/ Javier González de Durana /

Pasadas unas cuantas semanas desde que se anunció la decisión, ya sin alboroto alrededor, ahora se pueden plantear algunas reflexiones con calma. La paralización institucional del Guggenheim Urdaibai no puede leerse únicamente como un tropiezo administrativo ni como un accidente en la compleja coreografía de la gestión pública. Es, sobre todo, un síntoma de la erosión política que se produce cuando el ruido amenaza con convertirse en voto.

Bajo el eufemismo amable del “periodo de reflexión” se esconde una retirada táctica que dice más de quien la ejecuta que del propio proyecto. No se reflexiona: se repliega. No se corrige: se congela. Y en ese gesto, aparentemente prudente, se revela una subordinación inquietante del interés estratégico del territorio al pánico demoscópico. El cálculo electoral ha desplazado a la idea de país.

Lo que nació como una apuesta -discutible, sí, pero estructural- por la regeneración de Busturialdea ha terminado claudicando ante la cercanía de las urnas. No han sido la sostenibilidad ambiental ni la viabilidad económica las que han precipitado el parón; esas variables estaban presentes desde el primer minuto, como corresponde a cualquier proyecto de esta naturaleza. Lo que ha cambiado no es el contexto técnico, sino el contexto electoral. Y eso lo dice todo.

En un escenario de fragmentación del voto y de auge de discursos que capitalizan el malestar local, se ha optado por el inmovilismo preventivo. Se ha elegido el “no hacer” como forma de autoprotección, sustituyendo la pedagogía política por el silencio administrativo. La política, en lugar de ordenar el conflicto, ha decidido esconderlo en un cajón. Es la renuncia del proyecto frente a la proyección del voto.

La paralización del museo no es sólo la suspensión de una infraestructura cultural; es una quiebra de la planificación a largo plazo. Las instituciones vascas, tantas veces elogiadas por su capacidad de ejecución y su visión de Euskadi como metrópoli moderna, parecen haber caído en el cortoplacismo. Al retirar el proyecto ante las primeras movilizaciones críticas, envían un mensaje inequívoco: el diseño del territorio ya no se decide en función del interés general, sino del miedo a que una pancarta se traduzca en un escaño menos.

Pero quizá lo más grave no sea la retirada en sí, sino el vacío que deja. No hay plan B. No hay una alternativa real para Urdaibai. La comarca queda abandonada a su inercia económica para evitar el desgaste político, confirmando que sólo importaba mientras funcionaba como activo de marketing institucional y no como prioridad social.

El éxito del Guggenheim Bilbao en los años 90 no se debió solamente a la arquitectura de Gehry, sino a una clase política que estuvo dispuesta a pagar el peaje de la impopularidad inicial en favor de una transformación histórica (Ardanza, Azúa, Arregi, Bergara, Laskurain, Uribeetxebarria…). El contraste con la dirigencia actual es desolador. Mientras que los líderes de la transformación de Bilbao se enfrentaron a la crítica feroz y a las amenazas violentas para construir un futuro, los actuales gestores sacrifican el futuro para evitar la crítica. Hoy, la gestión pública vasca parece más preocupada por el algoritmo de las redes sociales y el tracking electoral que por la construcción de legados duraderos.

Este repliegue no es sólo político; también es técnico. Y aquí aparece el verdadero talón de Aquiles del proyecto: el laberinto competencial de Busturialdea. La parálisis actual nace del miedo a las urnas, pero también de un diagnóstico inicial negligente sobre la complejidad jurídica de intervenir en una Reserva de la Biosfera. Uno de los errores más flagrantes en la génesis del Guggenheim Urdaibai fue la infravaloración de la concurrencia de competencias. Busturialdea no es un solar urbano; es un ecosistema protegido donde cada metro cuadrado está sujeto a una superposición normativa asfixiante:

* La Ley de Costas (Demarcación de Costas -Gobierno de España-) impone servidumbres de protección y deslindes que chocan frontalmente con la intención de rehabilitar los antiguos astilleros de Murueta. ** El Plan Rector de Uso y Gestión (Patronato de la Reserva de la Biosfera -Gobierno Vasco-) es el corsé normativo que regula qué se puede construir y cómo; cualquier modificación de este plan es un campo de minas administrativo y medioambiental. *** La principal impulsora (Diputación Foral de Bizkaia) se halla supeditada a las normativas sectoriales superiores. **** Con sus propios planes de ordenación urbana, los ayuntamientos locales a menudo actúan en tensión con las directrices territoriales de mayor rango. ***** Al tratarse de una zona de estuario, la inundabilidad y la gestión del dominio público hidráulico (Agencia Vasca del Agua, URA) añaden otra capa de burocracia técnica.

Se vendió una idea antes de asegurar su encaje jurídico. Se proyectó en papel lo que no estaba garantizado en el BOE. Y ahora se paga el precio de esa ligereza. Porque este parón no es inocuo. El erario público ya ha asumido costes millonarios en estudios, consultorías, diseños preliminares y equipos técnicos que trabajaron sobre una base jurídica inestable. Las operaciones en torno a Murueta y Gernika generaron compromisos económicos y expectativas que, al no materializarse, pueden derivar en pérdidas patrimoniales reales. Mientras se debatía una infraestructura “estrella” hoy congelada, Busturialdea seguía esperando inversiones básicas, saneamiento efectivo del estuario y una verdadera diversificación industrial.

Resulta cínico apelar ahora a la “reflexión” cuando los millones ya han salido del bolsillo del contribuyente. El ciudadano vasco ha financiado la curva de aprendizaje -el ensayo y error- de unos gestores que no supieron anticipar ni defender la complejidad del proyecto que impulsaban.

La retirada por miedo al voto es, en el fondo, una huida para no explicar por qué se ha gastado dinero público en un proyecto que era, competencialmente, un castillo de naipes. Los votos se ganan y se pierden cada cuatro años. El dinero invertido en un proyecto mal planificado, en cambio, permanece como una deuda silenciosa: sin museo, sin desarrollo y sin regeneración.

En definitiva, debemos felicitar a nuestros gestores por haber inventado una jugada maestra de ingeniería financiera: gastar millones en informes para descubrir que el mar tiene mareas, que las leyes de protección ambiental protegen el medio ambiente y que las competencias administrativas, curiosamente, compiten entre sí. Todo un hallazgo científico pagado religiosamente por el contribuyente.

Ahora, tras haber sembrado la comarca de expectativas frustradas, se retiran a los cuarteles de invierno para «reflexionar», presumiblemente sobre cómo explicar que el proyecto no lo ha hundido la marea, sino un simple cálculo de restos en la Ley D’Hondt. No se preocupen por la factura: el dinero público, como bien sabemos, no es de nadie y la paciencia de los vecinos de Busturialdea, al parecer, tampoco tiene dueño. ¡Bravo! Han logrado el primer Guggenheim totalmente sostenible porque, al final, no va a gastar ni un vatio de luz. De paso, como en aquel relato de Joseph Conrad, quizás descubran que el Museo ya estaba allí mucho antes de que ellos imaginaran el suyo, al no haber sabido ver que el Museo es Busturialdea, sin cuentos ni pamplinas.