Javier González de Durana

Aunque uno quiera referirse sólo a la arquitectura y sus circunstancias, resulta complicado abstraerse de los discutidos caminos que recorre el urbanismo en Bilbao durante los últimos tiempos. Son varias las ocasiones en que he abordado aquí cuestiones de tal naturaleza como fruto de decisiones extrañamente incomprensibles, cuando no directamente inaceptables más allá de cualquier atisbo de duda.

Bilbao vivió durante el cambio de milenio una etapa de cierto renacimiento urbano que consistió, básicamente, en enmendar errores anteriores -o eliminar aquellos que, sin haber sido considerados erróneos en el momento de su realización, terminaron siéndolo con el paso del tiempo- y en ganar para la ciudadanía las amplias áreas que fueron ocupadas en su día por la actividad fabril y portuaria. Eran años previos a la crisis de 2008 y posteriores al punto más bajo del colapso industrial que sufrió la industria siderometalúrgica. Durante década y media, más o menos, se disfrutó de una bonanza económica coincidente con la urgencia sentida por la ciudad de cara a reparar, ordenar, completar y planear muchos asuntos pendientes. La confluencia de recursos económicos suficientes (al menos en apariencia) y necesidades urbanísticas obvias dio lugar a éxitos que se aplaudieron, permitiendo elevar la calidad de vida de la ciudad y, consecuentemente, de los ciudadanos: el Metro, la recuperación de los márgenes de la ría y la depuración de sus aguas, nuevos viales alrededor de la ciudad, el puerto exterior… Indudablemente, la presencia de políticos y técnicos capaces y con clara visión de los objetivos a conseguir permitió alcanzar las metas anheladas. Injusto sería no recordar al ministro Josep Borrell y su idea de crear un organismo (Bilbao Ría 2000) en el que todas las administraciones públicas reunieran sus terrenos para gestionarlos como una sola propiedad en beneficio de la ciudad, en vez de gestionar cada una su suelo en exclusivo provecho propio.

Con ese capital de crédito acumulado, las autoridades posteriores, en  particular las municipales, han considerado que disponen de potestad incontestable para tomar decisiones que, al amparo del lema “como lo hecho hasta ahora, seguimos mejorando Bilbao”, han venido derivando su gestión de la ciudad hacia una especie de despotismo ilustrado con el que se proclama continuar actuando por el bien de la comunidad, pero de hecho haciéndolo sin velar siempre por lo más conveniente para sus habitantes. Por supuesto, también sin consultarles antes de la toma de unas decisiones que, a veces, buscan corregir o financiar fallidos cálculos institucionales porque, finalmente, aquello de que había recursos suficientes no debió de ser tan exacto, con independencia de que la crisis del 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria pillara por sorpresa a todos; una de dos: o no se calcularon bien las fuerzas propias o no se ha gastado el dinero público con la racionalidad debida.

Cierta finura y esmero patentes en los años 90 han devenido en actuaciones toscas y, hasta cierto punto, brutales. Los diseños urbanos medidos con generosidad y elegancia, fundados en un saludable espíritu cívico, no supeditado a la rentabilidad económica sino a la satisfacción social (que es otra forma de rentabilidad), prácticamente han desaparecido de la acción pública hoy para dar paso a un “impongo y mando, me lleve por delante lo que me lleve”, sea una plaza-rotonda, un espacio docente o un sitio histórico. El interés público de hace 25 años ha cedido ante el afán especulativo alentado desde instancias municipales. La elegancia y la espacialidad manifiestas en Abandoibarra y Amézola no están teniendo continuidad en las ásperas y abrumadoras operaciones de Garellano y Bolueta. Algunos de los técnicos en las áreas de gestión urbana siguen siendo las mismos, pero los políticos son diferentes. ¿Es culpa, por tanto, sólo de estos últimos o existen otras circunstancias que explican el cambio de rumbo?

Estas reflexiones vienen al hilo del plan para construir tres bloques de hasta trece plantas con 230 viviendas de precio libre en lo que actualmente es la rotonda del puente Euskalduna, en el lado de Deusto. Una rotonda consolidada desde hace 22 años como un adecuado espacio publico ordenador de los tráficos que confluyen en él y cuyo suelo se va a privatizar tras ponerlo en venta y construir sobre él los bloques de viviendas que inicialmente se previó fueran levantados en San Ignacio a lo largo de terrenos ganados al agua del canal con rellenos que ocuparían el espacio ribereño comprendido entre el edificio de IDOM (antiguo depósito franco) y Elorrieta. Unos bloques a los que la oposición vecinal descubrió incumplimiento de determinados trámites preceptivos, lo que les permitió pleitear, pero cuya motivación principal fue que no se alterara y redujera la espléndida lámina de agua fruto de la confluencia de ría y canal. Un paisaje industrial maltratado especialmente en esa sensible zona histórica de Elorrieta-Zorroza.

Ejemplo modélico de actuación ciudadana, la Asociación de Vecinos “El Canal” se opuso a lo que consideró un exceso y un desorden, encontrando la manera de paralizarlo mediante resolución judicial.

