/ Javier González de Durana /

En Bilbao, cada vez cuesta más tener la sensación de que el suelo pertenece a quien lo habita. La impresión que se abre paso -con datos, con obras, con licencias- es otra: la ciudad parece inclinarse hacia quien puede comprarla. El Ayuntamiento ha ido sustituyendo la planificación urbana con vocación pública por una gestión de licencias moldeable cuando el promotor llega con músculo financiero y promesas de inversión. Donde deberían prevalecer criterios técnicos sólidos, una visión estratégica de ciudad y el equilibrio social entre barrios, asoma una tramitación acelerada si el proyecto tiene apellidos corporativos. No es una anécdota aislada: es una pauta que se repite.

Se suspenden licencias de pisos turísticos para apaciguar el malestar vecinal -gesto cosmético más que cambio estructural- mientras, por otra vía, se agilizan permisos para hoteles de lujo en edificios históricos y en zonas que ya soportan una presión evidente. Se proclama contención mientras se autoriza expansión con otra etiqueta. El resultado es previsible: más camas turísticas, más competencia por el mismo suelo escaso y más tensión sobre el alquiler residencial.

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El discurso oficial invoca la “calidad frente a la cantidad”. Pero la calidad, cuando se mide sólo en estrellas y mármoles, tiene efectos colaterales. Cada nuevo hotel “de alto standing” ocupa suelo central, revaloriza de inmediato su entorno y consolida un modelo de ciudad escaparate. Allí donde el comercio de proximidad baja la persiana por falta de relevo o por rentas inasumibles, emergen lobbies pulidos y terrazas premium. Se estrecha el margen para el pequeño propietario mientras se despeja el camino al gran operador. Las prioridades se han invertido y la decepción es cotidiana.

Proyectos que rebasan alturas permitidas o que reinterpretan con «creatividad» los planes de rehabilitación obtienen luz verde con sorprendente facilidad. A una comunidad vecinal se le exige un vía crucis administrativo para cambiar una ventana; a determinados promotores se les conceden modificaciones “singulares” en nombre del interés estratégico. La excepción se vuelve costumbre cuando hay inversión de por medio. La norma deja de ser un marco común y se transforma en un obstáculo negociable.

Se habla de “flexibilidad urbanística”, pero lo que se practica se parece demasiado a la discrecionalidad selectiva. Si el proyecto promete marca, titulares y capital externo, la ciudad se dobla. Si lo que promete es vivienda asequible, equipamientos de barrio o servicios públicos, la respuesta suele ser otra: informes, revisiones, más informes. La sensación de agravio comparativo erosiona la confianza en la política municipal.

No estamos ante un desarrollo equilibrado, sino ante una sustitución silenciosa. Se desplaza al residente para hacer hueco a un turismo de alto poder adquisitivo que deja, en muchos casos, empleo estacional y salarios que no alcanzan para vivir en el mismo barrio donde se trabaja. El camarero no puede pagar el alquiler del piso o de la habitación en que duerme. La dependienta no puede residir cerca de la tienda donde atiende a visitantes. El joven que aspira a emanciparse compite por cada metro cuadrado con fondos y cadenas internacionales.

Se repite que el turismo “dinamiza”. La pregunta inevitable es: ¿a quién? El comercio tradicional cede terreno ante franquicias globales; los bares nuevos pasan a llamarse «despacho de bebidas» o «taberna» con diseño de aspecto antiguo, de haber sobrevivido desde principios del siglo XX; la panadería de toda la vida se convierte en concept store; el taller de barrio muta en coworking efímero. Suben los precios, desciende la diversidad social. Y cuando la vida cotidiana se convierte en decorado, la ciudad pierde aquello que la hacía auténtica y atractiva.

Durante años se invocó el modelo de transformación urbana asociado al icono cultural y a la postal reconocible -la foto aérea, el evento internacional, el gran equipamiento- como coartada permanente. Ese relato de progreso automático ya no convence. Una ciudad no es una infografía ni una memoria económica. Es escuela pública, centro de salud, alquiler asumible, comercio de proximidad y espacio público pensado para quien vive todo el año, no sólo para quien la visita un fin de semana.

Cuando el planeamiento se subordina al inversor, la política abdica de su función principal: equilibrar intereses y proteger el bien común. El Ayuntamiento no puede actuar como la recepción amable de una inmobiliaria: saludar, facilitar, acompañar y despedir con sonrisa corporativa. Mientras tanto, el vecino espera. Espera vivienda protegida que no llega al ritmo prometido. Espera que el precio del metro cuadrado deje de escalar. Espera que su barrio no se convierta en un producto más del catálogo urbano.

Porque cuando una ciudad se vende demasiado, termina por no pertenecer a nadie. Y la decepción no nace del rechazo al progreso, sino del deseo -cada vez más frustrado- de que Bilbao vuelva a construirse, ante todo, para vivirla.