Una ciudad no se queda sin vivienda asequible de la noche a la mañana. La pierde decisión tras decisión y recalificación tras recalificación, además de venta tras venta. Por eso, cuando hoy se habla de la falta de pisos en alquiler como si fuese una catástrofe natural, conviene recordar una de las operaciones más graves de descapitalización pública realizadas en Madrid: la venta, en 2013 bajo la alcaldía de Ana Botella, de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a Fidere, vinculada al fondo estadounidense Blackstone. No se vendieron unos inmuebles sobrantes. Se arrancaron del patrimonio común dieciocho promociones enteras, con sus garajes, trasteros y locales: 5.315 propiedades públicas en total.

Fidere pagó 128,5 millones de euros, una media aproximada de 69.000 euros por vivienda. Aquellos pisos estaban ocupados por familias que habían accedido a ellos porque el mercado no podía proporcionarles un hogar en condiciones razonables. La explicación ofrecida entonces fue que los inquilinos tan sólo cambiarían de casero. Como si el propietario de una vivienda protegida fuese un detalle administrativo. Como si resultara indiferente pagar la renta a una empresa municipal, obligada por una finalidad social, o a una sociedad integrada en una estructura financiera cuya razón de ser consiste en maximizar el rendimiento de sus activos. Lo que se presentó como una operación de tesorería fue, en realidad, una transferencia de patrimonio, seguridad y poder desde los ciudadanos hacia el capital inversor.

Los antecedentes conocidos son graves sin necesidad de exagerarlos. La Cámara de Cuentas señaló la falta de tasación previa, de pliegos y de una concurrencia efectiva. En 2018, una sentencia de primera instancia del Tribunal de Cuentas cifró en 25,7 millones de euros el perjuicio ocasionado a la EMVS y declaró responsables contables a Botella y a varios integrantes de su equipo. Aquella resolución fue después revocada, y en 2020 el Tribunal Supremo cerró la posibilidad de recurrirla por la vía planteada. En 2022, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió también a las dos personas juzgadas en el procedimiento penal al considerar insuficientes las pruebas de la acusación. Por tanto, Ana Botella no fue condenada penalmente por aquella operación. Pero una absolución o el archivo de una causa tampoco convierten una decisión política desastrosa en una buena decisión.

¿Debería Ana Botella volver a comparecer ante la justicia? Debería encargarse, al menos, un dictamen jurídico de verdad independiente que examine si subsiste alguna vía civil, administrativa, contable o patrimonial; si existen hechos nuevos; si se respetaron todos los derechos de adquisición preferente de los inquilinos; y si las posteriores transmisiones abren responsabilidades distintas de las ya juzgadas. Lo que no puede hacerse en un Estado de derecho es resucitar un delito prescrito ni juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. La prescripción es un límite legal al poder punitivo del Estado, establecido para impedir que alguien permanezca indefinidamente bajo amenaza penal, pero no certifica su inocencia, no convierte en ejemplar su conducta ni extingue su responsabilidad política, el deber de rendir cuentas y el derecho de la sociedad a conocer todos los documentos y decisiones que hicieron posible la venta.

De hecho, algunos inquilinos han continuado pleiteando. En 2024, el Tribunal Supremo reconoció a cuatro familias el derecho de retracto, permitiéndoles adquirir sus viviendas al precio correspondiente a la operación con Fidere. Ese fallo no anula toda la venta ni afecta de manera automática a los 1.860 hogares, pero demuestra que sus efectos jurídicos no quedaron sepultados en 2013. La justicia no tiene por qué limitarse a una condena penal de la exalcaldesa: también puede consistir en proteger a quienes fueron privados de una opción de compra, recuperar derechos lesionados y evitar que el patrimonio público termine convertido, sin defensa posible, en mercancía financiera.

La relación con la crisis actual de la vivienda es directa, aunque aquella venta no sea su única causa. Madrid sufre el aumento de la demanda, la insuficiencia de construcción asequible, la pérdida de poder adquisitivo, el crecimiento de usos turísticos y temporales y décadas de políticas incapaces de crear un parque público sólido. Pero justo por eso resulta imperdonable haber vendido 1.860 viviendas ya construidas, ocupadas y destinadas al alquiler protegido. Hoy la EMVS administra alrededor de 10.000 pisos. Las viviendas enajenadas equivaldrían, por sí solas, a casi una quinta parte de ese parque actual. España dispone de un parque público cercano al 1,5 % de las viviendas principales, una proporción raquítica en comparación con otros países europeos. Cada promoción vendida entonces es una promoción que ahora hay que volver a levantar, pagando suelo, construcción, financiación y años de espera.

El desenlace empresarial añade una obscenidad política difícil de ignorar. En 2026, Blackstone acordó transmitir a Brookfield la cartera residencial de Fidere (más de 5.000 viviendas, incluidas las procedentes de la EMVS) por una contraprestación neta de 1.050 millones de euros. No sería correcto comparar directamente esa cantidad con los 128,5 millones pagados en 2013, porque la cartera actual es mucho más amplia. Pero la operación permite contemplar el ciclo completo: lo que nació como vivienda pública terminó integrado en un gigantesco activo financiero, generó rentas y dividendos y volvió a cambiar de manos entre fondos internacionales. La Administración asumió el coste de construir; los ciudadanos soportaron la pérdida; el capital privado recogió la revalorización.

Ana Botella debería ofrecer una explicación pública completa, reconocer el daño político causado y apoyar la apertura de todos los archivos y contratos relacionados con aquella venta. Algunos partidos deberían dejar de criticar la escasez de vivienda como si no tuvieran biografía. No se puede vender parque público durante una crisis, celebrar después su crecimiento como activo privado y presentarse años más tarde como salvador de quienes no encuentran alquiler. La irresponsabilidad de una política confundió liquidez inmediata con interés general. Los delitos prescriben cuando lo establece la ley. Las consecuencias sociales permanecen. Y la obligación democrática de responder por ellas no debería prescribir jamás.

/ Javier González de Durana /