Ayer, 5 de noviembre, se hizo pública la noticia de que el edificio 19 de la calle General Concha (maestro de obras Daniel Escondrillas Abásolo, 1909), esquina con Fernández de Campo, será vaciado para construir viviendas de alto nivel adquisitivo. El hecho de estar considerado de interés histórico y catalogado por el ayuntamiento de Bilbao con categoría de protección C, sólo servirá para preservar sus dos fachadas y las tres cúpulas sobre los cuerpos de miradores; lo demás, esto es, toda la arquitectura interior, desaparecerá. La licencia «está al caer». Un tipo de intervención cada vez más frecuente, lamentablemente.
En las últimas décadas se ha consolidado en buena parte de Europa una forma de intervenir en edificios históricos protegidos que, pese a haberse vuelto habitual, sigue generando incómodas preguntas. Consiste en conservar la fachada o los muros exteriores mientras se vacía por completo el interior. El llamado fachadismo suele presentarse como una solución de compromiso entre la protección patrimonial y las exigencias del desarrollo urbano. Sin embargo, cuanto más se examina, más difícil resulta sostener que responda a los fines que justifican la conservación.
Las consecuencias son conocidas. Se pierde de forma irreversible parte de la autenticidad del bien, se debilita el sistema de protección porque cada excepción crea un precedente y, con frecuencia, se favorecen procesos de sustitución de usos y poblaciones asociados a dinámicas de gentrificación. El resultado son edificios extraños, donde la imagen histórica permanece en pie mientras todo lo demás ha sido sustituido.
No se trata tan sólo de una cuestión arquitectónica. En realidad, el debate afecta a algo más profundo: qué entendemos por patrimonio, qué significa conservarlo y hasta qué punto el derecho está dispuesto a defenderlo cuando entra en conflicto con determinados intereses económicos.
Desde la doctrina patrimonial, un edificio protegido nunca ha sido sólo su fachada. Tanto los documentos internacionales como los textos de referencia impulsados por organismos como ICOMOS entienden el monumento como una realidad compleja en la que intervienen estructuras, espacios, técnicas constructivas, usos históricos y transformaciones acumuladas a lo largo del tiempo. Reducirlo a su envolvente exterior implica simplificar esa complejidad hasta convertirla en algo casi simbólico.
La presión inmobiliaria ayuda a explicar por qué esta práctica se ha extendido tanto. En áreas urbanas muy cotizadas, los edificios históricos se convierten en activos de gran valor económico. La fachada aporta prestigio, singularidad e identidad urbana; el interior, por el contrario, suele percibirse como una limitación. Muros de carga, alturas irregulares o distribuciones complejas dificultan la implantación de usos más rentables. Vaciar el edificio permite comenzar de nuevo sin renunciar al atractivo comercial que proporciona su apariencia histórica.
Por eso la fachada termina funcionando muchas veces como una especie de coartada cultural para una operación en esencia económica. El patrimonio deja de ser un valor a preservar por sí mismo y pasa a conservarse en la medida en que no dificulte la rentabilidad del inmueble.
La Carta de Venecia resulta muy clara en este punto. Conservar no significa mantener aquello que se ve desde la calle, sino respetar la autenticidad material y espacial del bien. Cuando se vacía un edificio protegido y se conserva sólo su envolvente, la alteración es profunda, aunque a la vista el inmueble parezca continuar en pie. La operación puede ajustarse a determinadas interpretaciones normativas, pero no encaja con el espíritu de los principios internacionales de conservación.
Y, sin embargo, muchas legislaciones no prohíben este tipo de intervenciones. Cuando la protección afecta sólo a determinados elementos o cuando las categorías de catalogación son ambiguas, el vaciado interior puede acabar legitimándose mediante informes técnicos y autorizaciones válidas desde un punto de vista administrativo.
Ahí aparece una cuestión importante. La legalidad de una actuación no garantiza necesariamente que responda a la finalidad de proteger. Si los elementos históricos que justificaban la protección desaparecen en su práctica totalidad, el edificio queda, en términos patrimoniales, alterado, aunque continúe ofreciendo al exterior una imagen reconocible. La frecuencia con la que se autorizan estas operaciones parece reflejar una interpretación cada vez más flexible del concepto de conservación.
A menudo se presenta el fachadismo como un mal menor. Se argumenta que siempre será preferible conservar una fachada antes que permitir la ruina o la desaparición completa del inmueble. Pero la ruina rara vez constituye un fenómeno inevitable. En muchos casos es consecuencia de años de abandono, de insuficiente inversión pública o privada y de marcos normativos poco exigentes. Existen alternativas más respetuosas con la integridad de los edificios, aunque suelen requerir más tiempo, más recursos y una menor obsesión por obtener rendimientos inmediatos.
Todo ello afecta además al acceso colectivo al patrimonio. Lo que se pierde no es sólo un conjunto de elementos constructivos, sino una parte de la memoria material que permite comprender cómo fueron concebidos y utilizados esos edificios. Cuando el interior desaparece, desaparecen huellas históricas que ninguna reconstrucción posterior puede devolver. Si a un libro se le arrancan las páginas interiores para conservar la portada y la contraportada, ¿qué se protege?
El vaciamiento de edificios protegidos ocupa, por eso, una posición incómoda. No constituye una demolición en sentido estricto, pero tampoco puede identificarse sin más con la conservación. Aunque encuentre acomodo en interpretaciones flexibles de la legislación, entra en tensión con principios fundamentales como la autenticidad, la integridad y la transmisión de los valores patrimoniales a las generaciones futuras.
Reducir la protección a la fachada no conserva el patrimonio: lo transforma en una imagen. Y cuando el derecho se limita a legitimar ese proceso, corre el riesgo de abandonar su función protectora para adaptarse a lógicas que le son ajenas. En el fondo, la cuestión sigue siendo bastante simple: decidir si el patrimonio es un bien común dotado de valor propio o un recurso más al servicio del mercado. La experiencia reciente sugiere que, con demasiada frecuencia, la balanza se inclina hacia esta última opción.
Quizá dentro de unos años logremos perfeccionar aún más el sistema. Bastará con conservar una esquina de fachada, la necesaria para la fotografía promocional, y reconstruir todo lo demás con materiales impecables y memoria histórica incorporada de serie. Los visitantes podrán recorrer edificios relucientes, libres de cualquier incomodidad estructural o de cualquier huella del tiempo, mientras una placa discretamente orgullosa les informa de que allí se respetó escrupulosamente el patrimonio. Y así, entre decorados preservados con cuidado e interiores recién salidos de catálogo, habremos alcanzado una solución admirable: conseguir que la historia sobreviva sin necesidad de existir.
/ Javier González de Durana /
