En plena campaña electoral se ha dado a conocer la primera acción que acometerá el proceso de constituir una extensión del museo bilbaíno en Gernika y Murueta. Se trata de la demolición completa de las instalaciones industriales de la fábrica Dalia, localizadas en la villa foral. Hace unos meses reflexionábamos aquí que, frente a los numerosos puntos de vista expuestos por agentes mediambientalistas, temerosos de que esta iniciativa museística suponga un grave perjuicio para la Reserva de la Biosfera debido al abundante flujo de visitantes que aportaría a la zona, ese proyecto podría ser exactamente lo contrario de lo que se teme, esto es, que si se realiza con rigor y vigilancia severa y continuada, no sólo no tendría por qué ser causante de ningún mal, sino que, bien al contrario, podría aportar la solución para los muchos incumplimientos actuales y el remedio para muchos de los daños anteriormente causados a ese entorno natural. Rigor y vigilancia severa y continuada.
En aquella reflexión imaginábamos que los pabellones de Dalia no resultarían todos útiles para lo que se desee llevar a cabo en ese lugar y que, por tanto, alguno de ellos, sobre todo los más recientes, acabarían demolidos y que, bueno, tal perdida no tendría que extrañar ni ser motivo de lamento. Al contrario de lo que sucede con el edificio más antiguo, levantado a finales de los años 50, que no sólo es una pieza notable de arquitectura diseñada por un arquitecto relevante en su época, Luis María Gana, sino que, además, podría perfectamente adaptarse a las necesidades museísticas, fueran éstas administrativas o expositivas. Por tanto, mal comienzo.
Esta clase de edificios se conservan desde hace años en toda Europa, sobre todo cuando se reconvierten para cumplir funciones culturales. Su conservación implica una actitud de respeto hacia la historia del lugar y su cultura industrial, al adecuar lo existente a las nuevas necesidades, evitando derribos, gastos, consumo energético y aumento de la huella de carbono. Resulta chocante que en una zona donde se supone que cada ladrillo que se mueve está controlado, se de plácet a un derribo masivo para realizar una nueva construcción. ¿No resulta contradictorio con las argumentaciones ecológicas que aduce el museo para instalarse ahí? ¿se cumple con lo previsto por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2) (FCPJ), creado mediante el artículo 91 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible? Este instrumento de financiación climática, se concibe con el objetivo de generar actividad económica baja en carbono y resilente al clima, contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España y fomentar el desarrollo tecnológico para la descarbonización y la resiliencia del clima en sectores clave de la economía, mediante actuaciones de ámbito nacional. El derribo de Dalia no parece estar en línea con ese objetivo. Pues muy mal comienzo.
Si éste es el primer paso ¿cómo podemos confiar en que los siguientes no seguirán por esta senda? Se empieza faltando al rigor cultural, pues ese edificio es cultura -aunque no sea una pintura de Joan Miró-y se derriba. No se comprende aquí y no se comprende en una Europa culta y respetuosa con el legado material y constructivo de su pasado reciente. Los antiguas instalaciones industriales levantadas tras la 2ª Guerra Mundial en los alrededores de París y Berlín, después de haber quedado sin actividad, están siendo reconvertidas en centros de arte y cultura con respeto absoluto al medio ambiente, sin apenas cambios en sus configuraciones interior y exterior, y aquí, en Gernika, diciéndose respetuosos, metemos la piqueta y las excavadores. La verdad, un comienzo descorazonador.
