/ Javier González de Durana /

La situación que desde hace meses se vive en la Plaza Nueva de Bilbao empieza a resultar difícilmente justificable, no tanto porque una infraestructura construida hace décadas necesite una intervención de mantenimiento, lo que sería algo muy comprensible, sino por la manera en que el Ayuntamiento está gestionando un problema que afecta a uno de los espacios públicos más importantes del Casco Viejo y, sobre todo, a quienes viven en él.

Conviene recordar la secuencia. El 21 de mayo de 2026 el Ayuntamiento procedió al vallado de la zona central de la plaza después de detectar filtraciones y deterioros asociados a humedades en el aparcamiento subterráneo. Entonces explicó que se trataba de una medida preventiva mientras se realizaban catas, levantamientos de protecciones y otros trabajos destinados a conocer el estado del forjado y determinar el alcance de las afecciones. Tres meses después, el 18 de agosto, el Ayuntamiento anunció la sustitución de aquel cerramiento provisional por otro más contundente y reconoció que el estudio realizado aconseja ya “limitar el uso de la plaza y acometer obras de rehabilitación”. Lo más significativo es que la propia nota municipal admite que todavía están por concretarse el proyecto definitivo y los plazos de ejecución. Mientras tanto, la zona central permanecerá cerrada.

Es decir, se ha pasado de unas filtraciones que requerían una inspección a una rehabilitación de suficiente entidad como para mantener clausurada una parte sustancial de la superficie de la Plaza Nueva durante un periodo indeterminado. Según las explicaciones ofrecidas después por responsables municipales, las catas indicarían que el aparcamiento se encuentra en buen estado, pero necesita trabajos de saneamiento, impermeabilización y renovación del pavimento; además, se plantea aligerar el peso de la plaza para adaptarla a criterios actuales de seguridad. Las informaciones difundidas apuntan ya a una intervención cuya tramitación y ejecución podría prolongarse más de un año.

Si esto es así, resulta todavía menos comprensible la pobreza de la información proporcionada a los ciudadanos. ¿Cuál es exactamente el diagnóstico técnico? ¿Dónde se encuentran las filtraciones? ¿Qué elementos están afectados? ¿Existe o no una afección estructural? ¿Por qué es necesario restringir la presencia de personas sobre el forjado si, al mismo tiempo, se asegura que no existe propiamente riesgo de colapso? ¿Qué significa exactamente “aligerar” la plaza? ¿Qué elementos deberán retirarse o modificarse? ¿Cuál será el alcance de la impermeabilización? ¿Se levantará el pavimento de la plaza? ¿Qué superficie resultará afectada? ¿Cuánto tiempo permanecerá cerrado su espacio central?

Incluso aunque el proyecto definitivo todavía no esté redactado, tres meses de estudios deberían permitir explicar bastante más que la existencia genérica de “filtraciones” y “humedades”. Las preguntas no son caprichosas. Estamos hablando de una plaza pública, de un conjunto monumental y de uno de los espacios urbanos de mayor valor histórico de Bilbao. Una actuación de estas características debería haber venido acompañada desde el principio de una explicación pública suficientemente detallada: diagnóstico técnico, planos de las patologías detectadas, alcance previsible de la intervención, fases de obra, afecciones sobre el espacio público y calendario aproximado.

Hay, además, un detalle particularmente revelador de las prioridades municipales. Cuando el Ayuntamiento anunció el nuevo vallado tuvo buen cuidado de aclarar que la medida no afectaría a las terrazas de hostelería. La precisión resulta llamativa. Se restringe el uso ciudadano del centro de la plaza, se instala un cerramiento de duración incierta y se anuncia una rehabilitación cuyo calendario todavía se desconoce, pero parece existir una preocupación inmediata por garantizar que la actividad hostelera continúe funcionando con normalidad.

Para quienes viven en la Plaza Nueva, la cuestión adquiere otra dimensión. Desde hace años soportan una progresiva intensificación de sus usos hosteleros y turísticos: ocupación de buena parte de los soportales y espacios próximos por terrazas, concentraciones de visitantes, ruido y una utilización cada vez más intensiva de un lugar que, antes que escenario turístico o prolongación exterior de los establecimientos hosteleros, es un espacio público y también un lugar habitado. En esa plaza siempre han existido bares y terrazas; el problema es la pérdida de equilibrio entre los diferentes usos y la sensación creciente de que, cuando estos entran en conflicto, el residente ocupa por sistema el último lugar.

