/ Javier González de Durana /

El pasado domingo, 9 de agosto, en el suplemento «Ideas» de El País, se publicó una entrevista con la filósofa argentina Verónica Gago y una de sus respuestas llamó mi atención: “Hay un término que se usa en Argentina y es el de zonas de sacrificio. Se llama así a lo que hacen algunos negocios extractivistas. Dicen que hay que sacrificar el territorio, sacrificar el agua y desplazar a sus poblaciones. Y arman maquinarias de gobierno para gestionar esas zonas de sacrificio. Es la plataformización del Estado, que se pone al servicio de los negocios extractivos”. Yo no conocía este término, «zonas de sacrificio».

Sacrificar significa que alguien decide que algo puede ser entregado en beneficio de otra cosa considerada superior, más valiosa o importante. En el lenguaje económico, ese razonamiento suele presentarse con palabras mucho más tranquilizadoras: empleo, competitividad, inversión, transición energética, interés general, desarrollo industrial. Pero la pregunta que debe hacerse después de cada una de ellas es ¿quién paga el precio?

Una refinería puede proporcionar combustible, empleo e impuestos y, al mismo tiempo, introducir en la vida cotidiana de una población unos cambios ambientales que esa misma población no ha elegido. Una infraestructura energética puede ser presentada como necesaria para la transición ecológica y, sin embargo, perpetuar la concentración de actividades industriales en los mismos lugares que llevan décadas soportándolas. No existe contradicción entre ambas cosas. Ahí está el problema.

La injusticia ambiental comienza cuando los beneficios se deslocalizan y los costes permanecen. La gasolina se consume en todas partes, pero la refinería está en un lugar concreto. Los residuos pertenecen a toda una sociedad, pero alguien tiene que vivir junto a la planta que los trata. Y cuanto más tiempo lleva instalada una actividad, más fácil resulta convertir su presencia en algo que parece natural, inevitable, casi perteneciente al paisaje.

La expresión “zonas de sacrificio” resulta útil porque obliga a cambiar el punto de vista. No habla de lugares contaminados ni de territorios industrializados, sino de espacios a los que una sociedad decide, explícita o implícitamente, cargar con una parte desproporcionada de los costes de su prosperidad. El concepto procede del pensamiento y la justicia ambientalista, aplicándose a comunidades que soportan durante largos periodos los efectos de industrias extractivas, petroquímicas, energéticas o de tratamiento de residuos mientras los beneficios económicos se distribuyen mucho más ampliamente. 

Las “zonas de sacrificio” son la expresión geográfica de una desigualdad política. No es necesario que exista una conspiración ni que alguien haya pronunciado la frase “sacrifiquemos este territorio”. Basta con que durante décadas se adopten decisiones en las que el empleo o la rentabilidad de una actividad pesen más que la calidad ambiental, el paisaje, la salud o el derecho de los habitantes a decidir qué modelo territorial quieren. La literatura sobre justicia ambiental ha insistido en que estas situaciones no pueden medirse sólo por la contaminación de una instalación aislada: importa también la acumulación histórica de cargas industriales sobre una misma comunidad. 

Y aquí aparece una cuestión política que suele incomodar: las zonas de sacrificio no son un accidente del sistema económico, sino uno de sus mecanismos territoriales de funcionamiento. El capitalismo industrial necesita lugares donde instalar aquello que no resulta aceptable en otros. La diferencia es que, cuando esos lugares están alejados de los centros de poder o tienen menor capacidad política para oponerse, la operación resulta mucho más sencilla.

En el País Vasco conviene evitar la tentación de pensar que esto es un fenómeno propio de América Latina o de las regiones mineras de Estados Unidos. Nuestra historia industrial ofrece ejemplos mucho más próximos. La Margen Izquierda, el entorno de Sestao y Barakaldo, el valle del Nervión, Erandio o determinadas áreas de Durangaldea han soportado durante generaciones una concentración industrial extraordinaria. Pero si hubiera que buscar hoy un caso particularmente significativo, el entorno de Muskiz y Abanto-Zierbena, en la zona minera, constituye un ejemplo muy próximo al concepto de zona de sacrificio.

La presencia de Petronor ha convertido durante décadas una parte de ese territorio en un espacio ligado a la actividad petroquímica. No sería riguroso afirmar que Petronor ha convertido Muskiz en una zona de sacrificio en el sentido estricto en que utilizan el concepto algunos estudios de justicia ambiental. Tampoco puede afirmarse, con los datos disponibles, que la refinería sea responsable de determinadas enfermedades de la población. De hecho, el Gobierno Vasco ha señalado que no existe evidencia que permita atribuir a Petronor un daño sanitario concreto, aunque mantiene el seguimiento de la situación. Por eso el debate debería formularse de otra manera: ¿cuánto riesgo ambiental estamos dispuestos a concentrar sobre un territorio y durante cuánto tiempo antes de considerar que existe una injusticia?

Por otra parte, ¿puede un territorio dejar de ser una zona de sacrificio cambiando el vocabulario tecnológico de las instalaciones que alberga? Si una refinería se transforma parcialmente en un complejo de hidrógeno, combustibles sintéticos, captura de carbono y nuevas infraestructuras energéticas, el paisaje industrial puede adquirir una apariencia verde sin que necesariamente cambie la lógica territorial fundamental: una gran concentración de instalaciones estratégicas en el mismo lugar, mientras la sociedad obtiene los beneficios generales de la actividad y la población local continúa soportando buena parte de sus riesgos, servidumbres e impactos.

La transición energética no consiste en sustituir una tecnología por otra conservando intacta la geografía de las cargas. De poco serviría abandonar el petróleo si el resultado fuera mantener los mismos territorios como espacios permanentemente disponibles para cualquier nueva infraestructura considerada estratégica. En Euskadi conocemos bien esa historia. Primero fueron las minas, después los altos hornos, las acerías, los astilleros, las químicas, las centrales, las infraestructuras portuarias y las grandes carreteras. Cuando unas actividades desaparecen, otras ocupan su lugar. Algunas zonas urbanas se transforman, mejoran y se revalorizan precisamente cuando dejan atrás los usos industriales que durante décadas soportaron.

Cuando un territorio industrial se vuelve atractivo para vivir, desaparecen las industrias y cuando deja de ser atractivo para vivir, reaparecen las razones para instalar industrias. Eso debería obligarnos a revisar una idea muy arraigada en nuestra cultura política: que determinados lugares son adecuados para sacrificar porque ya están sacrificados. Es una lógica perversa. Primero se degrada un territorio y después se utiliza su degradación previa como argumento para seguir cargándolo de infraestructuras molestas.

Una democracia no debe limitarse a repartir los beneficios de la industrialización. También debe repartir sus costes. Y si los costes siempre terminan en los mismos lugares, mientras los beneficios se extienden por todo el territorio, quizá haya llegado el momento de empezar a hablar de injusticia territorial. Ese es, en el fondo, el significado político de una “zona de sacrificio”: un lugar al que se le ha dicho demasiadas veces que su sacrificio es necesario para que otros puedan vivir mejor. El verdadero progreso comenzará cuando dejemos de considerar necesario que alguien tenga que sacrificarse.