/ Javier González de Durana /

El pasado 3 de febrero el concejal del Área de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao anunció el comienzo de los trabajos de campo vinculados a la redacción del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico y Arqueológico de la ciudad. Denominada como “fase clave”, se ofrece al público envuelta en un lenguaje pulcro, tecnocrático y tranquilizador. Transparencia, actualización, puesta en valor, conocimiento exhaustivo del patrimonio. El léxico es impecable; el problema es el uso que se hace de él. Porque cuando el urbanismo institucional habla de “poner en valor”, rara vez se refiere a reforzar el uso social del patrimonio y casi siempre a convertirlo en activo.

Lo que se nos presenta como un ejercicio de responsabilidad democrática parece, más bien, la formalización de una nueva fase de gestión patrimonial orientada al mercado. No se trata tanto de proteger mejor, sino de proteger de otra manera: una manera más flexible, más negociable y, sobre todo, más rentable. El Plan no es un escudo; es un marco de oportunidad. La mención reiterada a los “edificios no protegidos individualmente” no es un detalle técnico inocente. Es el núcleo ideológico del plan. Al desplazar la protección desde el edificio concreto hacia una abstracción como la “calidad de la trama urbana”, el Ayuntamiento introduce un cambio de paradigma con consecuencias profundas.

La protección individual es incómoda: fija límites claros, impone obligaciones, dificulta operaciones agresivas. La protección por “trama”, en cambio, es interpretativa, maleable y negociable. Permite salvar la silueta general mientras se sacrifica el contenido. Es la puerta de entrada a la conservación escenográfica: fachadas como decorado, interiores como territorio libre. Este modelo no es nuevo. Es el mismo que ha permitido en múltiples ciudades europeas vaciar edificios históricos manteniendo apenas una piel estética para consumo turístico o residencial de alto nivel. Bajo este enfoque, el patrimonio deja de ser un bien cultural y pasa a ser una envolvente comercializable. El edificio ya no es un documento histórico, sino una oportunidad volumétrica. Con este reenfoque conceptual, la protección deja de ser un límite.

No es casual que el Plan subraye, con insistencia, el Ensanche. Tampoco lo es que hable de chaflanes, accesos a garajes y espacios intersticiales. El Ensanche no es solo un conjunto urbano histórico: es el principal reservorio de valor inmobiliario de Bilbao. Allí donde el suelo alcanza sus máximos, la normativa se vuelve especialmente “reflexiva”. Hablar del “tratamiento futuro” de entradas a garajes subterráneos equivale a reconocer que el subsuelo -y con él la capacidad edificatoria oculta- es parte central de la ecuación. La obsesión por el garaje no es una cuestión funcional: es un marcador de clase. Significa asumir que el centro de la ciudad debe adaptarse a los modos de vida de una minoría con alta capacidad adquisitiva, incluso cuando eso implica perforar patios, eliminar jardines o alterar estructuras históricas. El Plan parece buscar una coartada normativa para permitir que el Ensanche siga densificándose de forma invisible, hacia abajo y hacia dentro, sin que ello active alarmas patrimoniales. La protección se redefine no para frenar la transformación, sino para administrarla sin ruido. El Ensanche es un botín y el urbanismo se elabora en clave de presión inmobiliaria.

La referencia a barrios como Solokoetxe o Fika como espacios “invisibles para los especialistas” es especialmente reveladora. No describe una realidad objetiva; construye un relato elegante. Esa invisibilidad no fue accidental: fue el resultado de una política sostenida de no intervención, de dejar que el deterioro avanzara hasta convertirlo en argumento. Porque el deterioro, en urbanismo, nunca es neutral: es un capital latente. Un edificio degradado es un edificio negociable. Al incorporarlos ahora al catálogo, el Ayuntamiento se arroga el derecho de definir su valor desde cero, bajo criterios actualizados -léase: más laxos- que faciliten la “regeneración”. Pero regenerar, en este contexto, suele significar cambiar población, no mejorar condiciones. Es la clásica secuencia: abandono, diagnóstico técnico, intervención privada, expulsión. La “invisibilidad” como excusa permite que, tras el abandono, llegue la flexibilidad.

La creación de una base de datos exhaustiva sobre el estado interior de los edificios se presenta como una herramienta de gestión avanzada. Y lo es. La pregunta es: ¿para quién? Un inventario detallado de estructuras, distribuciones, patologías y posibilidades de intervención es oro puro para el mercado inmobiliario. Permite anticipar operaciones, calcular costes, identificar oportunidades de vaciado y cambio de uso. Si ese conocimiento se genera desde la administración, con recursos públicos, y acaba facilitando operaciones privadas, estamos ante un claro caso de externalización del beneficio.

La petición casi amable de colaboración vecinal -“agradecemos de antemano”- esconde una asimetría brutal: el vecino abre la puerta para documentar su vivienda; el resultado puede ser una recalificación de facto que eleve precios, presione alquileres o haga inviable su permanencia. La base de datos es una herramienta de conocimiento público, sí, pero para el beneficio privado. No es protección, sino cartografía de la expulsión. La promesa de participación ciudadana llega siempre al final, como un epílogo tranquilizador. Pero el propio texto del Ayuntamiento deja claro que no se trata de un proceso de diseño participativo. Primero se decide, luego se explica.

Las sesiones con “profesionales de reconocido prestigio” cumplen una función clave: legitimar técnicamente lo que ya es una decisión política. El ciudadano entra después, cuando el marco está cerrado, para opinar sobre detalles menores. Es una participación sin capacidad de veto, sin incidencia real, sin conflicto, como un ritual de cierre, simulacro democrático cuidadosamente coreografiado.

La paradoja final es difícil de ignorar. En una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural, donde el centro se vacía de vida cotidiana y se llena de usos terciarios, el Ayuntamiento decide invertir energía política y técnica en refinar las reglas del juego, no en cambiarlo. El Plan no parece orientado a proteger a quienes habitan la ciudad, sino a optimizar las condiciones para su transformación. El patrimonio, en este contexto, deja de ser memoria compartida para convertirse en argumento de marketing urbano, devenido en escenario. Nos piden que confiemos, que abramos las puertas, que dejemos medir y catalogar. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si esa confianza no está sirviendo para perfeccionar una maquinaria que, bajo la retórica del cuidado, está aprendiendo a vaciar la ciudad con una precisión quirúrgica. Porque una ciudad sin vecinos puede conservar sus fachadas, pero ya ha perdido su alma por haberse convertido en un producto.