/ Javier González de Durana /

Lo del Obispado de Bilbao con el solar de la antigua BAM no es una serie de descuidos; es, más bien, una performance magistral sobre el abuso de poder simbólico. La valla del proyecto -esa obra paralizada desde abril de 2024 que se quedó huérfana tras la quiebra de la constructora- decidió finalmente rendirse a la gravedad, poniendo en peligro a escolares y viandantes. Tuvieron que venir los bomberos y la policía a hacer el trabajo que la propiedad, en su infinita introspección, parecía haber olvidado. La plataforma vecinal clama al vacío, pero sus quejas son sólo prosa frente a la mística de la inacción de quien gestiona ese suelo con la parsimonia de quien se sabe eterno.

Y luego está la respuesta municipal, ese monumento al humor negro: una multa de 600 euros con la exigencia de que, en el plazo de cinco días, inicie las actuaciones de restitución y las finalice en el plazo de un mes. Esta multa se repetirá mensualmente hasta los 6.000 euros, no más, ¡por Dios! Las obras llevan paradas 25 meses y su entorno se encuentra en un estado evidente de deterioro, como confirman los informes municipales… y la exigencia ya lleva esperando su cumplimiento más de tres meses. Sesenta billetes de diez euros para compensar el riesgo de que una estructura metálica le abra la crisma a un niño. Es conmovedor. Multar con semejante propina frente a tal magnitud de abandono es, si somos generosos, incompetencia o, si somos realistas, es esa tolerancia complaciente que se le reserva a los actores que desayunan con el poder. Y resulta hiriente que, además, intente no pagar la multa con fútiles excusas que, ¡menos mal!, el Ayuntamiento no ha aceptado. La resolución que obliga a restituir la urbanización es un papel mojado con excelentes intenciones, pero sin garras. Anunciar medidas ejecutivas con plazos tan largos no es gestionar, es enviar una tarjeta de invitación al Obispado para que siga sin hacer nada, mientras los vecinos se resignan.

Resulta enternecedor que se espere de una institución con semejante músculo financiero y social que asuma responsabilidades básicas de seguridad. El Obispado no es una humilde ONG que pasa el cepillo; es un gigante económico. Sin embargo, sus promesas de soluciones “provisionales” suenan a esa vieja táctica de ganar tiempo mientras el paisaje se degrada y la maleza devora la vergüenza ajena. Los vecinos lo repiten, pero ya sabemos que el ruido de la calle no llega a los despachos donde la impunidad se sirve en bandeja de plata.

Las vallas que cercan el solar son la voz de los vecinos.

Pero no seamos injustos, la culpa no es solo del dueño del agujero. El Ayuntamiento de Bilbao es el cooperador necesario en esta trama de «tolerancia activa». Cuando la administración regala plazos elásticos, multas de chiste y permite recursos sin ejecución subsidiaria, lo que está haciendo es privatizar el beneficio y socializar el peligro. El Ayuntamiento podría entrar allí, arreglar el desaguisado y pasarle la factura al Obispado, pero eso sería… grosero. Mantener una gestión “dialogada” con los poderosos siempre es más elegante que proteger la integridad física de los vecinos de a pie. Prioridades políticas, le llaman.

Subyace a todo esto una lógica fascinante: la de que existen ciudadanos de primera y propietarios de culto. Hay un doble rasero tan evidente que asusta. Al promotor que olvida poner una lona en su andamio le cae el peso de la ley antes de que pueda decir «licencia»; a la institución consolidada se le aplica una homeopatía administrativa que dinamita cualquier resto de confianza en la igualdad ante la ley. Es la erosión democrática servida con una sonrisa institucional.

La plataforma vecinal no pide milagros, sólo pide que se cumpla la norma, ese aburrido fetiche de la gente común. Pero la actitud municipal, alargando plazos y permitiendo que el Obispado recurra hasta el fin de los tiempos, sólo legitima la «espera activa»: el arte de no hacer nada mientras se confía en que el problema quede olvidado o convertido en paisaje. Mientras tanto, el barrio disfruta de las vistas a una ruina peligrosa, consolidando la idea de que tener un título o un peso simbólico es el mejor seguro de responsabilidad civil que el dinero (o la fe) puede comprar.

Largas y profundas zanjas de agua a 20 metros de la puerta de salida de un centro escolar, tras unas vallas que se desploman.

En la valla situada justo enfrente de centro escolar hay un agujero de unos 15/20 centímetros a través del cual se observa una de las zanjas de agua.

Si el Ayuntamiento quisiera recuperar un gramo de credibilidad -cosa harto improbable a estas alturas-, ejecutaría las obras mañana mismo y mandaría la cuenta a la sacristía. Pero no, es mejor esperar. Para el Obispado, la exigencia debería ser ética, pero ya sabemos que la ética es cara y el mantenimiento de solares abandonados, molesto. La ciudad no puede vivir de promesas de buena voluntad ni de pleitos interminables, porque la seguridad de un escolar vale más que cualquier estrategia dilatoria, aunque en Bilbao parece que cotice por debajo de los 600 euros al mes, pero sin sobrepasar los 6.000. Vaya…, los escolares están baratos en esta ciudad.

En definitiva: no queremos más simbología de cartón piedra ni disculpas de confesionario; queremos excavadoras arreglando el desastre. Que el Obispado deje de usar la ciudad como su tablero de Monopoly particular y que el Ayuntamiento deje de aplicar esa tolerancia que apesta a privilegio. Pero no se hagan ilusiones: en esta ciudad, parece que el derecho al pataleo es lo único que nos sale gratis…, por ahora y de momento.

Bomberos y empleados municipales -esto es, dinero público- arreglan los peligrosos deterioros existentes en la propiedad, privada, del Obispado ocasionados por su descuido, justo enfrente de un centro escolar.