A la vista de lo anterior, tengo mis dudas ahora sobre si la solicitud planteada por los vecinos y la AMPA llegará a la mesa de esta CPB. Entre sus tareas concretas de establecer criterios y elaborar informes se encuentra la de «informar… sobre la incoación de expediente de declaración de Bienes Culturales«, pero como Bien Cultural es una figura derivada de la Ley Vasca de Patrimonio, se entiende que es solamente el Gobierno Vasco quien solicita esos informes a la CPB y que los edificios así informados por ésta, caso de ser declarados Bien Cultural (calificación del Gobierno), pasan a integrar el nivel A (calificación del Ayuntamiento) dentro de los cinco previstos por el PGOU.

Sin embargo, no queda claro si la CPB también informa sobre posibles declaraciones de protección municipal para los niveles B, C, D y conjuntos de interés arquitectónico y ambiental cuando las solicitudes llegan al Ayuntamiento por otras vías distintas de la gubernamental, como pueden ser las asociaciones vecinales, los historiadores, las universidades…

Si el cometido de la Comisión consiste en emitir informes sobre los proyectos de intervención que se pretendan llevar cabo en edificios o elementos que YA ESTÁN protegidos como Bien Cultural o por alguna de las otras categorías municipales, cabe deducir que no informa sobre edificios que podrían llegar a estar protegidos si alguien lo planteara justificadamente ni si, a la vista de lo anterior, le corresponde o tiene la capacidad para proponer y decidir la protección de inmuebles y conjuntos con algún tipo de valor. Sus Normas Reguladoras no le atribuyen esa capacidad explícitamente, pero tampoco se la niegan o la adscriben en exclusiva a otra entidad, así que se puede suponer que, al menos, los integrantes de la Comisión pueden plantear propuestas de protección a iniciativa personal.

Queda la duda, por tanto, acerca de quiénes tienen capacidad para proponer al Ayuntamiento protecciones para edificios concretos, quién es la persona u órgano que decide qué edificios merecen la protección municipal y en qué nivel de protección quedan situados, porque el PGOU tampoco lo dice en sus otros Títulos y Capítulos. Mucho me temo que estas cuestiones quedan en manos de los técnicos -arquitectos, urbanistas y abogados- del Área de Planificación Urbana y que las nuevas incorporaciones suceden cada vez que hay un nuevo PGOU. En otras palabras, como dice el antes entrecomillado párrafo, esta cuestión queda «a juicio de los servicios técnicos municipales, (cuando) tenga cierta relevancia» si así lo consideran.

Volveremos sobre esto último. Ahora sigamos. Dado que el régimen de sesiones ordinarias de la CPB plantea una periodicidad mensual, siempre que existan asuntos a tratar (por cierto, ¿quien decide si hay asuntos a tratar?), se supone que la solicitud del AMPA del Cervantes y los vecinos de Abando será estudiada en breve, antes del 15 de agosto. También cabe la posibilidad de que, a solicitud de la Presidencia de la Comisión, pueda realizarse una sesión de carácter extraordinario, siempre y cuando se convoque a todos los miembros con una antelación de cuarenta y ocho horas. Esperemos que en sesión ordinaria o en una extraordinaria la solicitud presentada sea debatida con urgencia porque la licencia de derribo del conjunto cuya protección se demanda ya ha sido solicitada por la propiedad, aunque todavía no concedida. Se está a tiempo para el debate.

El motivo por el que quería escribir sobre esta CPB desde hace meses es por la extrañeza que me provocan los integrantes que la componen. Dado que los valores que usualmente se protegen en estos edificios y lugares son de carácter histórico, artístico, simbólico, botánico o arqueológico parecería lógico que sus integrantes fueran, a medias, arquitectos e historiadores, con la colaboración puntual de arqueólogos, botánicos y algún sociólogo urbano.

Arquitectos por cuanto se trata de piezas urbanas con cuyas presencias la gestión municipal debe lidiar en la actualidad de cara al futuro; e historiadores porque los valores y cualidades que les hacen ser merecedores de conservación y transmisión al futuro se basan en las investigaciones y análisis históricos que los han sancionado como relevantes o singulares.

Si lo que convierte a estos edificios en elementos singulares es una cuestión de historia cultural ¿por qué el Área de Cultura no tiene responsabilidad sobre sus decisiones? ¿o por qué, al menos, no la tiene en la misma medida que Planificación Urbanística, que es el Área de la que hoy por hoy depende en exclusiva? Sin ir muy lejos, tanto en el Gobierno Vasco como en las Diputaciones Forales los temas del Patrimonio son competencia de los respectivos departamentos de Cultura y no de Urbanismo u Ordenación del Territorio.

En cuanto a los integrantes de la CPB, lo que dice su norma «Segunda: Composición de la Comisión del Patrimonio» es lo siguiente: