La noticia de que el Ayuntamiento de Éibar ha alcanzado un acuerdo para adquirir el edificio del antiguo El Corte Inglés, situado en la calle Egogain, por nueve millones de euros más IVA merece ser recibida con satisfacción. No todos los días una ciudad tiene la oportunidad de incorporar a su patrimonio público un inmueble de semejantes dimensiones, situado en un emplazamiento céntrico y dotado de posibilidades de utilización muy amplias. Menos frecuente todavía es que pueda hacerlo por un precio que, teniendo en cuenta la magnitud del edificio y sus instalaciones, parece ventajoso. La operación representa una oportunidad urbana que convendría aprovechar con inteligencia, sentido práctico y una visión generosa de las necesidades futuras de Éibar.

La importancia de esta adquisición se comprende mejor si se considera la particular configuración física de la ciudad. Éibar ha crecido a lo largo del tiempo en un territorio estrecho, de pronunciadas pendientes, donde viviendas, industrias, equipamientos e infraestructuras han debido disputarse un suelo escaso. Su desarrollo urbano ha sido un ejercicio continuado de aprovechamiento intensivo del espacio disponible. Por eso, disponer de un edificio de estas dimensiones, ya construido y situado en una posición central, supone ganar un espacio excepcional en una ciudad donde cualquier posibilidad de desahogo adquiere un valor considerable.

La primera ventaja reside en sus casi setecientas plazas de aparcamiento. Éibar conoce bien las dificultades que ocasiona la falta de estacionamientos, tanto a sus residentes como a quienes acuden a trabajar, realizar gestiones o participar en actividades sociales y culturales. Recuperar una infraestructura de esta capacidad puede aliviar mucho una de las incomodidades cotidianas de la ciudad. Su gestión debería responder a criterios de utilidad pública, sin olvidar que el aparcamiento puede contribuir al sostenimiento económico del conjunto.

Pero el verdadero interés de la adquisición no termina en los sótanos. Las plantas superiores ofrecen la posibilidad de reunir servicios municipales en la actualidad dispersos, algunos instalados en locales que quizá no reúnen las mejores condiciones de accesibilidad, comodidad o funcionamiento. Concentrar determinadas dependencias administrativas permitiría mejorar la atención ciudadana y racionalizar gastos de mantenimiento y alquileres. También podría liberar otros inmuebles municipales para usos diferentes, desencadenando una reorganización de espacios cuyo beneficio se extendería más allá del propio edificio adquirido.

Entre los nuevos destinos del inmueble deberían ocupar un lugar destacado las actividades culturales. Éibar posee una trayectoria industrial, social y asociativa que constituye una parte esencial de su personalidad colectiva. La cultura no debería entenderse como un complemento ornamental de los servicios administrativos, sino como una de las funciones capaces de proporcionar al edificio una nueva centralidad ciudadana. Salas para exposiciones temporales, espacios de encuentro, talleres de creación, actividades educativas, conferencias o instalaciones destinadas a asociaciones culturales podrían encontrar acomodo en una superficie extensa como para permitir programas diversos y compatibles. Existe, además, el antecedente de una propuesta de traslado del Museo de Portalea, que convendría estudiar atendiendo a las condiciones museográficas necesarias.

Desde el punto de vista arquitectónico, conviene evitar cualquier entusiasmo injustificado. El antiguo El Corte Inglés no es una gran obra de arquitectura. Pertenece a esa familia de edificios comerciales reconocibles por una imagen corporativa que se repite, con variaciones menores, en numerosas ciudades españolas. Es una arquitectura típica «corteinglesa»: volúmenes contundentes, fachadas concebidas para identificar una marca y una expresión exterior subordinada a la eficacia comercial del establecimiento. Su interés no reside en una originalidad formal sobresaliente ni en una aportación significativa a la arquitectura contemporánea.

En todo caso, sería un error emprender una costosa operación de maquillaje exterior destinada a disimular su procedencia comercial o a conferirle una apariencia institucional. El edificio fue lo que fue y no hay ninguna razón para ocultarlo. Su imagen forma parte de una etapa de la historia reciente de Éibar y conservarla permitiría reconocer, con el paso del tiempo, la transformación de un gran establecimiento privado en un equipamiento público. La arquitectura también conserva memoria a través de construcciones ordinarias, sin especiales méritos artísticos, que adquieren significado por los usos que albergaron y por los cambios que experimentaron.

A esta razón histórica se añade otra todavía más convincente: la económica. No parece sensato gastar importantes cantidades de dinero en transformar unas fachadas que, salvo necesidades técnicas justificadas, pueden continuar cumpliendo su función. Los recursos deberán destinarse al interior, donde sí serán necesarias inversiones para adaptar las instalaciones a los nuevos usos, garantizar la accesibilidad y cumplir las exigencias de seguridad y utilidad. La transformación funcional requerirá proyectos rigurosos y presupuestos realistas, evitando gastos de representación arquitectónica exterior que nada sustancial añadirían a su utilidad.

Hay, por último, un aspecto de esta noticia que merece una consideración especial. Durante décadas hemos asistido a un movimiento persistente de transferencia de bienes, instalaciones y servicios desde el ámbito público hacia el privado. Las privatizaciones, las ventas de patrimonio y la externalización de actividades han formado parte habitual de la gestión de numerosas administraciones. En Éibar se anuncia ahora una operación en sentido contrario: un gran inmueble concebido para la actividad comercial privada pasará, si se culmina el acuerdo, a integrarse en el patrimonio de todos los ciudadanos. No es una circunstancia menor. Lo que antes respondía a las necesidades de una empresa podrá ponerse al servicio de necesidades colectivas, y su utilidad dejará de medirse por su rentabilidad mercantil.

Por supuesto, hay que financiar la adquisición, acondicionar el edificio, establecer un programa coherente de ocupación y garantizar que los costes futuros sean sostenibles. Pero estas obligaciones no disminuyen el alcance de la oportunidad; exigen administrarla con responsabilidad.

Después de cinco años cerrado, aquel enorme contenedor comercial puede recuperar la actividad y convertirse en un lugar frecuentado por motivos muy diferentes de los que justificaron su construcción. Donde antes se acudía a comprar, mañana se podrá ir a realizar gestiones, participar en actividades culturales, encontrarse con otras personas o utilizar servicios públicos. Esa transformación del consumo privado en utilidad colectiva constituye el significado más interesante de toda la operación. Sin necesidad de grandes gestos arquitectónicos ni de costosas operaciones de imagen, Éibar tiene ante sí la posibilidad de ganar espacio, mejorar servicios y enriquecer su vida ciudadana. Una magnífica noticia para una ciudad que sabe, mejor que muchas otras, cuánto vale cada metro cuadrado de suelo disponible.