/ Javier González de Durana /

A Javi del Vigo

En 2034, si el optimismo no resulta una forma de demencia, alguien golpeará el hormigón con una maza. Para entonces, habrá hombres jubilados que pasaron la vida entera escuchando el crujido de las juntas de dilatación, niños que crecieron a la sombra de un viaducto que no es una carretera, sino el monumento de Bilbao a la distancia que separa un mitin de una excavadora. En Rekalde no se ha soterrado la autovía A-8; se ha soterrado la esperanza, con una eficacia que la ingeniería civil envidiaría.

La Variante Sur Metropolitana, esa Supersur que se vendió como redención, es en realidad un ejercicio de prestidigitación ética y ambiental. El plan fue sencillo: mover el problema de código postal: liberar el centro del barrio para fragmentar el monte Arraiz, levantando puentes y perforando montañas en una huida hacia adelante que ignora una ley básica del urbanismo: más asfalto siempre atrae más coches. Es la perpetuación de un modelo que desprecia el transporte público para rendir culto al vehículo privado, envolviéndolo en papel de regalo logístico. La administración vinculó la dignidad de una zona residencial a la solvencia de una infraestructura que nació con una tara sistémica por ser de peaje. Circular por la Supersur cuesta dinero y los conductores, que no son tontos, prefieren la gratuidad de la A-8, esa que sigue cortando el barrio como una cicatriz abierta. Si la Variante no es competitiva, el viaducto seguirá siendo «necesario», una excusa perfecta para prolongar la agonía de Rekalde hasta el infinito o, al menos, hasta que el presupuesto aguante.

La Variante Sur Metropolitana es la gran metáfora del urbanismo vasco: una matrioshka de asfalto donde se construye un túnel para salir de un viaducto gratuito y terminar en otro túnel de pago. Un laberinto diseñado no para que los coches lleguen antes, sino para que las promesas electorales hibernen cómodamente durante dos décadas. Mientras el dinero corre bajo tierra, los vecinos de Rekalde cuentan camiones desde la ventana de su cocina, sabiendo que en esta ciudad la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, sino un plan plurianual que jamás se ejecuta.

Luego está el túnel bajo la ría, ese pozo sin fondo de cuatrocientos millones de euros que mantiene secuestrado el futuro de un barrio. Se ha decidido, con una frialdad técnica que asusta, que la salud de miles de vecinos debe esperar a que se resuelva un delirio faraónico bajo el lecho del Nervión si una geología traicionera no lo impide. Es una carambola financiera: hasta que el túnel bajo la ría no sea una realidad, el viaducto de Rekalde es intocable. Todo se justifica con la complejidad del subsuelo, con esos imprevistos que en Bilbao son siempre la norma y nunca la excepción. Es la coartada perfecta. Utilizar las rocas y la geología para blindar una decisión política que retrasa lo urgente hasta 2034 es, como poco, un sarcasmo.

Mantener el viaducto de Rekalde no es una decisión técnica; es una hemorragia presupuestaria aceptada con la resignación de quien paga una hipoteca por una casa en ruinas. Mientras la Diputación de Bizkaia anuncia inversiones de 195 millones de euros para 2026 en conservación de carreteras -un incremento que se vende como éxito administrativo-, el viaducto sigue ahí, devorando recursos en silencio. No hay una cifra pública única, aislada y honesta que nos diga cuánto cuesta cada parche en ese hormigón cansado, pero la aritmética de la demora es implacable: cada año que el viaducto permanece en pie, el mantenimiento de sus juntas, apoyos y sistemas de seguridad se detrae de un fondo común que debería estar financiando su demolición.

La realidad es que el mantenimiento actual es un «mientras tanto» de lujo. El Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial admite que la redacción del proyecto de la variante ya ha consumido 5,8 millones de euros, y que el coste de conservación y seguridad de los 1.300 kilómetros de la red foral absorbe casi la mitad del presupuesto total que en 2025 estuvo en 120 millones de euros. En ese reparto, el viaducto de Rekalde es el paciente crónico: una infraestructura crítica que exige vigilancia las 24 horas de cada día para que los camiones sigan pasando sobre las cabezas de los vecinos sin que nada se caiga. Es el coste de la inercia. Se gasta para que nada cambie, para que el gigante de asfalto sobreviva un invierno más hasta esa fecha mística de 2034, que ahora se presenta como el nuevo horizonte de una obra que lleva tres décadas de retraso.

Al final, el coste más alto no es el del cemento ni el de la pintura de señalización, sino el de la oportunidad perdida. Cada euro invertido en apuntalar el viejo trazado de la A-8 es un euro que no se usa para acelerar una nueva variante gratuita bajo el Pagasarri, un proyecto cuya complejidad técnica -túneles de más de dos kilómetros bajo cimentaciones vulnerables- se utiliza ahora como el escudo perfecto para justificar que las máquinas no empezarán a trabajar, como pronto, hasta 2028. El mantenimiento del viaducto es, en definitiva, el impuesto que Bilbao paga por su incapacidad para ejecutar lo que prometió en el siglo pasado; una factura que no deja de subir mientras los vecinos esperan que, esta vez, la fecha de caducidad del hormigón no sea otro espejismo en el presupuesto foral.