/ Javier González de Durana /

Hace unos días, de paseo, me acerqué al solar donde hasta hace poco se levantaba el palacete Irurak Bat, en Getxo. Me detuve unos segundos y traté de recordar cómo era aquel edificio. A pesar de haber desaparecido hace apenas un par de años, su aspecto se me había empezado a desdibujar y sólo sentí presentes el vacío, algunos cascotes entremezclados con la tierra y la sensación incómoda de estar contemplando algo que no tiene remedio. Hay pérdidas que se anuncian con argumentos y otras que, sólo con mucha dificultad (y, a veces, ni aún así), se empiezan a comprender cuando ya se han consumado. 

Hay algo que resulta difícil de digerir en todo lo que está ocurriendo con el llamado “caso palacete”. No hablo de la discusión jurídica, que tiene sus matices y complejidades. Hablo de una cuestión mucho más simple: un edificio histórico ha desaparecido y existe la posibilidad de que nadie responda por ello.

El palacete ya no está. No estamos ante una amenaza, ni ante una controversia urbanística pendiente de resolver. El derribo se produjo. El edificio ha desaparecido del paisaje de Getxo. Lo que durante más de un siglo formó parte de la historia del municipio fue reducido a escombros para levantar una promoción de viviendas de lujo. Ese es el punto de partida. Todo lo demás viene después.

Por eso cuesta entender que el futuro de la causa pueda quedar condicionado por una sentencia referida a otro inmueble y a otro procedimiento. Es indudable que los tribunales deben tener en cuenta los precedentes y aplicar la ley con arreglo a criterios jurídicos. Nadie discute eso. Pero también es cierto que para muchos ciudadanos la situación resulta desconcertante. Da la impresión de que, una vez consumado el daño, empieza una carrera para demostrar que el asunto quizá no fue tan grave, que quizá la protección no era la que parecía ser o que quizá las responsabilidades no estaban tan claras.

Mientras tanto, el edificio sigue sin existir.

Lo preocupante no es lo que pueda ocurrir con este caso concreto, sino el mensaje que deja. Porque si después de años hablando de protección patrimonial, de conservación de la memoria urbana y de la importancia de preservar edificios históricos, al final la consecuencia práctica es que un inmueble protegido puede desaparecer sin que ocurra nada, la conclusión es bastante desoladora. En Euskadi llevamos décadas escuchando discursos sobre la importancia del patrimonio. Se organizan jornadas, congresos, exposiciones y campañas institucionales. Se redactan catálogos y normativas. Se habla de identidad, de memoria y de legado cultural. Todo eso está muy bien. Pero la verdadera prueba llega cuando aparecen intereses económicos importantes sobre la mesa. Es entonces cuando se comprueba si la protección era real o decorativa.

Y la historia reciente no invita al optimismo. Son demasiados los edificios históricos que han desaparecido en nombre del progreso, de la regeneración urbana o de operaciones inmobiliarias supuestamente beneficiosas para todos. Siempre hay una justificación. Siempre hay un informe. Siempre hay una explicación técnica. Lo que rara vez aparece es una asunción clara de responsabilidades cuando las cosas salen mal.

En este caso, además, la sensación de malestar aumenta por las circunstancias que rodean el asunto. No es un derribo cualquiera: implica a cargos públicos y técnicos municipales investigados, una promoción inmobiliaria de alto nivel económico y decisiones administrativas controvertidas. Para colmo, ahora aparece una sentencia favorable a las tesis de las defensas que amenaza con alterar por completo el rumbo de la investigación. Puede que jurídicamente sea impecable. Pero una cosa es la valoración jurídica y otra muy distinta la percepción que genera en la sociedad. Y la percepción es que, una vez más, quienes tienen recursos, influencia y buenos equipos de abogados parecen jugar una partida distinta a la del resto de la ciudadanía.

Lo que resulta irritante es que el debate ya no gira en torno al patrimonio perdido. Este ha desaparecido de la conversación. Ahora todo se centra en interpretaciones legales, competencias administrativas y cuestiones procedimentales. Es como si el hecho principal hubiera quedado relegado a un segundo plano.

Sin embargo, la realidad material es tozuda: los escombros siguen ahí.

Y esa es la razón por la que este asunto debería preocupar mucho más allá del resultado final del procedimiento. Porque cuando desaparece un edificio histórico no se pierde sólo una construcción. Se pierde una parte de la historia local, una pieza del paisaje urbano y un elemento que pertenecía, de una forma u otra, a toda la comunidad. Si la causa termina archivándose, habrá quien lo celebre como una victoria jurídica. Estarán en su derecho. Pero muchos ciudadanos tendrán la sensación de que el sistema ha vuelto a fallar en aquello que se suponía que debía proteger.

Al final, la pregunta que queda flotando es bastante sencilla. Si un edificio histórico puede ser derribado en estas circunstancias y después nadie responde por ello, ¿qué significa exactamente que un bien inmueble está protegido? Porque una protección que no protege cuando llega el momento decisivo sirve de muy poco. Y una sociedad que se resigna a perder su patrimonio sin consecuencias acaba acostumbrándose a que lo irreversible salga demasiado barato.

Aquel día, al dejar atrás el solar y continuar el paseo de bajada hacia el puerto viejo de Algorta me vino a la cabeza la idea de que dentro de unos años cualquiera que llegue de nuevas a Getxo no sabrá que allí hubo un edificio histórico. Verá unas viviendas, unas aceras, quizá unos jardines, y seguirá su camino. Sólo quienes conocieron el palacete recordarán que en ese lugar hubo algo distinto que no mereció el final que recibió por parte de personas que estaban obligadas a protegerlo y que quizás, sorprendentemente, vivan en alguna de las viviendas que ocupen el espacio que fue de aquel centenario inmueble.