/ Javier González de Durana /

Catedral de Santiago (Bilbao), entrada general adultos: 10 €. Hace unas semanas quise entrar aquí con un grupo de amigos procedentes de otra ciudad; al saber que había que pagar esa cantidad, se negaron tajantemente a hacerlo; no entramos mientras los amigos decían «Vaya, tampoco es que sea Notre-Dame».

La idea de implantar tasas turísticas para controlar la saturación parte de un diagnóstico bastante discutible. En muchos destinos consolidados no se tiene en cuenta cómo funciona realmente la demanda. En la práctica, estas tasas suelen ser una parte muy pequeña del gasto total de un viaje -transporte, alojamiento, comidas, ocio-, así que su capacidad para disuadir es limitada. En ciudades con un gran atractivo cultural o simbólico, el visitante no deja de viajar por un pequeño recargo: simplemente lo asume como un coste más.

Al final, la tasa no regula tanto como se dice. Funciona más bien como una herramienta recaudatoria, y además puede generar un efecto poco deseable: la sensación de que, al pagar, el visitante adquiere una especie de derecho que diluye su responsabilidad sobre el entorno. En lugar de fomentar comportamientos más respetuosos, se normaliza una convivencia basada en pagar, no en cuidar.

A esto se suma otro problema: la falta de claridad sobre a dónde va el dinero. Aunque oficialmente se habla de conservación del patrimonio o mejora de servicios, en la práctica esos ingresos suelen mezclarse con los presupuestos generales, perdiendo una finalidad clara. Eso debilita la legitimidad del impuesto. Si ni vecinos ni visitantes ven mejoras concretas -más limpieza, mejor mantenimiento, control de flujos-, la tasa acaba percibiéndose como un coste más sin retorno, lo que alimenta la desconfianza.

La Mezquita de Córdoba cuesta 15 € de entrada general. Lo magnífico del lugar hace que el precio no resulte especialmente molesto, pero sí puede incomodar la sensación de apropiación que ha ejercido la Iglesia católica sobre el monumento.

Además, al aplicarse como un importe fijo por noche o por entrada, estas tasas afectan más a quienes tienen menos recursos -familias o viajeros con presupuestos ajustados-, mientras que para quienes tienen mayor poder adquisitivo resultan casi irrelevantes. No es una carga equitativa.

Y eso abre otra cuestión: esta desigualdad no sólo es un problema de justicia, sino que acaba favoreciendo un tipo concreto de turismo. Se selecciona al visitante por su capacidad económica, lo que empobrece la diversidad social. A esto se añade que la carga recae sobre el alojamiento regulado -hoteles, hostales-, que sí cumple con sus obligaciones fiscales, mientras que parte de la oferta ilegal escapa con mayor facilidad. El resultado es perverso: se penaliza a quien cumple y se incentiva lo irregular.

Por otro lado, cobrar por entrar en templos, monumentos o jardines públicos implica un cambio más profundo: convertir espacios comunes en productos. Cuando el acceso depende del pago, se altera su naturaleza como bienes colectivos. Dejan de percibirse como parte de una identidad compartida y pasan a verse como algo que se consume. Esto no es sólo económico, también es simbólico: se debilita el vínculo emocional con el entorno. Lo que antes era un espacio de pertenencia se convierte en un servicio; lo que era un derecho, en una transacción.

Esta lógica tiene efectos sociales inmediatos. Introduce barreras económicas en el acceso a la cultura y al espacio urbano. Incluso precios moderados pueden dejar fuera a ciertos colectivos, rompiendo la idea de universalidad con la que muchos de estos lugares fueron concebidos. En el caso de edificios religiosos o jardines históricos, el cambio es aún más evidente: espacios pensados para el recogimiento o el encuentro pasan a regirse por criterios de rentabilidad.

La justificación habitual -que hace falta financiar la conservación- tampoco está libre de contradicciones. Muchos de estos bienes monumentales ya reciben dinero público o cuentan con beneficios fiscales. Eso plantea una duda razonable: ¿se cobra por necesidad real o porque es una oportunidad de ingreso? Además, pagar cambia la actitud del visitante. Quien paga se comporta más como cliente que como invitado, lo que favorece visitas rápidas, más presión sobre el espacio y expectativas de “rentabilidad” de la experiencia. Justo lo contrario de lo que se quiere preservar: silencio, autenticidad, contemplación.

También es llamativo cómo este proceso fragmenta la ciudad. Los lugares de interés se convierten en enclaves aislados, desconectados de la vida cotidiana. Surgen “burbujas turísticas” donde manda la lógica económica, desplazando otras funciones sociales y culturales. La ciudad deja de ser un espacio vivido en conjunto y se divide entre zonas de consumo y zonas residenciales.

La Catedral de Santiago de Compostela cobra entre 12 y 20 € por la visita completa. La primera vez que estuve, en los años 70, no se pagaba nada; la última, hace un par de años, pagué sin notar ninguna mejora clara en la experiencia.

Al final, el argumento de la falta de recursos públicos parece más una cuestión de prioridades que una necesidad inevitable. Decir que no hay dinero suficiente implica aceptar un cambio en el papel del Estado: dejar de garantizar el acceso al patrimonio como un derecho y delegarlo en mecanismos de autofinanciación. Esto genera un círculo vicioso: cuanto más se depende de los ingresos directos, menos incentivo hay para asegurar financiación pública estable, y la conservación queda a merced del mercado turístico.

Lo más chocante es que, al mismo tiempo, se invierte dinero en atraer más turistas, aumentando la presión sobre los mismos espacios cuya conservación se dice no poder sostener. Es una contradicción clara: se prioriza el crecimiento de la demanda sobre la sostenibilidad del patrimonio.

Al final, el ciudadano soporta una doble carga: paga impuestos para mantener estos espacios y, además, tiene que pagar por acceder a ellos. Esto no solo plantea un problema de justicia, sino que refleja una gestión que sustituye la planificación a largo plazo por soluciones rápidas.

Catedral de Burgos, entrada general adultos: 11 €. En cierta ocasión quise entrar en la catedral de Toledo, me dijeron que tenía que pagar la entrada, dije que mi intención era rezar, no visitarla como turista, me permitieron acceder a un pequeño rincón interior enrejado desde el que puede ver por la nave del templo el paso de decenas de turistas, atropellándose, riendo y hablando en voz alta…