El Ayuntamiento ha entendido a la perfección la necesidad de tranquilizar a la hostelería, pero no parece haber sentido la misma urgencia para explicar a los residentes qué está sucediendo bajo sus ventanas. La actual situación vuelve a poner de manifiesto esa asimetría. La ciudadanía pierde temporalmente una parte considerable de la plaza; los vecinos conviven con un vallado que puede permanecer durante muchos meses; se altera la percepción y utilización de un conjunto monumental; pero la continuidad de las terrazas queda expresamente garantizada.

A ello se añade ahora la necesidad de desalojar vehículos de una de las plantas del aparcamiento para facilitar las obras. Si, como se ha comunicado a los usuarios, esos coches deben trasladarse temporalmente al aparcamiento del Arenal y el Ayuntamiento garantiza que ese traslado no supondrá un coste adicional para sus propietarios, cabe responder que sólo faltaría. No estamos ante un servicio voluntariamente solicitado por los residentes, sino ante una consecuencia directa de unas obras que obligan a modificar temporalmente las condiciones de utilización de sus plazas. La gratuidad de esa solución alternativa no debería presentarse como una concesión municipal, sino como el mínimo exigible para no trasladar a los afectados el coste de una situación que ellos no han provocado.

Hay también una cuestión de gestión que merece ser aclarada. Las filtraciones de agua no aparecen de un día para otro. Suelen manifestarse progresivamente mediante humedades, oxidaciones, desprendimientos o deterioros de revestimientos. Sería razonable conocer desde cuándo tenía constancia el Ayuntamiento de estos problemas, qué inspecciones y labores de mantenimiento se realizaron anteriormente, si existían informes previos y por qué se ha llegado a una situación que obliga ahora a cerrar parcialmente la superficie de la plaza y acometer una rehabilitación de esta importancia. No se trata de prejuzgar responsabilidades, sino de permitir que puedan evaluarse sobre información cierta.

La transparencia municipal no consiste tan sólo en emitir notas de prensa cuando se coloca una valla. Consiste en proporcionar información suficiente para comprender las decisiones públicas. Detrás de las fachadas de la Plaza Nueva vive gente. Personas que tienen derecho no sólo a soportar menos ruido y menos saturación, sino también a recibir información directa cuando una obra pública transforma durante meses el espacio situado delante de sus casas. Ese noble espacio neoclásico no puede seguir tratándose como un decorado turístico y hostelero cuya principal preocupación administrativa sea garantizar terrazas, eventos y flujos de visitantes. Es una pieza fundamental del patrimonio arquitectónico bilbaíno y, algo que a veces parece olvidarse, un espacio residencial.

El Ayuntamiento debería hacer público cuanto antes el informe técnico que ha motivado las restricciones, explicar con precisión las patologías encontradas, presentar el alcance de las actuaciones previstas y establecer un calendario razonable, aunque inicialmente sea provisional. Y debería convocar una reunión específica con los residentes y usuarios del aparcamiento para responder a sus preguntas. No mediante titulares ni fórmulas tranquilizadoras, sino con técnicos, planos, datos y fechas.

Los habitantes del Casco Viejo han ido aceptando la turistificación, la extensión de las terrazas, el ruido, las aglomeraciones y la creciente ocupación comercial del espacio común. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es que, cuando además se cierra una parte de ese espacio por un problema relacionado con una infraestructura municipal, quienes viven allí tengan que enterarse fragmentariamente y por la prensa de lo que sucede.

La convivencia urbana exige equilibrios. También exige que la administración recuerde que gobierna para todos y no sólo para aquellos sectores económicos con mayor capacidad de interlocución y presión. Si ese equilibrio continúa desplazándose en la misma dirección, el problema de la Plaza Nueva dejará de ser unas filtraciones en el aparcamiento. Porque, antes o después, lo que terminará filtrándose será algo bastante más difícil de impermeabilizar: el hartazgo de quienes todavía viven en el corazón de Bilbao.