Un asunto que llama la atención es que se haya decidido demoler todo sin que exista un proyecto de arquitectura sustitutorio. ¿Cómo se sabe que nada de lo existente servirá? ¿no se podría plantear al profesional al que se le encargue el diseño de ese pabellón museístico que vea si le interesa o le conviene preservar algo que dialogue con lo nuevo que imagine? Pudiera suceder que ese arquitecto sea más sensible que algunas autoridades locales. No quiero pensar que ya hay en algún cajón un proyecto para este lugar y que alguien ha decidido que no, que no hay nada que valga la pena frente a la posibilidad de instalar aquí una fantasiosa folie de autor…
En 1956 se empezaron a mover las tierras en el solar de Nueva York donde el museo diseñado por F. Ll. Wright se inauguraría en octubre de 1959. También en 1956 el arquitecto L. Mª Gana recibió de unos empresarios el encargo de diseñar la nueva fábrica de Dalia en Gernika, la cual se construiría en 1957 e inauguraría en 1958. Así pues, a pesar de las enormes diferencias entre uno y otro, ambos edificios pertenecen a un mismo tiempo y descienden de la misma estirpe: el de Gernika es hijo directo de las enseñanzas funcionalistas de la Bauhaus y el de Nueva York también lo es tras haber evolucionado el pensamiento racionalista hacia el organicismo. Un poco de respeto del hermano mayor hacia el hermano pequeño, por favor.
La Catedral de León fue el primer Monumento Nacional declarado en España, con fecha del 28 de agosto de 1844. Lo religioso y lo político (ligadas a la idea de la Reconquista) ya estaban unidos en esta decisión.
¿A qué se debe que en los últimos tiempos las agresiones al patrimonio arquitectónico de valor histórico y artístico se estén multiplicando en forma de derribos, vaciamientos de interiores edificados y elaboraciones de falsedades historicistas, todo ello con las preceptivas autorizaciones legales? Hagamos un breve repaso.
En ciertos momentos, no muy lejanos, en los países de Occidente determinadas construcciones fueron consideradas valiosas para las comunidades en las que se hallaban y, por ello, merecieron recibir el amparo de ayuntamientos en sus planes urbanísticos, de gobiernos autonómicos con sus calificaciones de protección y de los gobiernos nacionales con sus declaraciones de Bien de Interés Cultural. Se lograba que tales normas y calificaciones garantizasen su cuidado y protección de cara a ser transmitidas al futuro, como significativos y admirables elementos edificados por las sociedades precedentes. Todas esas administraciones públicas actuaron así porque entendieron que tal patrimonio era importante para las comunidades en que estaba inmerso y porque, aunque gran parte de él fuese de propiedad privada, con su presencia en los espacios públicos durante años o siglos habían terminado convirtiéndose en destacadas señas de identidad ambiental, además de hitos locales, regionales o nacionales levantados con mucho esfuerzo físico y económico, habilidad constructora y creativa imaginación por los antepasados de tales comunidades.
Los primeros edificios que merecieron protección administrativa durante la segunda mitad del siglo XIX en Europa fueron aquellos que estaban ligados a los mitos fundacionales y a las consideradas esencias de los respectivos países. Así, palacios reales, castillos, fortalezas, catedrales, iglesias, monasterios, ermitas, lugares donde sucedieron determinados actos heroicos, ruinas de antiguas ciudades arrasadas, lugares de batallas ganadas, etc. fueron los que primero recibieron protección, es decir, construcciones religiosas, militares y, en menor grado, civiles. Estas declaraciones tenían una intención claramente ideológica, pues con ellas se pretendía dotar de relato histórico apuntalador a naciones que pugnaban por hacerse un hueco diferenciado y peculiar en la geografía europea. Esas primeras protecciones eran intencionadamente selectivas, pues sólo se vieron beneficiadas arquitecturas y paisajes que aportaban un valor político a la construcción nacional, mientras que otros edificios y escenarios de interés equivalente, e incluso superior pero sin ningún significado ideológico aprovechable por el poder, quedaban orillados de todo amparo, pudiendo ser derribados o transformados sin problema. El liberalismo del XIX consideraba que si alguna construcción ayudaba a fortalecer la ideología dominante podía ser merecedora de protección pública, pero que si no era así, si su valor no era simbólicamente conveniente para la articulación de la mitografía nacional, entonces su interés quedaba restringido al terreno utilitario, o sea, al económico, simple valor de cambio. Naturalmente, las razones de mérito arquitectónico, artístico e histórico argumentadas por eruditos y académicos solían presentarse en primer lugar para justificar su protección; las razones políticas se callaban y sobreentendían.