Sin embargo, la gestión urbanística de Zorrotzaurre contaba con los ingresos por la venta de ese suelo en aquel momento inexistente y, al verse impedida para actuar en esa ribera del canal, decidió vender otro suelo, el de la rotonda de Euskalduna, a 2 kms de distancia aguas arriba, para que se construyan los bloques de viviendas que, por su ubicación y número, permitirán obtener algunos de los ingresos que ya temblaban en las hojas de cálculo.

Evidentemente, se privatiza un espacio público. Evidentemente, sabemos bien que esos ingresos derivados por la venta de la rotonda se invertirán en adecuar y mejorar otros espacios urbanos o habilitar infraestructuras para el Zorrotzaurre futuro o en algún punto degradado de la ciudad, pero ¿no resulta paradójico que para lograr la mejora de una área urbana se tenga que deteriorar otra que ya está consolidada? ¿no se pone de manifiesto la existencia de fallos en las previsiones económicas y en las actuaciones legales y que ahora, inesperadamente, sus consecuencias las sufrirá un punto de la ciudad que nunca se previó fuera a modificarse tal y como ha sido durante más de dos décadas, de hecho, desde que el puente del ingeniero Javier Manterola entró en servicio?

Quizás ahora nos quieran hacer creer que esa rotonda se hizo con carácter «provisional» a la espera de un futuro urbanístico que ya ha llegado. Espero que no. En 1997 el Zorrotzaurre manhattaniano y la apertura del canal no estaban aún en ninguna agenda. El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, aprobado en 1995, cambió el uso industrial de Zorrotzaurre por el residencial, a la vez que dejaba a la redacción de un futuro Plan Especial la definición del diseño urbano del área. El Plan de Zaha Hadid, elaborado en 2004 y revisado en 2007, incorporó por primera vez la apertura completa del canal, dejando tal como eran y son las inmediaciones del puente.

Hace poco leí que en la actualidad los edificios se construyen con una previsión de vida media de 35 años. Si se argumentara la provisionalidad del área de desembarco del puente Euskalduna en Deusto habríamos logrado algo más llamativo que una vida de tres décadas y media para la arquitectura que se levanta hoy: rotondas urbanas que, en el centro de una ciudad, sólo sobreviven poco más de dos décadas. En este Bilbao nos adelantamos al futuro y abreviamos los plazos de lo contingente y la disfuncionalidad.

Hace meses que se conoce lo que se pretende llevar a cabo en la rotonda de Euskalduna, entonces ¿por qué aquí no se produce la oposición vecinal -al menos por el momento- que sí se levantó en San Ignacio? En este punto la presencia de esos tres bloques resultará mucho más perturbadora de lo que hubiese sido en San Ignacio. Por tanto, ¿qué sucede? ¿tienen los vecinos de Deusto una menor conciencia de barrio que los de San Ignacio? ¿son menos responsables como ciudadanía ante un mismo atropello urbanístico?

La clave de la cuestión reside en el entorno inmediato…, y en una ceguera colectiva a largo plazo. En San Ignacio hay vecinos residentes que hubiesen sido afectados directa e instantáneamente por la irrupción de esa muralla construida. En la rotonda, sin embargo, el vecindario más inmediato no queda cerca porque la primera línea de edificación está ocupada por inmuebles de talleres y almacenes, en un lado, por el Igualatorio Médico Quirúrgico, en otro lado, y por un polideportivo y un centro escolar, en el tercer costado. Ni a unos ni a otros les afecta lo que exista en el exterior -al menos eso creen- o suponen que la incidencia para ellos será menor al desenvolverse su tiempo  en ámbitos laborales. Sin embargo, la afección resultará elevada e intensa. El trafico se incrementará, debiendo fluir por un espacio circulatorio mucho más reducido y esto repercutirá en las calles aledañas y subsecuentemente en buena parte de Deusto. El acceso a la isla de Zorrotzaurre por el único puente en esa zona, el de Frank O. Gehry (tras eliminarse otro puente -¿por qué?- que estuvo inicialmente previsto como continuación de la ribera de Botica Vieja), se verá obstruido a menudo por previsibles colapsos de tráfico en un cuello de botella.

En fin, terminaré poniendo un ejemplo exagerado, pero que permite entender la situación. Si alguna vez el Ayuntamiento de Bilbao, para resolver sus problemas financieros o los de sus organismos gestores, decide vender parte del suelo del parque de Doña Casilda o del Arenal o de la plaza Elíptica, asegurando al comprador su recalificación como edificable, ¿veríamos bien que lo hiciera? Claro que no, se dirá, no es lo mismo la plaza Elíptica que la rotonda de Euskalduna, una es hermosa e histórica, la otra sólo tiene 20 años y conserva parte del aspecto suburbial que le caracterizó durante años, pero considerándolos sólo como espacios urbanos, públicos, funcionales y consolidados, ¿no es insensato que cualquiera de los dos desaparezca por la vía de su privatización?

Espero que no sean cuestiones como esta lo algunos munícipes entienden por «la ciudad como producto». Este concepto engloba un conjunto de variables que tienen que ver con la calidad de vida, la racionalidad a la hora de proyectar el espacio público y, cada vez más, con aspectos medioambientales; en modo alguno tiene que ver con vender el espacio público a trozos. Ninguna ciudad puede tener buena reputación en todo, pero el equilibrio de su modelo es lo que va a definir en un futuro cercano su fortaleza económica basada, entre otros factores, en un buen diseño urbano. Aquí no lo hay, sinceramente.