Hay palabras que, utilizadas con la suficiente insistencia, acaban por convertirse en coartadas. «Extremo» parece ser una de las favoritas de ciertos responsables públicos cuando la realidad desborda sus previsiones, sus infraestructuras o su capacidad de respuesta. Tras las recientes inundaciones en el Casco Viejo de Bilbao, el concejal de Planificación Urbana ha encontrado en la expresión «lluvia extrema» una explicación suficiente para justificar que el agua anegara comercios y bajos de viviendas, ocasionara cuantiosos daños materiales y pusiera en dificultades a numerosos ciudadanos. Según sus declaraciones, el alcantarillado funcionó adecuadamente, pero ninguna red de ninguna ciudad está preparada para semejantes precipitaciones. Dicho de otro modo: todo funcionó bien, aunque el resultado fuera desastroso. Una conclusión tan tranquilizadora para quien la pronuncia como desconcertante para quienes tuvieron que sacar el agua de sus establecimientos.
Llama la atención la desenvoltura con que se utiliza el adjetivo «extremo», como si su mera pronunciación le dispensara de dar explicaciones. ¿Dónde sitúa con exactitud el concejal ese extremo? Porque un extremo es, por definición, un límite, el punto más alejado de una escala. Si las precipitaciones registradas, 67 litros por metro cuadrado en menos de dos horas, merecen semejante calificación, ¿cómo deberíamos denominar las que padeció Bilbao en agosto de 1983? ¿Superextremas? ¿Ultraextremas? ¿Más allá de cualquier extremidad? Las palabras importan cuando se utilizan para establecer responsabilidades, y mucho más cuando sirven para eludirlas. Lo que no resulta admisible es emplear el término como una especie de conjuro administrativo que convierte cualquier desastre en inevitable.
El razonamiento municipal descansa sobre una contradicción: el alcantarillado funcionó bien, pero las calles y los locales se inundaron porque el agua no pudo ser evacuada. Es posible, desde luego, que una red de saneamiento se encuentre operativa y, sin embargo, resulte insuficiente ante determinadas precipitaciones. Pero esa distinción, lejos de cerrar el debate, debería abrirlo. Porque el problema no consiste tan sólo en saber si las tuberías estaban limpias, sino en determinar si el sistema tiene capacidad suficiente para cumplir la función que justifica su existencia.
¿Para qué está, entonces, el alcantarillado? ¿Para recoger el xirimiri, las lluvias moderadas y alguna tormenta que tenga la cortesía de no superar las previsiones municipales? ¿O para proteger la ciudad frente a episodios de precipitación intensa, incluidos aquellos excepcionales que someten las instalaciones a una exigencia extraordinaria? Nadie sensato pretende que exista una red capaz de absorber cualquier cantidad imaginable de agua. Toda infraestructura tiene límites físicos, técnicos y económicos. Por eso resulta indispensable conocerlos, explicarlos y adoptar las medidas necesarias para reducir sus consecuencias. La existencia de un límite no exonera de responsabilidad a quien debe evaluar si ese límite continúa siendo aceptable.
Más inquietante todavía es la contradicción entre la versión municipal y los testimonios de los comerciantes. Mientras el concejal asegura que las arquetas estaban limpias y que el sistema evacuaba hacia el colector principal, varios afectados sostienen que los propios bomberos les comunicaron que estaban atascadas. Si existieron atascos, corresponde determinar dónde se produjeron, cuál era su naturaleza, cuánto tiempo llevaban allí y qué labores de mantenimiento se habían realizado. Y si no existieron, el Ayuntamiento debería demostrarlo mediante los correspondientes informes técnicos. Las declaraciones de un concejal no constituyen por sí mismas una prueba del correcto funcionamiento de una infraestructura, del mismo modo que los testimonios de los afectados merecen algo más que una descalificación implícita.
Conviene recordar, además, que las inundaciones de 1983 no deben permanecer como un episodio traumático de la memoria colectiva bilbaína. Constituyen una referencia histórica para comprender la vulnerabilidad de la ciudad ante el agua. Aquellas inundaciones respondieron a circunstancias hidrológicas y meteorológicas que no tienen por qué coincidir con las actuales. Pero la comparación resulta pertinente porque obliga a preguntarse qué hemos aprendido desde entonces, qué inversiones se han realizado, qué riesgos persisten y hasta qué punto estamos preparados para afrontar acontecimientos que, sin alcanzar aquella magnitud, pueden provocar daños considerables. Cuarenta y tres años después, no parece satisfactorio que la explicación ofrecida a quienes encuentran sus negocios inundados consista en recordarles que ha llovido demasiado.
Existe, además, una circunstancia que vuelve menos convincente la apelación a la excepcionalidad. El debate sobre el cambio climático ha puesto de relieve la posibilidad de que determinados fenómenos meteorológicos alcancen intensidades mayores, aunque no exista una relación automática entre el calentamiento global y cada episodio concreto de lluvias torrenciales, ni pueda afirmarse que estos estén aumentando de manera uniforme en todas partes. La variabilidad climática siempre ha existido y Bilbao conoce, por experiencia histórica, precipitaciones extraordinarias muy anteriores a las actuales preocupaciones ambientales. Por tanto, no se trata de atribuir estas inundaciones al cambio climático sin pruebas que lo justifiquen, sino de reconocer que las lluvias intensas, cualquiera que sea su causa, constituyen un riesgo conocido y documentado con amplitud. La cuestión decisiva no es si estos acontecimientos serán más frecuentes en el futuro, sino si las infraestructuras urbanas están preparadas para afrontarlos con una eficacia razonable. La excepcionalidad meteorológica no debe utilizarse para eludir el examen de las responsabilidades municipales.
Si mañana vuelve a llover con intensidad semejante, ¿volveremos a escuchar que la red funcionó de maravilla y que la culpa fue, una vez más, de una lluvia situada convenientemente fuera de los límites de lo previsible? Una lluvia intensa puede explicar una inundación, pero no demuestra por sí sola que esta fuera inevitable. La responsabilidad política no exige controlar las nubes, sino conocer las debilidades de la ciudad, anticipar los riesgos y responder de las decisiones adoptadas o aplazadas.
Al final, todo parece depender del lugar donde el concejal decida colocar el extremo. Si cada vez que el alcantarillado resulte insuficiente se desplaza un poco más ese límite, siempre podrá encontrarse una intensidad de lluvia que justifique lo sucedido. Hoy serán 67 litros; mañana, quizá 80 o 100 o 25. Y así, mediante una ingeniosa elasticidad del lenguaje, la responsabilidad municipal se irá desplazando a la misma exacta velocidad con que avance el agua. ¡Qué ingenioso!
/ Javier González de Durana /