Durante la segunda mitad del siglo XIX el incremento paulatino de monumentos protegidos tuvo lugar en paralelo al aumento del número de escuelas, institutos, colegios y universidades públicas y privadas a las que acudían para recibir educación segmentos de población que hasta entonces no habían tenido esa oportunidad. La nueva sociedad burguesa necesitaba individuos profesionalmente bien formados, instruidos y especializados para desempeñar determinadas tareas. De tal modo, la conciencia del valor histórico y arquitectónico de determinados inmuebles, conjuntos urbanos y paisajes llegó a gentes a las que no motivaba el interés político, sino el estrictamente cultural. Entre 1844 y 1899 se declararon protegidos en España 81 monumentos; entre 1900 y 1930 lo fueron 280, incluyendo también conjuntos urbanos y zonas arqueológicas. Este aumento sustancial fue debido a la exigencia de personas y asociaciones civiles sinceramente preocupadas por la constante pérdida de sobresalientes piezas de arquitectura -para ser sustituidas por edificios banales, a causa del beneficio económico que ello proporcionaba- o por actuaciones urbanísticas a cuchillo y machete. Así, por ejemplo, en España se protegieron en 1908 las murallas de Sevilla (lo habitual hasta entonces era derribarlas para «abrir» las ciudades medievales a los nuevos ensanches) y el dolmen de Lácara en Mérida en 1912 (gracias a las investigaciones de arqueólogos científicos). Véase aquí el listado de Monumentos declarados entre 1844 y 1930 por el estado español.
Después de la 2ª Guerra Mundial el panorama cambió sustancialmente, en parte debido a las terribles y numerosos pérdidas ocasionadas por el conflicto bélico y en parte porque la concienciación acerca de la necesidad de preservar el patrimonio arquitectónico se había extendido ya entre amplias capas de la población. A que ello fuera así contribuyó la creación de la UNESCO a finales de 1945 y la aparición durante las décadas siguientes de numerosas asociaciones regionales defensoras de la arquitectura histórica, las cuales, a veces, nacían especializadas en tipologías concretas (los castillos, la ingeniería, la arquitectura popular…).
La arquitectura industrial pasó a ser considerada bien protegido cuando muchas industrias habían dejado de funcionar, lo cual tenía sentido, pues a partir de ese momento fue cuando entraron en zona de riesgo al ocupar muchas de ellas terrenos ambiciados por promotores y constructores inmobiliarios. En algunos casos, como el de los Molinos Vascos, en Zorrotza, son un escenario de feroz contienda entre la administración pública, la propiedad privada y las asociaciones de defensa del patrimonio industrial.
Por tanto, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, durante la etapa que el economista James Bradford Delong llama «socialdemócrata desarrollista» (Camino de la utopía, ed. Deusto), la noción de patrimonio arquitectónico adquirió nuevos matices, pues dejó de ser sólo algo singular referido a hechos excepcionales de arquitectura, arte e historia para pasar a ser materia y soporte de la memoria colectiva, una memoria que debía ser protegida y defendida como patrimonio físico común, en definitiva, un bien colectivo al que la ciudadanía tenía derecho. Así, la capacidad administrativa para proteger piezas de arquitectura se amplió a regiones y ciudades, entidades que conocían mejor las realidades patrimoniales concretas en sus demarcaciones que un Estado central distante y enorme. De tal modo, mediante catálogos e inventarios regionales y provinciales a cuyo cumplimiento las administraciones se auto-obligaban y mediante Planes Urbanísticos elaborados por las ciudades quedaron registrados los inmuebles y conjuntos edificados merecedores de ser protegidos . Esos catálogos y planes eran documentos vivos en los que cabía la posibilidad de incorporar construcciones no tenidas en consideración anteriormente por haber sido estimadas como poco relevantes, pero que con el tiempo, más tarde, fueron reconocidas como merecedoras del mismo amparo o, al menos, de ciertas limitaciones a actuaciones de derribo o reforma, tales como equipamientos industriales, caseríos y edificios rurales o arquitectura urbano-residencial de los años 20 y 30…
A medida que las políticas socialdemócratas ampliaban derechos colectivos referidos a la educación, la sanidad, la vivienda, la seguridad… se ampliaba también el derecho de las comunidades a convivir con las arquitecturas heredadas de tiempos anteriores porque constituían parte de la memoria colectiva y porque en esas realidades edificadas las gentes se reconocían y enriquecían al formar parte de sus vidas personales, sus respectivos pasados y el marco cotidiano de sus recorridos existenciales. No todo lo existente por el mero hecho de ser vetusto, por supuesto, pero sí lo significativo y lo único señalado y razonado por arquitectos, historiados, arqueólogos, urbanistas…, es decir, por expertos en la cuestión.
