no son tontos, prefieren la gratuidad de la A-8, esa que sigue cortando el barrio como una cicatriz abierta. Si la Variante no es competitiva, el viaducto seguirá siendo «necesario», una excusa perfecta para prolongar la agonía de Rekalde hasta el infinito o, al menos, hasta que el presupuesto aguante.

La Variante Sur Metropolitana es la gran metáfora del urbanismo vasco: una matrioshka de asfalto donde se construye un túnel para salir de un viaducto gratuito y terminar en otro túnel de pago. Un laberinto diseñado no para que los coches lleguen antes, sino para que las promesas electorales hibernen cómodamente durante dos décadas. Mientras el dinero corre bajo tierra, los vecinos de Rekalde cuentan camiones desde la ventana de su cocina, sabiendo que en esta ciudad la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, sino un plan plurianual que jamás se ejecuta.

Luego está el túnel bajo la ría, ese pozo sin fondo de cuatrocientos millones de euros que mantiene secuestrado el futuro de un barrio. Se ha decidido, con una frialdad técnica que asusta, que la salud de miles de vecinos debe esperar a que se resuelva un delirio faraónico bajo el lecho del Nervión si una geología traicionera no lo impide. Es una carambola financiera: hasta que el túnel bajo la ría no sea una realidad, el viaducto de Rekalde es intocable. Todo se justifica con la complejidad del subsuelo, con esos imprevistos que en Bilbao son siempre la norma y nunca la excepción. Es la coartada perfecta. Utilizar las rocas y la geología para blindar una decisión política que retrasa lo urgente hasta 2034 es, como poco, un sarcasmo.

Mantener el viaducto de Rekalde no es una decisión técnica; es una hemorragia presupuestaria aceptada con la resignación de quien paga una hipoteca por una casa en ruinas. Mientras la Diputación de Bizkaia anuncia inversiones de 195 millones de euros para 2026 en conservación de carreteras -un incremento que se vende como éxito administrativo-, el viaducto sigue ahí, devorando recursos en silencio. No hay una cifra pública única, aislada y honesta que nos diga cuánto cuesta cada parche en ese hormigón cansado, pero la aritmética de la demora es implacable: cada año que el viaducto permanece en pie, el mantenimiento de sus juntas, apoyos y sistemas de seguridad se detrae de un fondo común que debería estar financiando su demolición.

La realidad es que el mantenimiento actual es un «mientras tanto» de lujo. El Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial admite que la redacción del proyecto de la variante ya ha consumido 5,8 millones de euros, y que el coste de conservación y seguridad de los 1.300 kilómetros de la red foral absorbe casi la mitad del presupuesto total que en 2025 estuvo en 120 millones de euros. En ese reparto, el viaducto de Rekalde es el paciente crónico: una infraestructura crítica que exige vigilancia las 24 horas de cada día para que los camiones sigan pasando sobre las cabezas de los vecinos sin que nada se caiga. Es el coste de la inercia. Se gasta para que nada cambie, para que el gigante de asfalto sobreviva un invierno más hasta esa fecha mística de 2034, que ahora se presenta como el nuevo horizonte de una obra que lleva tres décadas de retraso.

Al final, el coste más alto no es el del cemento ni el de la pintura de señalización, sino el de la oportunidad perdida. Cada euro invertido en apuntalar el viejo trazado de la A-8 es un euro que no se usa para acelerar una nueva variante gratuita bajo el Pagasarri, un proyecto cuya complejidad técnica -túneles de más de dos kilómetros bajo cimentaciones vulnerables- se utiliza ahora como el escudo perfecto para justificar que las máquinas no empezarán a trabajar, como pronto, hasta 2028. El mantenimiento del viaducto es, en definitiva, el impuesto que Bilbao paga por su incapacidad para ejecutar lo que prometió en el siglo pasado; una factura que no deja de subir mientras los vecinos esperan que, esta vez, la fecha de caducidad del hormigón no sea otro espejismo en el presupuesto foral.