/ Javier González de Durana /

A la izquierda, el barrio de San Cristóbal y, en verde claro, la pradera en cuya zona baja se quiere construir una urbanización. En el borde inferior asoma una punta de la parcela ocupada por los astilleros de Murueta.

A Rosa Orrantia

La reciente decisión del Gobierno Vasco de paralizar cautelarmente el proyecto urbanístico previsto en Zelaiondo, barrio de San Cristóbal, en el municipio de Busturia, constituye mucho más que un mero trámite administrativo. Supone, ante todo, una muestra de prudencia institucional y de responsabilidad ambiental en un momento en el que la presión urbanística sobre espacios de alto valor ecológico continúa creciendo de forma preocupante. La exigencia de someter el proyecto de Viviendas de Vizcaya —siete edificios de planta baja más tres alturas y un total de 46 viviendas— a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, rechazando la pretensión de la promotora de resolverlo mediante un procedimiento simplificado, revela una voluntad clara de priorizar la protección del territorio frente a la lógica de la rentabilidad inmediata. https://www.google.com/search?q=https://es.scribd.com/doc/56799195

La decisión parece especialmente acertada si se tiene en cuenta el lugar en el que se pretendía actuar. No se trata de un solar urbano sin especial relevancia, sino de una parcela de cerca de 17.000 metros cuadrados situada junto a la marisma protegida de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, uno de los espacios naturales más frágiles y valiosos de Euskadi. La construcción de siete bloques residenciales, con los inevitables movimientos de tierras, canalizaciones, cimentaciones, muros de contención y corte/desvío de un secular camino que una actuación de estas características exige, supondría una transformación muy severa del entorno inmediato. Además, el propio Patronato de Urdaibai ya ha advertido de la incompatibilidad de la iniciativa con el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), al afectar tanto a áreas de protección de la ría como a terrenos de elevado valor agrológico.

Los argumentos técnicos que justifican el freno al proyecto son suficientemente sólidos por sí mismos. El plan contempla edificar en terrenos con riesgo de inundación relativamente frecuente, alterando incluso el comportamiento de pequeños regatos y arroyos cercanos mediante escolleras y obras de contención. En un contexto de aumento de episodios climáticos extremos, asumir ese nivel de intervención sobre un territorio especialmente sensible significa incrementar innecesariamente la vulnerabilidad de la zona.

A ello se suma un problema que rara vez ocupa el centro del debate urbanístico y que, sin embargo, resulta fundamental en el caso de Urdaibai: la disponibilidad de agua. La comarca ha atravesado en los últimos años episodios de escasez hídrica de enorme gravedad, hasta el punto de requerir el transporte de agua en barcos cisterna para garantizar el abastecimiento de la población. Resulta difícilmente comprensible defender nuevos desarrollos residenciales intensivos sin haber resuelto antes esa limitación estructural. Incrementar la presión sobre acuíferos ya tensionados y eliminar superficies de monte bajo con presencia de algunos robles autóctonos de gran porte supone, además, una pérdida ambiental difícilmente reversible.

Pero más allá del caso concreto de Busturia, este episodio pone de relieve un problema de fondo mucho más amplio. El proyecto urbanístico procede de un planeamiento aprobado inicialmente en 2007 (este proyecto de urbanización es del año 2011), en pleno ciclo expansivo del ladrillo, cuando gran parte de la costa y de los espacios naturales del entorno metropolitano eran contemplados como reservas potenciales para nuevos desarrollos inmobiliarios. Que iniciativas concebidas bajo aquella lógica sigan reapareciendo casi dos décadas después demuestra hasta qué punto la presión especulativa sobre Urdaibai continúa viva, aunque a menudo opere de manera discreta y fragmentada.

En este sentido, la cautela mostrada ahora por el Gobierno Vasco guarda coherencia con las dudas y cautelas expresadas en torno al proyecto de ampliación del Guggenheim Bilbao Museoa, no en vano los astilleros de Murueta se encuentran a 400 escasos metros de donde se pretende esta urbanización. Aunque ambos casos son distintos en naturaleza y escala, comparten una misma cuestión de fondo: la evidencia de que Urdaibai se encuentra muy cerca de su límite de capacidad ambiental y territorial. Las reticencias surgidas en torno a la ampliación museística —relacionadas con el impacto turístico, la presión sobre las infraestructuras, la movilidad o el abastecimiento de agua— indican que las instituciones son conscientes de que cualquier intervención de gran alcance en la zona exige hoy un nivel máximo de rigor y análisis.

Precisamente por eso, si el Ejecutivo autonómico ha optado por actuar con extrema prudencia ante un proyecto cultural de enorme relevancia simbólica y pública, resulta lógico que aplique un criterio al menos igual de exigente frente a promociones residenciales impulsadas exclusivamente por intereses privados y expectativas de rentabilidad económica. La protección de Urdaibai no puede depender de la naturaleza más o menos atractiva de cada proyecto concreto, sino de una idea general de límite territorial y de responsabilidad ambiental.

También conviene subrayar que la oposición creciente a este tipo de desarrollos ya no procede únicamente de colectivos ecologistas o de sectores especializados en ordenación territorial. Existe una percepción social cada vez más extendida de que Urdaibai ha alcanzado un punto de saturación y de que seguir aumentando la presión urbanística, turística o infraestructural puede comprometer precisamente aquello que hace excepcional a la comarca. En ese contexto, modificar planeamientos o reinterpretar normativas de protección para encajar proyectos heredados de otra época abriría un precedente muy peligroso. Los grupos que se opusieron con firmeza a la ampliación del Guggenheim Bilbao Museo deberían aplicar a este caso -y a otros similares- la misma energía que tan efectiva resultó entonces. No se trata de un museo o unas viviendas, sino de preservar el equilibrio que actualmente existe y, si ello es posible, de mejorarlo a base de sanar lo que en las últimas décadas enfermó por malas prácticas.

Por todo ello, la actuación del Gobierno Vasco en Busturia puede interpretarse como una señal positiva y, quizá, como un posible cambio de rumbo. No basta ya con revisar caso por caso ni con contener puntualmente los excesos más evidentes. La experiencia de las últimas décadas demuestra que los espacios naturales más valiosos necesitan marcos de protección sólidos, estables y difíciles de erosionar por presiones coyunturales. La prudencia mostrada ahora debería consolidarse no como una excepción circunstancial, sino como un criterio permanente para el futuro de Urdaibai.

En 2023-24, en una mejora puntual de la carretera BI-2235, a la salida de San Cristóbal hacia Axpe, se realizó una rotonda que dejaba planteados dos ramales de desvío, el de la izquierda como futuro acceso al barrio de Altamira y el de la derecha a la pretendida urbanización.

Proyecto de urbanización para Zelaiondo.

Distancia entre astilleros de Murueta y Zelaiondo.