La situación patrimonial y arquitectónica del Puerto Viejo de Algorta atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. El conflicto no se limita a una discusión técnica sobre alineaciones urbanísticas o modificaciones administrativas: lo que está en juego es la continuidad histórica de un enclave cuya singularidad reside en la fragilidad de su equilibrio urbano. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Getxo (publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia el pasado 3 de agosto y que entrará en vigor mañana martes 25) introduce una reordenación que, lejos de reforzar la protección del conjunto, altera la delimitación establecida por el Decreto 89/2001 del Gobierno Vasco para el Conjunto Monumental. No es un mero ajuste cartográfico. Modificar el perímetro protegido implica redefinir qué merece ser preservado y qué puede quedar expuesto a operaciones urbanísticas futuras. En la práctica, supone retirar el amparo patrimonial sobre áreas que hasta ahora formaban parte inseparable de la unidad histórica del barrio.

La gravedad de esta decisión radica en que el valor del Puerto Viejo no depende de edificios aislados, sino de la continuidad ambiental y morfológica del conjunto: la escala de las calles, la relación entre las viviendas y el espacio público, las perspectivas visuales, la topografía y la densidad construida. Desproteger fragmentos concretos significa romper esa coherencia acumulada durante siglos. Cuando un conjunto histórico pierde partes de su tejido original, no se produce únicamente una transformación física, se altera también la memoria urbana que permite reconocerlo como un lugar singular y no como un escenario reelaborado.

Por ello, al haber redefinido este PGOU el perímetro protegido por el Gobierno Vasco como conjunto monumental, reduciendo el área, se abre la puerta a intervenciones que los organismos patrimoniales de la Diputación de Bizkaia han considerado incompatibles con los valores culturales que justificaron esa declaración monumental. Esta reducción, unida a la construcción prevista de seis nuevos edificios de viviendas, tiene unas consecuencias que se concretan en amenazas directas sobre valiosos inmuebles y espacios. Así, el planeamiento contempla: (1) dos edificios nuevos en sendos emplazamientos que ahora están dentro del área protegida pero que, con el nuevo perímetro, quedan afuera; (2) otros dos edificios nuevos que aparecerían tras el derribo del 13 y el 15 de la calle San Nicolás (las casas Mariena y Bakione); (3) otras dos construcciones sobre parcelas (jardines) correspondientes a dos edificios, que hasta ahora habían permanecido al margen de la presión edificatoria, obviando que el Decreto de protección afecta al conjunto completo, incluidas parcelas, calles o plazas; y (4) la transformación parcial de la placita del Doctor Bilbao.

No se trata tan sólo de la pérdida material de determinadas construcciones, sino de la desaparición de piezas que participan de una estructura histórica colectiva. En conjuntos como el Puerto Viejo, incluso las edificaciones más modestas desempeñan una función esencial en la configuración del paisaje urbano. La lógica patrimonial contemporánea ya no se centra en conservar edificios monumentales de manera aislada, sino en proteger la atmósfera histórica que nace de la relación entre todos los elementos que integran el tejido urbano.

Resulta inquietante que el Ayuntamiento se haya empeñado en mantener esta línea de actuación pese a la contundencia de los informes técnicos emitidos por los organismos competentes en materia patrimonial. Dichos informes advertían de forma explícita que varias determinaciones del PGOU no se ajustan a la normativa vigente de protección cultural. Sin embargo, lejos de corregir el planeamiento para adecuarlo a esas observaciones, el consistorio optó por sostener un pulso institucional que revela una concepción profundamente instrumental del patrimonio. La conservación histórica pasa así a percibirse como un obstáculo para determinadas operaciones urbanísticas y no como un límite legítimo derivado del interés colectivo. Esa tensión entre desarrollo inmobiliario y preservación cultural no es nueva, pero en este caso adquiere una dimensión muy preocupante porque afecta a uno de los enclaves más reconocibles de la identidad costera vizcaína.