Las Leyes de Patrimonio, así como los Planes Urbanísticos, por tanto, amplían y protegen derechos culturales sociales en la misma medida que limitan los derechos de libre actuación de los propietarios -tanto si son públicos como si son privados- sobre esos bienes que se hayan visto afectados por decretos y documentos legales. Para garantizar permanentemente ese derecho socio-cultural se prohibe el derribo -total parcial-, la adulteración y la alteración del entorno inmediato al bien protegido, obligando a presentar a la Administración cualquier proyecto de reforma. El derecho cultural de la sociedad impone restricciones a los derechos de la propiedad individual, compensándole con exenciones fiscales y otros rendimientos.
Volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué tantos edificios que fueron protegidos en algún momento son ahora demolidos tras haber ido perdiendo gradualmente el amparo que recibieron? ¿por qué edificios que recibieron una protección integral sufren posteriores modificaciones legales para terminar aceptándose la conservación sólo de la fachada y la demolición de su interior, justo donde está lo arquitectónico-estructural?, y a veces ni eso al aceptar la elaboración mimética de la fachada original tras haberla tumbado, ¿por qué construcciones que fueron incluidas en catálogos e inventarios son sacados de ellos, quedando a la intemperie?
La explicación debe encontrarse en las demandas de la economía neoliberal. Esas limitaciones que protegen la cultura arquitectónica patrimonial son un fastidioso estorbo para la movilidad del mercado inmobiliario y del suelo edificado, molestas trabas al desarrollo de negocios constructivos y urbanísticos, intolerables restricciones a la libertad de la propiedad privada. Así piensan. Este proceso forma parte de la misma política que privatiza la sanidad que fue pública y la educación que llegó a todos… Lo que está sucediendo con el patrimonio arquitectónico es otro aspecto del recorte general de derechos colectivos para favorecer intereses privados. Hemos retrocedido tanto que ahora algunas administraciones consideran que proteger el patrimonio histórico-arquitectónico consiste en reproducir la fachada de un edificio que ellas mismas autorizaron derribar tras arrepentirse de haberlo protegido, sustituyendo la verdad por una máscara, una imagen hueca, sin contenido.
Los valores constructivos, históricos, sociales y etnográficos de los populares caseríos vascos tardaron en ser protegidos por las leyes, pero actualmente algunos de ellos tienen la misma consideración que una iglesia gótica o un palacio barroco.
Todo ha sido una enorme y planificada mentira. Desde un principio, hace ya casi diez años, el propósito ha sido eliminar la Estación del Norte en Donostia / San Sebastián. Como es lógico y teniendo en cuenta que se trataba de un elemento arquitectónico protegido con la máxima calificación por el Plan del 2008-09 (grado II, el mismo que, por ejemplo, se dio a la Biblioteca de la Plaza de la Constitución, al Palacio de la Diputación, al Palacio del Gobierno Militar, al Hotel María Cristina y al Teatro Victoria Eugenia) , rebajado después a grado F por el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), esa intención se ha ido disimulando poco a poco hasta llegar al mucho menos exigente grado C de protección y, acto seguido, al punto actual: la estación ya no existe. La puerta de entrada y salida de viajeros durante más de un siglo y medio ha caído por la combinada acción de la piqueta y la poca vergüenza. Nada ha importado que fuese un destacado icono visual -en una ciudad que los tuvo en abundancia y a la que cada vez le van quedando menos– diseñado por el ingeniero francés Jean Biarez en 1880 con su mítica marquesina de hierro construida en los talleres parisinos de Gustave Eiffel .
