/ Javier González de Durana /

Existen muchos inmuebles de viviendas que no cuentan con la accesibilidad reglamentaria en sus portales. Se trata de un asunto delicado porque supone la discriminación parcial de un número considerable de personas, el 8,5% de la población, es decir, casi 4 millones de personas residentes en algo más de 3 millones de hogares. Por otra parte, en multitud de edificios históricos protegidos no se pueden plantear obras que modifiquen su construcción y aspecto. Cuando fueron diseñados, además, no se tuvo en cuenta la posibilidad de añadir un ascensor y, dado que los espacios existentes son reducidos o insuficientes, la consecuencia es que la accesibilidad desde la calle hasta sus viviendas para personas con movilidad limitada se convierte en un asunto de difícil solución. Este es el principal problema planteado a la hora de instalar un ascensor en un edificio de tales características. Ni la ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 ni la normativa autonómica contemplan los aspectos de accesibilidad. Actualmente, el límite a la hora de implementar nuevos parámetros de restauración y mejora de servicios viene dado por la declaración de Bien de Interés Cultural. 

Cada edificio posee unas características determinadas y cada proyecto de intervención debe analizar las posibilidades que ofrece para hallar la mejor solución. Los edificios que cuentan con un patrimonio histórico no deben quedar exentos de ciertos elementos de accesibilidad. Cualquier arquitectura que forme parte del pasado debe soportar tantos requisitos como una actual. Las personas y su total accesibilidad a la calle y a su vivienda son el objetivo; los edificios, todos, deben adaptarse. Ello exige estudio atento y sensibilidad humanista por parte de los profesionales que se encarguen de dichas obras.

El principal problema está en la toma de decisiones que pueden conducir a alteraciones arquitectónicas desvirtuadoras de su valor y atractivo. Para evitarlo es preciso un análisis estructural exhaustivo del inmueble, detectando las necesidades y sus soluciones más efectivas y teniendo en consideración que toda intervención en el patrimonio debe ajustarse a parámetros de respeto histórico para lograr la mayor compatibilidad entre lo ya existente y lo recién aportado. 

Bajar a cota cero un ascensor -a pie de calle- significa eliminar los escalones existentes desde la entrada del edificio hasta el ascensor, facilitando el acceso al mismo. Las barreras arquitectónicas existentes tanto en edificios públicos como privados dificultan el día a día de personas discapacitadas, ancianos o familias con carritos de bebé que demandan, como no puede ser de otra manera, una accesibilidad total. Ello implica eliminar cualquier obstáculo de nivel que exista para llegar al ascensor.

Pese a que lo más recomendable -y, al final, lo más práctico y, de hecho, lo obligatorio si es la única forma de asegurar accesibilidad- es bajar el ascensor a cota cero, existen otras opciones, como la instalación de plataformas salvaescaleras y la construcción de rampas, las cuales conllevan otro tipo de destrozos, quizás menores, pero que también modifican el estado preexistente. Esa obligatoriedad es imperativa cuando la demanda de ascensor procede de personas mayores de 70 años o con minusvalía:

“Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del Título Constitutivo o de los Estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios (…) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes” (Artículo 10.– Obras de conservación y accesibilidad, en la Ley de Propiedad Horizontal).

Las ayudas públicas incentivan estas necesarias transformaciones que no se dieron durante muchas décadas. Es natural que las comunidades de vecinos de aprovechen de ellas. Las constructoras, por su parte, deseosas de que se multipliquen estas obras se refieren a la revalorización que el inmueble tendrá gracias a ellas. En fin, lo habitual.

Accesibilidad o conservación del patrimonio artístico de los edificios, ese es el dilema que afecta a los portales más característicos de nuestras ciudades. Bien por remodelación integral de los inmuebles protegidos o bien por la mencionada accesibilidad, sus elementos decorativos se desmontan en los portales que los tienen, a veces se almacenan y, con suerte, tras un proceso de restauración, vuelven a colocarse y el interior del portal retoma algo de su antiguo aspecto. Sin embargo, lo habitual es una sustitución completa del espacio, forma, materiales y aspecto global del interior del portal, incluida las puertas que, con la excusa de estar estropeadas y ser viejas, no dan buena impresión y creen llegado el momento de sustituirlas -dicen- «por unas más actuales o más elegantes». Siendo sinceros, muy pocas veces el resultado se encuentra a la altura de lo anterior, sino por debajo, muy por debajo. Hay casos que dan ganas de llorar.

Esta doble imagen plantea un caso sencillo de resolver, pero no todos son tan fáciles.

Algunos portales, para no modificar lo existente, adoptan soluciones muebles, como esta rampa de quita y pon. No es bonito, pero sirve para conservar el diseño. Gran Vía 49 (1921), arq. Ricardo Bastida Bilbao.

Dos imágenes, mirando a derecha e izquierda, durante una intervención en el portal. En las dos imágenes situadas debajo de este párrafo se puede ver cómo era el portal antes de ser intervenido. Manzana completa entre las calles Rodríguez Arias, Iparraguirre, Doctor Achúcarro y Máximo Aguirre (1956), arqs. Pedro Antonio San Martín Moro, Jesús Fernández González, y Félix Sastre Uría.