A ello el PGOU de Getxo suma una estrategia de desprotección más amplia que afecta a decenas de edificios incluidos hasta ahora en los catálogos municipales de conservación. La exclusión de 42 inmuebles del listado de protección no puede analizarse sólo desde criterios técnicos de valoración arquitectónica. Aunque es cierto que algunos casos podrían admitir discusión acerca de su relevancia patrimonial, en otros la ausencia de justificaciones sólidas resulta difícil de explicar. La sensación que emerge es la de un progresivo vaciamiento de las herramientas de tutela urbana para facilitar futuras operaciones edificatorias. El caso de la casa Dilizena resulta paradigmático en este sentido. La descatalogación se ha defendido apelando a la necesidad de ensanchar la vía para garantizar el acceso de ambulancias y servicios de emergencia. Sin embargo, ese argumento convive con la percepción, ampliamente compartida, de que el verdadero objetivo consiste en liberar suelo susceptible de aprovechamiento residencial. La apelación a la movilidad o a la accesibilidad termina funcionando, así, como un discurso legitimador de transformaciones cuya lógica principal parece responder a intereses inmobiliarios.

Esta dinámica entra en colisión con los criterios del Centro de Patrimonio Cultural Vasco y también con una doctrina jurídica consolidada. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que un inmueble protegido no puede ser descatalogado arbitrariamente mientras subsistan los valores que motivaron su inclusión patrimonial. La protección no constituye una concesión reversible según las necesidades coyunturales del planeamiento urbano, sino una obligación vinculada al interés general y a la transmisión del legado histórico. Ignorar esas advertencias supone desplazar el debate desde el ámbito técnico hacia el terreno de la arbitrariedad política.

El conflicto del Puerto Viejo refleja la cuestión sobre el modelo de ciudad que se pretende construir. Bajo conceptos aparentemente incuestionables como modernización, regeneración o mejora de la movilidad, se está produciendo una erosión progresiva de los límites que históricamente habían contenido la presión urbanística sobre los conjuntos patrimoniales. El riesgo no reside sólo en la desaparición de determinados edificios, sino en la banalización del propio concepto de patrimonio: convertirlo en un elemento negociable, subordinado a las oportunidades de crecimiento inmobiliario y no a una estrategia de conservación cultural a largo plazo. Cuando eso ocurre, los centros históricos dejan de ser espacios vivos cargados de memoria para convertirse en escenarios descontextualizados, desprovistos de la autenticidad que les otorgaba sentido.

El Puerto Viejo de Algorta no necesita una transformación que diluya su identidad bajo parámetros urbanísticos genéricos. Necesita lo contrario: una política de protección coherente, rigurosa y consciente de que su valor reside en aquello que no puede reproducirse una vez destruido. La conservación patrimonial nunca debería entenderse como una rémora frente al progreso, sino como una forma de garantizar que la evolución de la ciudad no implique la pérdida irreversible de aquello que la hace reconocible y única.

Frente al liberalismo urbanístico municipal (menos normas, reducción de los ámbitos regulados, menor control y menor atención a los valores culturales), el pasado 30 de julio una iniciativa ciudadana presentó ante el Consejo del Patrimonio Cultural Vasco un escrito mediante el que advertía que el Ayuntamiento no ha cumplido las condiciones señaladas por dicho Consejo en su informe sectorial para poder emitir un pronunciamiento favorable al PGOU. Esas condiciones consisten, en esencia, en adecuar la delimitación del Puerto Viejo a lo establecido en el Decreto de protección y en corregir, dentro de su perímetro, aquellas determinaciones urbanísticas que resultan incompatibles con dicho régimen, cuestiones expuestas en los párrafos anteriores. Al menos cabe reconocer que en Getxo hay ciudadanos dispuestos a ejercer responsablemente su papel; ojalá pueda decirse lo mismo de las instituciones encargadas de proteger su patrimonio.