Aspecto del edificio de viajeros del año 1880. Como era habitual en la ingeniería, el edificio de viajeros era de una gran sobriedad en lo formal y puro funcionalismo, sin adornos ni bagatelas.
Columnata del pórtico de acceso a los andenes, enfrentada al puente de María Cristina e incorporada por el Ayuntamiento en 1906 para hacer visualmente más atractivo, con el edulcorado estilo del momento, el edificio ferroviario . Sin embargo, este anexo es hoy un falso histórico, pues fue derribado en 2011 y reconstruido en 2015.
Paulatinamente, a lo largo de los diversos documentos elaborados durante estos años, del Texto Refundido Aprobado del PEPPUC en el 2014 a la Aprobación definitiva en el 2021, pasando por la Modificación de 2017, la protección del edificio ferroviario fue reduciéndose a cambio de promesas lanzadas al aire -sin compromisos firmes ante nadie- con las que iban abriendo un camino cada vez más ancho para la destrucción total del equipamiento al tiempo que pretendían aplacar el temor creciente entre historiadores y arquitectos. Las distintas redacciones han ido adoptando una ambigüedad deliberada ante la que es complicado saber con certeza qué se protege y qué no. En el último de tales documentos, casi con letra pequeña, se abría la posibilidad de un derribo total si las circunstancias lo requerían, asegurando que «se reconstruirán las fachadas del edificio de viajeros, permitiendo un levante», un levante que ahora se dice que será de dos plantas, o sea, el doble del volumen que tuyo la Estación. ¿Otro volumen innecesario, como en Tabakalera, para desfigurar el perfil urbano y terminar pidiéndole a alguna institución amiga que eche una mano para darle utilidad? Sorprende que en las vistas aéreas virtuales del proyecto en 2017 el volumen original del edificio de viajeros se conserva sin modificación alguna; en las imágenes de un año después ya presenta un volumen añadido sobre él.
Imagen virtual del proyecto de la futura estación según una imagen de 2017: el edificio de viajeros no tiene un volumen incorporado sobre su cubierta.
Esa afirmación de reconstruir las fachadas venía a demostrar lo que se sospechaba de inicio, es decir, que no se proponían conservar nada, como así ha sido. Ello ha hecho estallar la indignación unánime. Asociaciones dedicadas al estudio y protección del patrimonio arquitectónico y la obra pública, como Áncora, en San Sebastián, la Asociación de Amigos del Ferrocarril, en Gipuzkoa, y AVPIOP, en Euskadi, han dado a conocer recientemente su lamento por la irreparable pérdida. Me sumo a la suya. El espacio que ocupó la Estación ahora es un solar en el que la constructora, tras ocultar infantilmente con una pantalla el último acto de la fechoría, se afana por convertirlo en otra cosa al servicio del futuro TAV con la promesa de que se reconstruirá la estación con el mismo aspecto de tuvo. Esta última promesa de un nuevo falso histórico no es ya que no se crea, es que tampoco es deseable que se cumpla, ni como mal menor.
Vistas interior y exterior de la marquesina de hierro sobre las vías y andenes.
