/ Javier González de Durana /

La nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Bilbao no es, como podría parecer a primera vista, un mero instrumento técnico para ordenar el espacio público. Es, en realidad, una declaración implícita de modelo de ciudad y en ese modelo lo que se vislumbra es una preocupante renuncia a gobernar su complejidad, renunciando a una gestión equilibrada de los usos urbanos.
El texto parte de una premisa que resulta cómoda, pero profundamente equivocada: tratar como homogénea una ciudad que es, por definición, diversa, compleja. Aplicar los mismos criterios a barrios con realidades tan distintas como Otxarkoaga o el Casco Viejo no simplifica la gestión, la empobrece. Allí donde haría falta un enfoque fino, sensible a la presión hostelera, a la intensidad peatonal o al historial de conflictos vecinales, la ordenanza opta por una especie de automatismo normativo. Y los automatismos, en el espacio urbano, nunca son neutrales: tienden a favorecer al actor más expansivo. En este caso, a la hostelería.

Pero el problema va más allá de la falta de matices. La ordenanza introduce, de hecho, un cambio silencioso en la concepción del espacio público. Ya no se entiende como un bien común que debe preservarse en su funcionalidad colectiva, sino como una suma de ocupaciones privadas legalmente fragmentadas. Cada terraza puede cumplir con los requisitos establecidos, pero el resultado una vez sumadas todas las partes es otro: calles convertidas en pasillos estrechos, itinerarios interrumpidos y tramos enteros colonizados por mobiliario. No hay infracción en cada caso individual, pero sí una pérdida evidente en el conjunto. Es una nueva privatización del espacio público, ejecutada no al margen de la norma, sino a través de ella.
Las consecuencias de este enfoque se vuelven especialmente graves cuando afectan a la accesibilidad. La decisión de regularizar barras exteriores y repisas en fachada no es una cuestión menor ni anecdótica. Para muchas personas con discapacidad visual, la fachada constituye una guía esencial de orientación; su ocupación introduce obstáculos imprevisibles que comprometen la autonomía y la seguridad. No se trata, por tanto, de una incomodidad, sino de una posible vulneración del principio de accesibilidad universal. A ello se suma un efecto igualmente preocupante: el fomento del consumo de pie, que no sólo ocupa espacio, sino que amplifica el ruido de forma difusa y constante, deteriorando la calidad de vida en el entorno.

Tampoco convence la lógica con la que se abordan las dimensiones del espacio peatonal. Establecer distancias fijas puede funcionar sobre el plano, pero ignora cómo se comporta realmente la ciudad. En calles de alta afluencia, lo determinante no es la anchura teórica, sino la capacidad de absorber flujos diversos sin generar conflicto. Cuando ese equilibrio se rompe, el derecho a transitar deja de ser efectivo y se convierte en una experiencia de fricción permanente. Y, como suele ocurrir, no todos lo sufren por igual: las personas mayores, quienes se desplazan con niños o quienes tienen movilidad reducida son los primeros en verse desplazados de hecho.
Hay, además, un elemento de fondo que debería encender todas las alarmas. Al legalizar prácticas que hasta ahora carecían de cobertura normativa, el Ayuntamiento establece un precedente peligroso: ocupar primero, regular después. Este tipo de decisiones no solo debilita la autoridad de la norma, sino que introduce un incentivo perverso que premia al infractor estratégico, no a quien ha cumplido las reglas. La ordenanza, en este sentido, no corrige dinámicas problemáticas, sino que las consolida.

Todo ello se agrava ante una pregunta incómoda pero inevitable: ¿quién va a hacer cumplir esta norma? Sin un sistema de inspección eficaz, cualquier regulación queda reducida a una declaración de intenciones. La distancia entre el texto y la realidad puede volverse abismal, y la ordenanza terminaría funcionando más como un mecanismo de legitimación que como una herramienta de ordenación.
En última instancia, el debate sobre las terrazas es el debate sobre el tipo de ciudad que Bilbao quiere ser. La hostelería forma parte esencial de su identidad y de su economía, pero su expansión sin límites claros puede derivar en un monocultivo urbano que empobrece la diversidad comercial, tensiona la convivencia y reduce el espacio disponible para la vida cotidiana. Gobernar una ciudad implica equilibrar intereses, no alinearse sistemáticamente con el más fuerte.

En calles como Ledesma, Diputación, Colón de Larreátegui, Astarloa, Heros, en el Ensanche, y en gran parte de las del Casco Viejo, la percepción vecinal tiende a coincidir en un diagnóstico claro: la saturación de terrazas ha superado el umbral de convivencia razonable y la nueva ordenanza no sólo no corrige esa situación, sino que la consolida. Muchos residentes describen un deterioro progresivo del espacio público, donde el tránsito se vuelve incómodo y el descanso difícil, especialmente en horas punta y fines de semana, y sienten que sus quejas han sido sistemáticamente ignoradas frente al peso económico de la hostelería.
La sensación predominante no es tanto de rechazo a la actividad hostelera en sí, sino al desequilibrio: perciben que el Ayuntamiento ha priorizado la explotación intensiva del espacio urbano frente al derecho a vivirlo, generando frustración y una creciente desafección hacia una regulación que consideran ajena a su experiencia cotidiana. La avalancha de alegaciones de las asociaciones vecinales no es un mero trámite administrativo, sino un acto de legítima defensa.

Bilbao por fin respira paz, básicamente porque ya no queda sitio para que respiren las personas. Gracias a esta joya de la ordenanza urbanística, el derecho a caminar ha sido felizmente sustituido por el deber de rendir pleitesía a sombrillas milimétricas y sillas con pedigrí. Es el triunfo absoluto de la forma sobre el sentido común: hemos sacrificado la calle en el altar de la normativa para que, aunque no puedas ni mover los brazos, lo hagas con la tranquilidad de estar a la distancia reglamentaria de un toldo. ¡Bravo!
Artículo impecable. Imposible tocar todos los aspectos, pero los aquí tratados son más que suficientes para que quien tenga que reflexionar reflexione. Todos queremos una ciudad viva que sirva para vivir, que no sea para ir de pasada, ni de postal, ni que produce o se base en el «monocultivo».
En otros artículos ya has comentado también la importancia de ver la planificación y las nuevas normativas a largo plazo, no por las consecuencias inmediatas. Luego será irreversible.
Es importante difundir estos pensamientos que van más allá de la queja tonta o caprichosa.
Gracias
Me gustaMe gusta
Muchas gracias, Manuel. Gota a gota, comentario a comentario, queja a queja, denuncia a denuncia…, es de esperar que el Ayuntamiento atienda las quejas ciudadanas y ajuste las normativas a la realidad y no la realidad a teorías dibujadas sobre el papel en un despacho.
Me gustaMe gusta
Es tristemente impresionante comprobar cómo el espacio público de las ciudades ha sido transformado en una prolongación del mercado. Algunas calles y plazas – cada vez más- se han convertido literalmente en lugares privatizados por los negocios de hostelería.
Sigo muy de cerca tus reflexiones. Gracias Javier. Un abrazo.
Me gustaMe gusta
Muchas gracias, Santi. El poder de la hostelería, en alianza con el turismo, del cual depende tanto como lo estimula, es fortísimo dentro las administraciones municipales de cada vez mayor número de ciudades. El turismo es la principal industria del país y la hostelería, su sostén. Por tanto, si los hosteleros piden espacio público para sus negocios privados no veo que estas administraciones se lo vayan a negar. Al miedo que le tienen al sector se unen los ingresos fiscales que recogen. Un fuerte abrazo.
Me gustaMe gusta