/ Javier González de Durana /

La propuesta recientemente anunciada por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, de convertir el Palacio de Cortiguera en un centro cultural vinculado al artista Okuda San Miguel resulta, en términos generales, difícilmente justificable desde una perspectiva de interés público, rigor patrimonial y coherencia institucional. Lejos de responder a una planificación estratégica sólida, la iniciativa transmite la impresión de ser una solución improvisada para un problema largamente enquistado -el abandono del edificio durante décadas-, sin que exista un proyecto cultural definido, transparente ni sometido a criterios de concurrencia pública.

Desde el punto de vista patrimonial, la operación presenta una contradicción de base que no ha sido adecuadamente explicada. El Palacio de Cortiguera cuenta con el máximo nivel de protección en el planeamiento urbanístico de Santander, lo que limita las intervenciones a labores estrictas de restauración, conservación y reconstrucción fiel de elementos originales. 

En este contexto, resulta difícil compatibilizar estas exigencias con un proyecto artístico cuya identidad se basa precisamente en la transformación visual intensa de los espacios arquitectónicos mediante intervenciones cromáticas y geométricas. La adaptación del inmueble a este tipo de lenguaje creativo no sólo plantea dudas técnicas, sino que amenaza con desvirtuar el valor histórico del edificio o, en su defecto, vaciar de contenido el propio proyecto cultural si éste se ve obligado a limitarse de manera sustancial.

A esta tensión se suma una cuestión igualmente relevante: la ausencia de transparencia en el proceso de decisión. El Estado ha descartado una oferta económica concreta y formalizada por parte de un comprador particular interesado en adquirir el edificio para restaurarlo y convertirlo en su residencia sin que se hayan explicado de manera convincente los motivos, optando en su lugar por una negociación directa con un artista determinado. Este proceder plantea interrogantes sobre el respeto a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad que deben regir la gestión del patrimonio público. 

La elección de un único creador como eje vertebrador del proyecto introduce, además, un elemento de personalización que resulta problemático en un equipamiento que, por definición, debería responder a criterios de pluralidad, accesibilidad y servicio a la comunidad.

El modelo cultural planteado adolece, asimismo, de una notable indefinición. No se ha presentado un plan museológico, ni un esquema de gestión, ni una evaluación económica que permita valorar su viabilidad a medio y largo plazo. Un centro cultural vinculado de manera tan estrecha a una sola figura artística corre el riesgo de depender excesivamente de su trayectoria, de su proyección mediática y de su capacidad de renovación, factores todos ellos variables e inciertos. Este tipo de equipamientos, cuando no se insertan en una red cultural más amplia ni responden a una misión institucional clara, tienden a perder relevancia con el tiempo o a convertirse en espacios de uso limitado.

La decisión resulta aún más cuestionable si se tiene en cuenta que existían alternativas previamente planteadas por el Ayuntamiento de Santander que respondían de forma más directa al interés general, como la creación de un museo de la historia de la ciudad o la instalación de la Fundación Santander Creativa. Estas propuestas ofrecían un enfoque más inclusivo, educativo y coherente con la función social del patrimonio histórico, además de integrarse mejor en una estrategia cultural de carácter público. La desestimación de estas opciones en favor de un proyecto singularizado no sólo rompe la lógica de colaboración institucional, sino que supone una oportunidad perdida para dotar a la ciudad de un equipamiento cultural de mayor alcance y utilidad colectiva.

En definitiva, la conversión del Palacio de Cortiguera en un centro cultural dedicado a Okuda San Miguel plantea serias dudas sobre su viabilidad técnica y jurídica, al tiempo que también evidencia carencias en términos de transparencia, planificación y orientación al interés público. Más que una solución estructural al problema del edificio, la propuesta corre el riesgo de consolidar un modelo cultural débil, excesivamente dependiente de una figura concreta y poco alineado con las necesidades reales de la ciudad y de su patrimonio histórico.

El historial reciente del inmueble refuerza la percepción de falta de credibilidad en la gestión administrativa. Durante años se han sucedido anuncios, proyectos y previsiones de rehabilitación que nunca llegaron a materializarse, generando una situación de abandono progresivo en pleno centro urbano.

Así, la más importante de esas iniciativas, el concurso de remodelación arquitectónica del Palacio de Cortiguera, impulsado en 2018 por el Ministerio de Fomento (actualmente el edificio está adscrito al Ministerio del Interior), constituye un ejemplo paradigmático de iniciativa pública fallida. Concebido para transformar este edificio histórico en un espacio sociocultural, el proceso atrajo numerosas propuestas y culminó con la victoria del proyecto “Oculto”, liderado por el prestigioso arquitecto gallego César Portela, seleccionado entre 23 candidaturas . Sin embargo, pese a la adjudicación y al planteamiento de una intervención respetuosa con el inmueble, el proyecto nunca llegó a materializarse, quedando paralizado por falta de ejecución administrativa y cambios en las condiciones institucionales. Este desenlace confirma una dinámica frecuente en los concursos de arquitectura, donde el diseño ganador no garantiza su construcción efectiva, y explica que, años después, el palacio continúe abandonado y sujeto ahora a este nuevo intento -también incierto- de rehabilitación cultural, interpretable más como un intento de ofrecer una salida rápida y poco meditada que como el resultado de una reflexión rigurosa y sostenida en el tiempo.