¿Qué circunstancias pueden ser las que requieran la desaparición de un equipamiento que estaba en perfecto estado y con el grado máximo de protección? Se argüirá que serán las circunstancias ligadas a las necesidades del futuro TAV, claro, pero ¿no están los responsables del nuevo diseño de la estación para esos futuros trenes obligados a conciliar la necesidad tecnológica con la obligación legal? En ingeniería hoy prácticamente todo es posible a la pequeña escala de la Estación del Norte: introducir las nuevas vías y servicios al tiempo que se preserva lo existente. Sólo unas circunstancias económicas harían necesaria la destrucción completa de la histórica Estación: el deseo de ahorrar los gastos de conservación -una minucia- y la ambición de lograr el mayor espacio subterráneo posible bajo la nueva Estación para rentabilizarlo -ah! el área comercial, un botín-. En paralelo a esto, la miopía de empeñarse en seguir utilizando un espacio urbano que cuando llegó el tren por primera vez a San Sebastián estaba en el extrarradio, pero ya no, en vez de haberla situado en la periferia de la actual ciudad, tal como se hizo entonces. Una ciudad con enorme escasez de suelo disponible y sus dirigentes quieren seguir llegando con vagones y maletas casi hasta la puerta de su domicilio, aunque ello suponga derribar a derecha e izquierda lo que impida ese objetivo. Sevilla llevó la estación de Santa Justa al extrarradio para acoger el TAV, en Santander el edificio ferroviario de Luis Gutiérrez Soto (1943-45) se respeta íntegro, y Bilbao, para el TAV, preservará el inmueble de oficinas y viajeros con toda la marquesina sobre las vías (mucho más grande que la de San Sebastián). No es por señalar, pero…
Estado actual del solar tras el derribo, donde sólo permanece el pórtico falso histórico. Nótese el muro de hormigón, sobre él, la pantalla levantada con la imagen de la fachada de la desaparecida Estación y tras ella la escombrera a la que se ha reducido todo. ¿Reconstrucción? Por favor, no se siga con más embustes.
Al engaño se quiere añadir ahora la burla, una burla que encierra una nueva mentira. No hay posible reconstrucción tras lo que se ha podido ver estos últimos días. Esos cascotes no pueden reconstruir nada, lo que se promete es una construcción nueva que imitará la imagen que la histórica estación tuvo. Se pretende construir una mentira más, en este caso, una mentira material, arquitectónica, pues se quiere coronar este proceso con un engaño que perdure en el tiempo: hacer creer que el edificio histórico sobrevivió, que no fue humillado, tumbado y aniquilado, que en el futuro se piense que aquí se actuó con respeto.
San Sebastián ha sido una ciudad que siempre ha optado por soluciones arquitectónicas modernas para sus nuevos equipamiento tanto como para sus edificios de viviendas. Tuve el privilegio de formar parte del jurado que decidió sobre el Kursaal y entregó a la ciudad el maravilloso edificio planeado por Rafael Moneo. A nadie se le pasó por la cabeza reconstruir miméticamente el viejo Kursaal, ¿por qué reconstruir en un futuro la desaparecida Estación del Norte? ¿es hoy esta ciudad menos audaz de lo que fue hace 30 años? Ya que se ha cometido un grave error, no se cometa un segundo sobre los cascotes del anterior. Proyéctese un edificio nuevo, completamente distinto y moderno, un edificio que, como el Kursaal, la ciudad pueda exhibir con orgullo y no con vergüenza, como se pretende. Los historiadores reclamamos protección para los documentos históricos y arquitectónicos existentes, no reconstrucciones de realidades desaparecidas. ¡¡¡No a Donostisney!!!
Mentira tras mentira y, probablemente, prevaricación. Este asunto debería ser llevado a la fiscalía para despejar las muchas dudas de un proceso irregular y opaco. Este ha sido un derribo lamentable, pero, presumiblemente, es también un delito que no será punible por antijurídica porque la documentación legal fue acompasada, a puerta cerrada, a la voluntad de demolición, pero es un delito ante la Historia local de la Arquitectura y la memoria ciudadana. Por último, ¿cómo se explica el silencio de la Delegación en Gipuzkoa del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro? ¿no tiene nada que decir al respecto?
Imagen virtual reciente de la futura Estación del Norte tras su hipotética reinvención por su imposible reconstrucción. La mentira es muy realista e incorpora el volumen superpuesto al edificio de viajeros. Ni esa será la estación del siglo XIX ni es deseable que falsa y caricaturescamente se imite. Un nuevo proyecto debería realizarse con diseño elaborado por un buen estudio de arquitectura.
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