/ Javier González de Durana /

El ascensor a Begoña no es una máquina estropeada; es un bostezo de hormigón y hierro que se prolonga en el tiempo con una desvergüenza que sólo el desinterés burocrático puede sostener. Ahí está, clavado en una ladera de Bilbao, como elevador que ya no transporta cuerpos, sino que acumula el óxido de una negociación que nadie parece tener urgencia en resolver. La empresa concesionaria (Ascensores a Begoña S.A.), aferrada a la estructura con el celo de un avaro que prefiere ver morir su tesoro antes que soltarlo, juega a un desgaste que sufren el hormigón y el hierro. Se amparan en la letra pequeña, en el derecho a la nada, mientras la maquinaria se convierte en una pieza del museo de la desidia, un esqueleto que observa cómo la ciudad se moderniza a sus pies mientras él se pudre en una parálisis que tiene mucho de soberbia y nada de gestión.

Alguien maneja el tiempo con parsimonia indolente. A alguien se le llena la boca con palabras como regeneración y movilidad sostenible, pero permite que el icónico ascensor del barrio siga paralizado por un desacuerdo administrativo que huele a cobardía política. Alguien observa el deterioro con una distancia higiénica, como si la estructura fuera un problema ajeno, una herencia incómoda que se resuelve mejor con silencios y plazos que nunca terminan de concretarse en un motor que ponga el artefacto a funcionar de nuevo.

Lo que hay en el fondo de este conflicto no es un problema de ingeniería, sino una avería moral. Es el espectáculo obsceno de dos partes -una privada y otra pública- que se miran de reojo mientras el ciudadano espera en la base de la torre, mirando cómo un viaje de sesenta segundos se ha convertido en una espera de años. El ascensor de Begoña es hoy el monumento oficial a la incapacidad de pactar, una columna de aire estancado. Mientras los responsables se pierden en sus marañas, la ciudad sigue partida en dos, y el ascensor, mudo y ciego, se levanta como un insulto vertical que nos recuerda, cada día, lo poco que vale el tiempo de la gente corriente cuando choca contra el muro de la incompetencia.

La noticia reciente ha sido que el Gobierno Vasco no “recepciona” el ascensor. ¿El Gobierno Vasco y no el Ayuntamiento de Bilbao? Veamos los detalles. El hecho de que el Ayuntamiento de Bilbao no pueda tocar un solo tornillo antes de que la construcción pase por las manos del Gobierno Vasco no es una elección política, sino una herencia administrativa que se remonta a la posguerra. La razón es jurídica: el ascensor de Begoña nació bajo una concesión administrativa de 99 años otorgada en la década de 1940. En aquel entonces, las competencias sobre transportes mecánicos y «ferrocarriles» (bajo cuya legislación se englobaban estos elevadores de gran altura) dependían del Estado y, con el Estatuto de Autonomía, esa titularidad fue transferida directamente al Gobierno Vasco. Por tanto, legalmente, el dueño del «contrato» y de la infraestructura es el Ejecutivo de Vitoria, no el Ayuntamiento.

El bloqueo que hemos vivido se debe a tres nudos. El primero es el rescate de la concesión: el Gobierno Vasco es el único que tiene la potestad legal para extinguir el contrato con la empresa privada; el Ayuntamiento no puede «quedarse» con algo que no es suyo; hasta que el Gobierno Vasco no cierre legalmente ese contrato, el ascensor sigue siendo, técnicamente, un rehén de la administración autonómica. El segundo es la Ley de Transporte por Cable (2022): para solucionar este galimatías, el Parlamento Vasco tuvo que aprobar una nueva ley que establece que los ascensores urbanos deben ser de titularidad municipal; esta ley es la «pista de aterrizaje» legal para que, una vez que el Gobierno Vasco recupere el control total de la infraestructura, pueda transferírsela al Ayuntamiento. Y el tercero es la entrega «en condiciones»: el Ayuntamiento de Bilbao ha sido tajante, no aceptará el traspaso de un «cadáver» oxidado que suponga una carga económica inasumible por falta de mantenimiento; por ello, el pacto actual es que el Gobierno Vasco debe recepcionarlo de la empresa, ejecutar las obras de rehabilitación y modernización (presupuestadas en millones de euros) y, sólo entonces, entregárselo al consistorio «llave en mano».

Por tanto, el Gobierno Vasco no es que no «permita» su puesta en funcionamiento, de nuevo, por capricho, sino que se encuentra atrapado en un laberinto judicial y administrativo. Para entender este bloqueo, hay que mirar el tablero donde se juega esta partida de ajedrez oxidado.

La clave reside en una guerra de cifras y tribunales que dura ya más de una década. Cuando la empresa concesionaria decidió que el negocio ya no era rentable en 2014, el Gobierno Vasco inició el proceso de caducidad de la concesión. Sin embargo, lo que debería haber sido un trámite administrativo se convirtió en un fango legal: la empresa reclamaba indemnizaciones millonarias (llegando a pedir 1,2 millones de euros) por conceptos como el lucro cesante y los costes de desmantelamiento, mientras que la administración ofrecía cantidades inferiores.

El Gobierno Vasco ha mantenido la postura de que no puede recepcionar una infraestructura en estado de abandono sin que antes se resuelva quién debe pagar la factura de su ruina. No es sólo una cuestión de dinero, sino de responsabilidad civil: ponerlo en marcha hoy, tal como está, sería un suicidio técnico. La estructura ha sufrido desprendimientos de cristales y cascotes sobre las viviendas colindantes, y el Ejecutivo vasco se niega a asumir la titularidad -y por tanto el riesgo- de un «cadáver» arquitectónico -que, no lo olvidemos, está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos del Ayuntamiento de Bilbao con un nivel de Protección Estructural (Grado C)- hasta que la justicia dicte sentencia firme sobre el precio de la reversión. 

Recientemente, tras años de litigios, el Tribunal Supremo ha despejado el camino al dar la razón mayoritariamente a la Administración, lo que permitirá que el Gobierno Vasco tome posesión legal del ascensor para, posteriormente, traspasarlo al Ayuntamiento de Bilbao. El plan actual es que, a lo largo de 2026-27, tras una inversión millonaria para modernizar la maquinaria y asegurar la torre, el ascensor deje de ser un rehén de los juzgados y vuelva a ser, por fin, un transporte público.